La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido citar como testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara la semana pasada asumir las pesquisas, investigar al exjefe del Consell y pidiera devolver la causa al juzgado de Catarroja al entender ―por unanimidad de cinco magistrados― que no había indicios delictivos contra el widespread. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, Mazón solo puede ser investigado por el alto tribunal valenciano.
La negativa del TSJCV a poner el foco de las pesquisas sobre el expresident ha abierto el camino a la jueza a llamar al widespread como testigo tras 16 meses de investigación. Una condición que obligará a Mazón a decir la verdad y a contestar a todas las partes: jueza, fiscal, acusaciones populares y particulares y defensas de los dos exaltos cargos de la Generalitat investigados, la exconsejera Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la inundación, Emilio Argüeso.
La magistrada reclama al expresident que, cuando acuda al juzgado, aporte voluntariamente sus llamadas, mensajes, facturas y listados telefónicos de las comunicaciones que mantuvo el día de la catástrofe, el 29 de octubre de 2024.
En un auto notificado este martes, Ruiz Tobarra argumenta que la resolución del TSJ valenciano en la que se rechaza investigar a Mazón “excluye” la responsabilidad del widespread y destaca que el dirigente “no ostentaba posición de garante” en la gestión de la desgracia que dejó 230 muertos. Remarca que el alto tribunal no apreció indicios de delito ni una “participación activa” del expresident en el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para reportar a la población de la magnitud de la dana y que, según la instructora, se envió cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto, a las 20.11 horas. “No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que, en ningún caso, puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”, alega la jueza.
Antes de citarlo como testigo y de que el TSJ valenciano rechazara investigar al político, la instructora de Catarroja ofreció tres veces a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente como imputado. El expresident se negó.
La controversia ha acompañado a Mazón desde el día de la dana. El dirigente se fue a una comida de casi cuatro horas durante la tragedia en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. El almuerzo se desarrolló mientras ocurrían los peores episodios de la riada. Al concluir la cita, el entonces jefe del Consell acompañó a la informadora a un céntrico aparcamiento en Valencia y, después, pasó por el palau de la Generalitat, sede de su Ejecutivo, para dirigirse más tarde a las instalaciones del Cecopi en L’Eliana (Valencia), donde llegó a las 20.28, después del envío del Es Alert y de que la mayoría de los desaparecidos hubieran muerto, según la investigación. Durante un año, la Generalitat defendió la tesis de que, el día de la desgracia, el político estuvo siguiendo la crsisi desde su despacho oficial. La reciente declaración como testigos de los tres escoltas y el chófer que trabajaron esa jornada con el president desmintió esta teoría.
La magistrada ha acordado también la declaración como testigo de la que fuera portavoz del Consell durante la riada, Ruth Merino. Y solicita a los alcaldes de municipios afectados por la dana como Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent sus llamadas y mensajes de wasap del día de la inundación. La instructora pide sus comunicaciones con los miembros del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la disaster, y con autoridades como la vicepresidenta del Consell Susana Camarero.
En su batería de resoluciones, la jueza decida también citar de nuevo como testigo al subdirector common de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, el alto cargo no político de mayor rango que participó en el Cecopi. Y llama también de nuevo al juzgado a la principal investigada en la causa, la exconsejera Pradas. La instructora convoca a la exdirigente para que participe en una prueba caligráfica sobre las indicaciones sobre el Es Alert que entregó a Suárez el día de la dana.
