Casi tres meses después de que la Iglesia católica y el Gobierno firmasen un acuerdo para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales en la institución eclesiástica, ambas partes rubricaron ayer, junto al Defensor del Pueblo, el protocolo que permitirá su aplicación efectiva. Todo estaba listo para escenificar el acuerdo hace dos semanas, pero los obispos lo aplazaron en el último momento sin explicaciones. Desde el 15 de abril, cuando entre en vigor, un número indeterminado de víctimas cuyos casos no pueden ser juzgados penalmente (porque los delitos han prescrito o los agresores ya han fallecido) podrán verlos resueltos en seis meses como máximo. Poner en marcha un procedimiento tasado y garantista, y la asunción de responsabilidades por la Iglesia, con la evidente rectificación que ello supone, es lo más elogiable de una reparación que debería haber llegado hace años. Lamentablemente, el texto no detalla ni cifras concretas ni baremos para fijar las indemnizaciones a las víctimas.
El dolor de los miles de víctimas de la pederastia eclesial no se puede tasar en dinero. Tampoco los muchos años en los que sus denuncias fueron minimizadas cuando no directamente negadas por una jerarquía eclesiástica que se ha resistido durante años a afrontar la realidad de su mayor escándalo, incluso a pesar del unánime rechazo social que producen los hechos denunciados. La indemnización no es un easy pago, sino el símbolo de la indispensable reparación a la víctima por parte de su agresor, o de quien no hizo todo lo posible por evitar los abusos, o prefirió sepultarlos.
Una gran mayoría de los afectados vienen reclamando que debe existir una reparación del daño a través de unos baremos económicos prefijados. Otros países europeos en los que el Estado ha debido intervenir para reparar a quienes han sufrido abusos clericales han establecido esos cálculos. El propio Defensor, en su informe de 2023, recomienda que se acuerden las compensaciones conforme a un baremo. Su titular, Ángel Gabilondo, siempre ha sostenido que deben usarse para ello los estándares de otros países europeos.
Es decepcionante esta falta de claridad cuando el propio protocolo detalla varios criterios para fijar las compensaciones económicas, como la gravedad de los abusos, la edad de la víctima o su relación con su victimario. Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el arzobispo Luis Argüello, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sostuvieron ayer que no hay que establecer cantidades ni horquillas, ni fijar ninguna cifra para una reparación justa. Después de décadas de ocultación y desvalimiento, después de que haya naufragado el proceso de reparación que, muy a regañadientes, pusieron en marcha los obispos el año pasado, lo que reclaman las víctimas y con ellas la sociedad es claridad y el closing definitivo de las excusas.
Hace más de siete años, EL PAÍS comenzó una investigación que ha dado lugar a la única contabilidad en España sobre los abusos en el clero. Ese impulso, sistemáticamente ninguneado por los obispos, y la presión social desencadenaron la reacción de las instituciones, que finalmente han obligado a la Iglesia a involucrarse, y solo después de que el Vaticano dejara clara su frustración por la falta de voluntad de los obispos españoles. Dignidad, memoria, justicia y restauración de las víctimas son los cuatro principios que inspiran el protocolo firmado ayer. Confiemos en que, con sus carencias, se cumplan ya. Los mismos principios obligan a que la Iglesia española haga pública de una vez toda la documentación que tenga sobre esta lacra.
