La seguridad pública es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía en Brasil. Lógico, porque cuatro de cada diez brasileños, casi 70 millones de personas, ven en su barrio cómo opera el crimen organizado, según una encuesta divulgada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública este lunes. No necesitan que la prensa o los políticos les cuenten cómo trafica con drogas, exhibe sus armas, extorsiona o dicta normas a los vecinos. En ese contexto y con las elecciones de octubre en el horizonte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado este martes en Brasilia un plan para asfixiar económicamente a los grupos criminales, retomar el control de prisiones, combatir el tráfico de armas y mejorar la investigación de los homicidios. Un paquete de unos 2.250 millones de dólares para afrontar uno de los flancos en el que el electorado ve más débil a este Gobierno.
“Esto no es solo el lanzamiento de un programa, es la señal al crimen organizado de que, en poco tiempo, ya no dominarán territorios [en Brasil], serán devueltos al pueblo brasileño”, ha prometido el mandatario en tono triunfante, acompañado de ministros y del jefe de la Policía. Para los gobiernos del Partido de los Trabajadores siempre ha sido arduo diseñar una receta propia en materia de seguridad frente al discurso de mano dura, incluidas las recurrentes matanzas policiales, que la derecha defiende y una mayoría de la población aplaude.
Una de las prioridades de Lula es atacar a las bandas por el flanco de las finanzas y para eso busca la colaboración entre los 27 Estados brasileños y con Estados Unidos. Es uno de los temas que abordó la semana pasada en su visita al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El brasileño ha recordado que alguno de los criminales brasileños más buscados vive refugiado en Miami, que las mafias de su país blanquean dinero en Delaware y ha enfatizado, en línea con el Gobierno de México, que buena parte de las armas ilegales en circulación proceden de Estados Unidos. “Y esto conviene decirlo porque si no cunde la concept de que todo el mal está acá y allá no hay nada”.
En el punto de mira de las autoridades brasileñas, principalmente el PCC (el Primeiro Comando da Capital) y el Comando Vermelho (CV). Pero también las bandas integradas por antiguos policías que se han pasado al lado de los criminales (las llamadas milicias, muy asentadas en Río de Janeiro) y grupos menores con implantación regional.
El PCC es una mafia que nació en una prisión para exigir los derechos humanos más básicos; hoy tiene unos 40.000 miembros, opera en todo Brasil, en una treintena de países extranjeros y se estima que factura cada año 2.000 millones de dólares, algo menos de la inversión anunciada por el presidente. El CV, su rival histórico, suma 30.000 delincuentes. Unos y otros conforman un extenso poder paralelo al del Estado que en las últimas décadas, alimentado por el dinero del narco, ha expandido su dominio en cientos de barriadas, en la pink carcelaria e infiltrado en cada vez más sectores de la economía formal.
Frente a la imagen que asocia delincuencia y favelas, Lula ha enfatizado que los tentáculos del crimen organizado “están también en empresas, en el fútbol o en el Congreso Nacional”.
El plan gubernamental contempla, asimismo, inversiones para retomar el management de cárceles, buena parte de las cuales están gestionadas por las propias bandas. Las autoridades quieren reforzar (con drones, escáneres, detectores de metales…) la seguridad de 138 presidios para impedir que los jefes criminales encarcelados sigan manejando sus negocios ilícitos desde la celda.
También está previsto mejorar los medios de los forenses que investigan los asesinatos. U optimizar el rastreamiento de las miles de armas ilegales.
El principal adversario electoral de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado, apuesta por reducir la edad penal y por que Estados Unidos catalogue al PCC y al CV como organizaciones terroristas. El fin de semana pasado, en un mitin en Florianópolis, anunció a los criminales que si gana las elecciones más les vale abandonar el país porque “irán presos o serán neutralizados”, según prometió en uno de los Estados más seguros de Brasil. También es uno de los menos desiguales.
Más allá de los discursos, Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo tras Estados Unidos y China. Y también destaca, incluso dentro de América Latina, por la violencia de sus agentes de policía. Matar a sospechosos (o transeúntes alcanzados por balas perdidas) es cotidiano. El 14% de las 44.000 muertes violentas contabilizadas en 2024 fueron obra de uniformados.
Brasil, acostumbrado a matanzas en favelas y cárceles, registró en octubre pasado la más letal de su historia, con 121 muertos en Río de Janeiro, incluidos cuatro agentes, cuando las fuerzas de seguridad asaltaron uno de los bastiones del Comando Vermelho.
