Estos días he sentido una sana envidia al ver la foto que ofrecían los medios de comunicación de la directora common de la Agencia de Salud Pública sueca, junto a un epidemiólogo sénior y el ministro del ramo, para dar cuenta a la población de la situación sanitaria del país tras diagnosticarse un primer caso de mpox (nombre oficial de la conocida como viruela del mono) en Suecia. Ofrecer información rápida y clara a la población por parte de las autoridades sanitarias, situando en el centro a la persona que representa la legitimidad del conocimiento científico y a su lado la persona responsable de la política sanitaria, es un paso esencial para gobernar adecuadamente una emergencia sanitaria.
Es algo que aprendimos en carne propia —y con dolor— durante la anterior emergencia sanitaria frente a la pandemia de la covid-19. Aquí aún recordamos las imágenes del ministro de Sanidad de entonces y a su epidemiólogo sénior, con y sin militares alrededor, haciendo lo que buenamente podían para informar y tranquilizar a la población en aquellos días aciagos de marzo de 2020. Unas comparecencias que hay que agradecer, pero que mostraban de una manera merciless las limitaciones, tanto informativas como institucionales, de nuestro sistema de salud pública. Un lamentable retraso secular de la salud pública española, como diría nuestro ilustre epidemiólogo Marcelino Pascua hace aproximadamente 100 años, y que ha sido nuevamente reconocido de manera explícita en el informe elaborado por una comisión de expertos independientes que ha evaluado el desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia.
De acuerdo con ellos, y con otras recomendaciones como las de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), el Gobierno presentó a principios de febrero en el Congreso, por segunda vez —la primera quedó sin desarrollar tras la disolución anticipada de la legislatura—, un anteproyecto de ley para crear una Agencia Estatal de Salud Pública.
Desde entonces, y han pasado seis meses, el anteproyecto duerme el sueño de los justos en la Comisión de Sanidad del Congreso. Según dijo el presidente de dicha comisión, el diputado Agustín Santos Maraver, en una reunión con representantes de SESPAS a finales de julio, la única razón que explica esta exasperante lentitud del procedimiento parlamentario es que, una vez retiradas unas primeras enmiendas a la totalidad a finales de febrero, hay un grupo parlamentario que solicita prórrogas para presentar enmiendas parciales, que no presenta, y una vez agotada vuelve a solicitar una nueva prórroga. La última finalizará el próximo 4 de septiembre.
La nueva emergencia sanitaria declarada por la OMS el pasado día 14 no es ni mucho menos comparable con la pandemia de la covid-19. En primer lugar, y sobre todo, por la propia naturaleza del virus. No hay que olvidar los determinantes biológicos: para transmitirse de una persona infectada a otra sana ha de haber contacto estrecho, no como el virus de la covid-19, que se transmitía por vía área. En segundo lugar, porque ya existen vacunas efectivas disponibles y, en tercer lugar, porque es una enfermedad leve en la mayoría de las personas sanas. Así pues, lo que justifica la nueva aplicación por parte de la OMS del Reglamento Sanitario Internacional es poner el foco en África, especialmente en la República Democrática del Congo y los países vecinos, donde la epidemia se extiende sin management dadas sus pobres infraestructuras sanitarias —tampoco hay que olvidar los determinantes sociales—, y con ello llamar al resto del mundo para que contribuya solidariamente a controlar esta nueva disaster sanitaria. La OMS aplica de manera coherente un principio cada vez más aceptado: en un mundo world la salud es world y todos hemos de contribuir a protegerla.
De hecho, el Centro Europeo para la Prevención y Management de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés), ya ha recomendado que los países actualicen sus planes de evaluación y management de esta enfermedad pues, aunque la probabilidad de transmisión en Europa es baja, es esperable la aparición de casos importados, los cuales hay que identificar rápidamente y aplicar medidas de management. El Comité de Seguridad Sanitaria europeo ha reunido este lunes a las autoridades sanitarias de los Estados miembros para compartir información y coordinar una respuesta.
En España, con este desajuste histórico que padecemos, se celebra este martes una reunión de las comunidades autónomas con el ministerio. Ahí de nuevo se echará en falta una Agencia Estatal de Salud Pública que aporte el conocimiento y la legitimidad científica a los acuerdos políticos, al igual que en la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE ha estado el ECDC. Tener o no una Agencia de Salud Pública no es una cuestión menor: es la línea que separa una autoridad sanitaria del siglo XXI de otra del siglo XIX. Así lo han entendido la mayoría de los países de la UE.
Estamos ante una anormalidad institucional que es urgente resolver, pues está en juego no el cálculo partidista, que podemos acodar como legítimo, sino la salud de los ciudadanos de todas las nacionalidades y regiones del Estado.
