La 89 Convención Bancaria cerró con un mensaje directo y claro: México necesita más crédito. No un poco más de crédito. Mucho más. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin rodeos frente a un sector que en este momento goza de una salud envidiable, mientras la economía actual apenas se mueve. “Necesitamos que le den todavía más al país”, señaló.
El planteamiento no es nuevo. Durante la convención pasada el mensaje fue related. En su intervención, la presidenta comparó las tasas de crédito en México con las de otros países latinoamericanos, quedando México —evidentemente— por debajo de los niveles de crédito de Colombia, Perú, Brasil y Chile. En su comparación, evidentemente, no aparecieron países por detrás de México como Argentina o Ecuador.
La razón crédito/PIB en México se ubica en 38%. En Colombia y Perú es más alta, al igual que en Brasil y Chile, quienes incluso superan el promedio regional. Estos países son estructuralmente muy distintos. El crédito a las PYMES, en el caso de México, supera el 20% del PIB y en otros países miembros de la OECD es mayor, pero no es un dato comparable porque los países definen en forma distinta a una pequeña y mediana empresa.
La presidenta tiene razón en que se debe aumentar el crédito. Esa es la razón principal de ser de los bancos. En respuesta, los bancos anunciaron un compromiso de aumentar ese porcentaje de 38% a forty five% del PIB en 2030. La meta no suena ambiciosa, pues apenas pondría al país en estándares internacionales. Sin embargo, será difícil alcanzarla en un país que no brinde certeza jurídica a proyectos de inversión y que, además, como mostró en la misma convención el economista Santiago Levy, padece de baja y decreciente productividad.
Durante 2025, la economía mexicana creció únicamente 0,8%. La inversión decreció en cada uno de los cuatro trimestres. Su contribución al PIB fue negativa en 1,5 puntos porcentuales. De hecho, el único motor de la economía mexicana el año pasado provino de Estados Unidos, las exportaciones contribuyeron a la producción en 2,7 puntos, mientras que el consumo lo hizo en 0,8 y el gasto del Gobierno en 0,1. La inversión se alejó de ese 25% considerado deseable para situarse en 22.9%, resultado de las caídas de 1,7% en la inversión privada y 15,3% en la pública.
La presidenta reconoció —sin ningún eufemismo— la necesidad de crecer, sí, de aumentar el PIB porque sin crecimiento no habrá prosperidad que repartir. Para ello, la presidenta habló sobre la iniciativa de la nueva ley para invertir que lleva por nombre: Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y con la que espera alcanzar el crecimiento anhelado.
En esa iniciativa se contempla una inversión —pública y privada— de 5,6 billones de pesos (hasta 2030) en proyectos de ocho sectores estratégicos. Claro, esos sectores estratégicos fueron determinados por el Gobierno. Del monto a invertir, 54,15% se destinará a energía; 15,63% a trenes, 13,94% a carreteras, 6,48% a puertos, a salud 6,23%, para agua 2,83%, a educación se le destinarían 0,34% y a aeropuertos únicamente 0,04%.
Ninguna duda de lo estratégico de la mayoría de esos sectores. Los proyectos energéticos son indispensables y urgentes. Ha pasado más de un año de gobierno sin que se reactive este sector que detona el crecimiento de los demás. Pero el monto destinado a los demás me parece, por lo menos, cuestionable. ¿15,63% de esos 5,6 billones a trenes? ¿Son estratégicos para el crecimiento de largo plazo del país? ¿Para el bienestar de la población? Uno pensaría que corregir de fondo el sector salud, el sector educativo, el sector hídrico, tendría mayor relevancia estratégica para una economía que desea crecer que destinar recursos a trenes cuya rentabilidad —incluyendo la social— estará en duda.
¿Resuelve la nueva ley la falta de proyectos de inversión suficientemente estructurados para atraer financiamiento? No se trata únicamente de cuánto dinero hay disponible, sino de si existen proyectos viables, rentables y con certidumbre jurídica que justifiquen el crédito.
La ley propone acelerar procesos y reducir la burocracia, pero eso no equivale a mejorar la calidad de la inversión. El énfasis en la participación privada es, en principio, acertado. Dado el limitado espacio fiscal, pensar que el Estado puede financiar por sí solo un programa de inversión de esta magnitud no sería realista. Sin embargo, atraer inversión privada requiere reglas claras, respeto a contratos y un entorno en el que el riesgo sea razonablemente predecible. Sin eso, los anuncios de inversión tienden a quedarse en promesas.
Aquí es donde la discusión sobre crédito regresa al centro. Los bancos pueden —y quieren— prestar más, pero lo harán en la medida en que existan condiciones para hacerlo. El crédito no se decreta. Responde a incentivos, a expectativas y, sobre todo, a confianza.
El crédito, por sí solo, no resolverá los problemas estructurales del país. La baja productividad, la informalidad y la debilidad institucional siguen siendo obstáculos relevantes. El problema de fondo no es únicamente la falta de financiamiento, sino la mala asignación de recursos en la economía.
La ley de infraestructura puede ayudar a ordenar una parte de esa asignación. Al definir sectores prioritarios y facilitar la inversión, podría contribuir a canalizar recursos hacia áreas con mayor potencial de impacto. Pero esto dependerá, nuevamente, de la calidad de las decisiones. No todo proyecto de infraestructura es productivo, ni todo gasto en inversión genera crecimiento.
México tiene margen para crecer. Pero ese crecimiento requiere de una estrategia coherente, de instituciones sólidas y de una ejecución cuidadosa. La nueva ley puede ser un paso en esa dirección, pero está lejos de ser una solución completa.
Porque al last, el problema no es solo cuánto crédito hay, sino qué se hace con él. Y esa es una pregunta que no se responde en una convención bancaria, ni en una iniciativa de ley, sino en la realidad cotidiana de la economía.
