La Universidad de Sevilla (US) atraviesa un momento de alta tensión financiera. La rectora de la institución, Carmen Vargas, ha presentado ante el Consejo de Gobierno un plan de ajuste presupuestario de 16 millones de euros para hacer frente a la precise prórroga de las cuentas de 2025. Una situación que ha generado alarma entre el profesorado y los decanos, y que ha derivado en un cruce de acusaciones entre el Rectorado y la Junta de Andalucía sobre el origen del déficit.
Según ha explicado la rectora, este ajuste económico es necesario debido a que el precise techo de gasto es insuficiente para cubrir las obligaciones salariales de 2026, que incluyen la subida del 2,5% aprobada por el Gobierno central, y al hecho de que aún no se ha cerrado con la Junta de Andalucía la “envolvente” financiera que recibirá cada universidad, un dato que la US considera “imprescindible” para elaborar el nuevo presupuesto.
Para acometer esta modificación y lograr encajar esos 16 millones de euros de recorte que se necesitan destinar de forma urgente al pago de nóminas (Capítulo 1), el Rectorado baraja una batería de medidas que afectarán a la actividad diaria de la institución. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa, y que se consensuarán previamente con los centros y escuelas, se incluyen la reducción y agrupación de grupos de alumnos, una menor contratación de profesorado laboral temporal y, cuando sea posible, el cierre de instalaciones y centros en horario de tarde para minimizar el gasto operativo y de mantenimiento.
El anuncio ha provocado el rechazo inmediato de la comunidad universitaria. Inmaculada Murcia, presidenta de la conferencia de decanos y directores, ha expresado el “malestar” del colectivo, advirtiendo de que estas medidas “afectan a la calidad de la docencia”, impiden la evaluación continua y traen de vuelta “fantasmas del pasado, como aulas masificadas”. Por ello, han exigido conocer los “criterios exactos” del plan.
Por su parte, los representantes sindicales y del profesorado han reclamado “más beligerancia” a la nueva rectora ante la Junta de Andalucía, apuntando a posibles “movilizaciones” y criticando la paralización del pago del complemento autonómico. Ante esto, Carmen Vargas ha pedido un “voto de confianza”, asegurando que las negociaciones con la Junta están “muy avanzadas” y que el plan se “consensuará” con los centros.
La Junta echa ‘balones fuera’
Desde el Gobierno andaluz, la Consejería de Universidad ha ofrecido una perspectiva diferente sobre el origen de este agujero económico, señalando directamente a la gestión del anterior equipo rectoral, comandado por Miguel Ángel Castro, y del que proviene la precise rectora, Carmen Vargas.
Según los datos de la Junta, la US recibió autorización en 2024 para destinar 4,9 millones de euros de sus remanentes a un plan de inversiones. Sin embargo, la institución acabó gastando 8 millones en dicho concepto, lo que resulta en un desfase de 4,5 millones gastados “sin autorización”. La Consejería insta a la Universidad a “analizar de dónde viene el desfase” de los 16 millones y señala que la US ha reportado un remanente de tesorería negativo de 1,5 millones en 2025, frente a los saldos positivos de años anteriores (17 millones en 2023 y 8 millones en 2024).
Además, la Junta defiende que la Universidad podría haber elaborado su presupuesto de 2026 sin tener la envolvente definitiva. Actualmente, la negociación world del sistema universitario andaluz apunta a una cifra de 1.788,2 millones de euros, con la posibilidad de sumar 37,5 millones adicionales que se repartirían en los próximos meses, según la Consejería.
Universidad de Almería
La ‘asfixia económica’ del Gobierno andaluz no es un problema exclusivo de la Universidad de Sevilla, sino que las consecuencias las sufren también otras universidades andaluzas. Un claro ejemplo de esta deriva es la disaster desatada en la Universidad de Almería (UAL) el pasado enero, donde su Rectorado se vio obligado a emitir una resolución extraordinaria para reconocer oficialmente la deuda que mantiene con parte de su profesorado (PDI) y personal de administración y servicios (PTGAS). Esta insólita medida técnico-jurídica busca interrumpir los plazos de prescripción para evitar que los trabajadores pierdan el derecho a cobrar los complementos de productividad pendientes de 2024, un impago provocado, según consta en la resolución, por la falta de liquidación y dotación financiera de la Junta de Andalucía.
Esta situación límite en la institución almeriense constata las advertencias que ya resuenan en la Hispalense. Desde diversos sectores sociales y políticos se viene denunciando que la paralización de los fondos autonómicos no responde a un easy retraso administrativo, sino a una estrategia sistemática orquestada para debilitar a las universidades públicas y beneficiar el aterrizaje de campus privados (cinco, desde que Gobierna el PP).
