¿Se puede luchar judicialmente contra la violencia sexual sin conocer el alcance efectivo de esa lucha? La última Memoria de la Fiscalía Common del Estado lo dice en su introducción: “El dato de las sentencias dictadas en la anualidad es un indicativo basic del trabajo jurisdiccional en el que participa de forma directa y preceptiva esta institución”. Sin embargo, una investigación académica sostiene que dicha institución se deja por el camino al menos tres de cada cuatro sentencias en su recuento anual: en 2023, su cifra oficial suma 145 sentencias, pero un rastreo en la base de datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) realizado por tres académicos señala que ese mismo año se dictaron más de 575. “Solo podemos concluir entonces que [la Fiscalía] no sabe qué trabajo realiza, porque los datos que ofrece esta institución tienen importantes problemas de fiabilidad”, escriben los tres autores de la investigación que analiza la calidad de las estadísticas oficiales sobre la violencia sexual en España.
“Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves, ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ellos”, afirma el estudio “El misterioso caso de las cifras oficiales sobre condenas por delitos sexuales graves”, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica. El estudio es parte de una investigación financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre delincuencia sexual y el impacto de la llamada ley del solo sí es sí, aprobada por el Gobierno de coalición en 2022, en el castigo de los delitos. Y, más en normal, con el objetivo de calibrar el problema de la baja tasa de condena por violación en relación a las denuncias, la inmensa mayoría de las cuales ni siquiera llega a juicio.
A petición de este diario, un portavoz de la Fiscalía atribuye las “discrepancias” a “cierta complejidad técnica”, al hecho de que las competencias en materia de justicia estén traspasadas en 12 comunidades, y a que “los criterios de cada comunidad en la catalogación de las diferentes actuaciones de la Fiscalía” puede variar “en algunos casos”. Pero el estudio señala que el problema es tan grave que la Memoria de la Fiscalía solo recoge una de cada cuatro sentencias por violación dictadas en todo el Estado, según el estudio.
El abandono de las denuncias en el proceso, que los cálculos más fiables sitúan en torno al 80% de las violaciones denunciadas, no puede combatirse sin datos. “Obviamente, lo primero que necesitamos son los datos de sentencias y condenas, que deberían ser también los más fáciles de conseguir, pero si ni siquiera podemos fiarnos de esos datos, cómo vamos a saber nada de las agresiones que ni siquiera se denuncian a la policía o que se quedan en fiscalía”, opina Daniel Varona, catedrático de Derecho Penal, magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Girona y uno de los tres autores del estudio.
Las diferencias de los datos de 2023 se repiten de forma parecida con los de 2018, el otro año comparado al detalle. “Los datos de la Fiscalía son absolutamente ilusorios. Es imposible 50 o 60 condenas por violación al año; como magistrado suplente sé que no puede ser, porque solo en Girona tenemos ya unos datos aproximados a ese whole que la Fiscalía da para toda España. Fiscalía no se toma en serio las estadísticas, nadie se preocupa ni siquiera de comprobarlo”, señala Varona, coautor del estudio junto a Steven Kemp y Jose M. Lopez Riba, profesores ambos de la Universidad de Girona.
De hecho, el estudio recoge que ni siquiera les ha sido posible localizar al responsable que, dentro de la Secretaría Técnica, se encarga de esa estadística. “Desde la FGE no han podido localizar a nadie que pueda responder a nuestras preguntas sobre definiciones y reglas de conteo”, explica Varona.
Dos fuentes directas, ninguna fiable
En realidad, solo existen dos fuentes directas institucionales sobre los juicios que se celebran y las condenas que se dictan por violaciones en España. Una, la ya mencionada Memoria de la Fiscalía Common del Estado, que año tras año publica sus cifras, reunidas a partir de la remisión de los datos desde sus órganos territoriales. Y dos, el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y del que a su vez se nutren las estadísticas del Consejo Common del Poder Judicial (CGPJ) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Existe una tercera fuente, indirecta, y que paradójicamente es la más fiable: el repositorio de sentencias del Cendoj, que en principio recopila todas las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales de todo el Estado. Un take a look at de fiabilidad diseñado por los propios autores del estudio sobre el Cendoj alerta de que, sin embargo, fuera de dicho repositorio podría estar quedándose hasta un 30% de sentencias.
Los problemas que explican la poca fiabilidad de las dos instituciones con información directa, la Fiscalía y el RCDS, son distintos, según el estudio. En el caso de la Fiscalía, la causa principal se debe muy probablemente a la falta de diligencia: “El análisis por provincias muestra que algunos órganos territoriales no envían bien sus datos al órgano central que elabora las estadísticas”, afirman los académicos. Y algunos ejemplos son demoledores: “Según los datos de la FGE, en 2023 en Barcelona se dictaron 12 sentencias de violación o abuso sexual con acceso carnal, cuando nosotros hemos hallado 80 en el Cendoj”. En Gipuzkoa no hubo ninguna según la FGE, pero la investigación recopiló 19.
En el caso del Registro estatal, las cifras pueden estar desdibujándose por las imprecisiones a la hora de categorizar las sentencias según el tipo de delito: violaciones que en realidad no se estén contando como tales, sino que se contabilicen por error en otras categorías. “Estaríamos así ante una infrarrepresentación de la violación en los datos del Registro tal y como sugieren las diferencias tan importantes […] entre las sentencias condenatorias en el Cendoj y los datos de penas por violación en el Registro”, concluye el estudio.
