El futuro de Begoña Gómez queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. El magistrado Juan Carlos Peinado acordó este sábado abrir juicio oral con jurado a la esposa del presidente del Gobierno, una decisión contra la que no cabe recurso de las defensas y de la Fiscalía, pero que puede anularse en la práctica si el tribunal superior revoca algunas de las decisiones previas del juez teacher que le permitieron dar este último paso. Además, el entorno de la pareja de Pedro Sánchez ha avanzado que presentará alegaciones contra la medida adoptada por Peinado de retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarle a comparecer dos veces al mes ante su juzgado.
El abogado de Begoña Gómez solicitó en mayo al magistrado que, antes de seguir adelante con el procedimiento para enviarla al banquillo, esperase a que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre la batería de recursos que tiene sobre la mesa. No es extraño. que los instructores esperen a conocer la decisión de la instancia superior antes de dar ese paso (por ejemplo, así lo hizo el juez Manuel García-Castellón antes de abrir juicio a la cúpula del Ministerio del Inside del Gobierno de Mariano Rajoy por el caso Kitchen). “La estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas”, advertía el letrado de la esposa de Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho. Pero Peinado no le ha hecho ningún caso.
La Audiencia de Madrid tiene pendiente pronunciarse sobre los recursos presentados contra, entre otras, las decisiones de Peinado de procesar a Begoña Gómez y de que un jurado standard enjuicie el caso. No solo las defensas presentaron alegaciones contra esas iniciativas, sino también la Fiscalía, que ha denunciado continuos excesos del juez y le ha reclamado de forma insistente que archive la causa —que también ha supuesto la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés y de Cristina Álvarez, la asesora en La Moncloa de la pareja de Sánchez—.
De hecho, el tribunal provincial ya le anuló a Peinado en febrero de este 2026 la primera resolución que emitió para transformar la causa en un proceso con jurado popular. La Audiencia de Madrid le reprochó que ese dictamen evidenciaba una “falta de fundamentación”, y le dijo que ni siquiera había hecho “un mínimo esfuerzo argumentativo”. Sin embargo, en marzo, el teacher volvió a dar ese paso, que fue recurrido de nuevo y que está pendiente de resolverse.
Desde que comenzase la causa contra Begoña Gómez en abril de 2024, la Audiencia de Madrid ha avalado a Peinado para seguir adelante con la línea principal de sus pesquisas, aunque ha restringido los intentos de extender sus indagaciones y le ha tirado abajo importantes decisiones. Por ejemplo, el tribunal le prohibió continuar con sus iniciativas para investigar el rescate de la aerolínea Air Europa y la relación profesional de la esposa del presidente con el Instituto de Empresa (IE). Le ha anulado varias imputaciones: como las de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); de Juan José Güemes, alto cargo de IE y consejero autonómico durante los Gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre; y de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
La Audiencia revocó igualmente la intención de Peinado de abrir un segundo juicio contra Begoña Gómez por malversación; y le tumbó el registro que ordenó en la casa y compañías del empresario Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital por una enfermedad grave. El tribunal le dijo al teacher había vulnerado sus derechos fundamentales y que había adoptado esa medida sin que existiese una “urgencia” para ello: “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio”, le censuró.
