Las quejas de los ciudadanos andaluces se han duplicado ante el Defensor del Pueblo la última década por la quiebra de sus derechos y libertades desde la Junta y los Ayuntamientos, lo que denota un descontento creciente ante el trato dispensado por las Administraciones. Las reclamaciones ciudadanas han subido hasta las 13.410 interpuestas en 2025, cuando fueron solo 6.170 en 2015, mientras que las consultas también aumentaron el año pasado hasta las 17.494, desde las 9.343 que había en 2015 (un 87% más). La suma de quejas y consultas hizo que la actividad del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se disparara hasta las 30.904 actuaciones en 2025, su récord en 43 años de historia, cuando en 2015 ambas ascendían a 15.513.
María José Jiménez, madre de dos hijos autistas en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), ha interpuesto tres quejas para lograr que la Junta les diera la atención que les corresponde por ley. “Cuando empezó la etapa escolar querían dejar de ver a Juan [con grado tres de autismo] en el centro de atención infantil, pero tiré de ley y el Defensor me dio la razón y movió papeles hasta que se arregló. Luego mi hijo debía tener de dos a tres sesiones a la semana, pero al no haber especialistas, le dieron una sola”, lamenta. Sin embargo, la pelea continúa: “Ahora estamos batallando por el transporte escolar y las monitoras”, añade.
El subidón de quejas ciudadanas, en plena precampaña de elecciones andaluzas, atrae más interés si cabe puesto que el pico se produjo el año pasado con 13.410, disparado respecto a los años precedentes: 10.414 (2024), 9.661 (2023), 8.671 (2022) y 8.934 (2021). La mitad de las reclamaciones conciernen a la Junta, que desatendió a 6.785 ciudadanos que pidieron auxilio al Defensor, mientras que 3.412 andaluces recurrieron la respuesta obtenida desde los Ayuntamientos de la región. La mayoría de esas 13.410 quejas fueron por la dependencia, que aglutinó 1.989 reclamaciones, 1.465 relativas al private del sector público, 1.344 del ámbito de la salud y 1.129 atañen a la educación, otro ámbito muy wise porque afecta a los derechos de los niños. Por comparativa, las quejas del Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, llegaron a las 38.144 el año pasado.
Maeztu, excura obrero y profesor universitario de 83 años, está en funciones desde hace dos años y ha pedido de manera reiterada a los partidos andaluces que acuerden un sustituto para dejar el cargo, tras 13 años al frente. “Su máxima es no molestar demasiado a las Administraciones y su lógica es que consigue más cosas siendo diplomático que enfrentándose. Él considera agresivo supervisar a la Administración para ver si ha infringido derechos, y cube que sus resoluciones no van a ninguna parte porque no tiene carácter vinculante, pero claro que tienen gran fuerza ethical y los políticos obedecen”, censura una persona que ha trabajado codo con codo junto a Maeztu.
Los 785 Ayuntamientos andaluces colaboran “de manera adecuada” en el 82% de los casos, porcentaje que sube en el caso de la Junta andaluza hasta el 87%, destacan sus propios datos. Esta colaboración adecuada de las Administraciones también ha crecido durante la última década, ya que en 2015 period del 74% y solo en el 26% la respuesta oficial period inadecuada, uno de cada cuatro casos. Durante su mandato, una de las líneas maestras ha sido la mediación entre los ciudadanos y las Administraciones. Este diario ha pedido una valoración a Maeztu sobre su mandato, pero ha declinado pronunciarse.
El año pasado las quejas iniciadas sobre educación experimentaron un subidón al pasar de 787 en 2021 a 1.129, un 43% más y las gestionadas subieron un 17% (de 1.112 a 1.307). En este ámbito, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional envió hace un mes un documento a sus centros directivos titulado “Directrices para la tramitación y respuesta a quejas del Defensor del Pueblo [estatal y andaluz]”. Pero el escrito también llegó al menos a los inspectores educativos de Sevilla y Córdoba, y entre otras cuestiones hacía hincapié en “la brevedad y relevancia”: “Incluir solo los hechos estrictamente necesarios para entender y valorar la actuación administrativa. Evitar cronologías exhaustivas o detalles accesorios (días exactos, horas de llamadas o detalles irrelevantes) a menos que sean determinantes para el caso”, rezaba la orden, interpretada por varios inspectores como una manera de hurtar información a los Defensores del Pueblo desde la Inspección Educativa.
Uno de los 290 inspectores andaluces, que pide anonimato por miedo a represalias, lamenta: “No me ha gustado nada la directriz, parece que quieren canalizar y limitar nuestros informes. Y el documento no tiene membrete porque saben que esto coarta nuestra independencia”. Siempre que lo requiera el Defensor del Pueblo, la Junta debe colaborar y facilitar toda la información disponible, según la ley 9/1983. La Consejería alega a través de un portavoz que solo remitió el documento a sus centros directivos y no a sus inspectores, aunque estos lo recibieran en dos provincias por el canal oficial.
La subida de las quejas vinculadas a la educación se explica en parte por los problemas de las familias para la inclusión de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, los más vulnerables del sistema de enseñanza. En Andalucía alcanzan los 180.000 menores, un 13% del alumnado, según datos de la Confederación de Ampas de Andalucía (Codapa). “Para los padres y madres es una batalla continua con la Administración, por eso acuden al Defensor del Pueblo. La detección precoz del espectro autista es mejor ahora y ha aumentado el censo, pero no los recursos. La financiación ha crecido un 18%, pero no ha aumentado en la proporción adecuada. La ley de atención a la diversidad está obsoleta y se han hecho instrucciones, pero a veces son contradictorias”, protesta Rocío Bejínez, presidenta de la federación de Ampas de Sevilla.
Las estadísticas del Defensor del Pueblo andaluz ratifican el alza de las quejas por los problemas en la educación especial, que ha pasado de 237 expedientes en 2021 a 565 en 2025. El año pasado se convirtió en el asunto con más reclamaciones dentro del área de educación y acaparó más de una cuarta parte del complete de expedientes.
