La Audiencia Nacional ha planteado este martes una reforma del tribunal para ampliar sus competencias con el objetivo de luchar con más “eficacia” contra el narcotráfico transnacional, a la vez que ha solicitado tener la capacidad de investigar y enjuiciar delitos de tráfico ilícito de bienes culturales y blanqueo de capitales con impacto internacional. La demanda se ha realizado a través de un acuerdo de la Sala de Gobierno a iniciativa del presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, y con propuestas incorporadas de las Fiscalías de la Audiencia Nacional y Antidroga.
Se trata de una propuesta de reflexión y actualización de sus competencias con el fin de reforzar su capacidad de respuesta frente a las nuevas formas de criminalidad, ha indicado. La Audiencia pide que se le permita investigar sin el requisito de la multiprovincialidad –esto es, que los delitos se produzcan en diferentes provincias– causas de tráfico de drogas, siempre y cuando concurran circunstancias de gravedad o complejidad.
El árbitro
La Sala de Gobierno elevará el documento al Consejo Normal del Poder Judicial para que estudie la conveniencia de reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
La Sala de Gobierno se alinea, de esta forma, con una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos años por la Fiscalía, que venía alertando de que los juzgados provinciales no siempre tienen medios para asumir casos de especial dificultad o gravedad. Además, la Audiencia Nacional propone incluir entre sus competencias la investigación y enjuiciamiento del blanqueo de capitales, tráfico ilícito de bienes culturales y trata de seres humanos en todas sus formas de explotación cuando estos delitos sean cometidos por organizaciones criminales transnacionales o tengan una dimensión internacional.
En el caso de la trata, el tribunal sugiere que se le atribuya la competencia en los casos en los que las redes criminales operen en un ámbito territorial que exceda el de una comunidad autónoma. Asimismo, la Audiencia plantea asumir también los delitos de ciberseguridad que pongan en peligro la seguridad de infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras.
La Sala de Gobierno elevará el documento al Consejo Normal del Poder Judicial (CGPJ) para que estudie la conveniencia de reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y permitir, de esta forma, la ampliación de sus competencias.
