El grupo parlamentario de Junts votará a favor de la enmienda del Partido Standard que endurece los requisitos en la regularización masiva de migrantes vía decreto que pactó el Gobierno central con Podemos hace unas semanas, una iniciativa que no debe pasar ningún tipo de management legislativo en las Cortes Generales. No obstante, el PP se ha servido de la ley contra la multirreincidencia que impulsó Junts para limitar el alcance de dicha regularización.
Se trata de un nuevo punto que el PP introdujo en el trámite del Senado –donde tiene mayoría absoluta– de esa ley, que vuelve este jueves al pleno del Congreso con los cambios que se validaron en la Cámara Alta. En esa votación, según avanzó el diario Ara y confirmó La Vanguardia, los posconvergentes respaldarán la iniciativa de los populares que modifica la ley de Extranjería para que los migrantes solicitantes de papeles tengan que acreditar que no tienen antecedentes penales en España y en los países donde han residido previamente. De ese modo, ya no bastará con una declaración responsable en caso de no poder obtener esa documentación y será preciso presentar un documento oficial que acredite que no hay antecedentes.
La semana pasada, en el Senado, tanto Junts como Vox votaron a favor de la enmienda del PP, y en el pleno de la Cámara Baja se espera que se repita esa mayoría, suficiente para que prospere. Así pues, habrá más controles para los migrantes que soliciten el permiso de residencia y de trabajo. De hecho, en una moción sin efectos jurídicos que se votó la semana pasada durante el pleno del Congreso, esos tres grupos instaron al Ejecutivo central a frenar la regularización masiva de migrantes.
La ley que impulsó Junts para luchar contra la multirreincidencia salió adelante en la primera votación del Congreso con el apoyo tanto del PP como del PSOE, además del de Vox y PNV. Un bloque inusual. Ese texto penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y tiene en cuenta los antecedentes y el hecho de reincidir en determinados delitos para fijar las condenas.
Con los cambios que quiere añadir el PP, se exigirá un informe policial completo de antecedentes para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia. Además, se aprobó otro cambio que obliga, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma.
También se incorporó en el Senado un nuevo punto de la ley, por parte del PSOE, que penaliza el pinchazo de la luz en las plantaciones de marihuana en inside, con penas de prisión de seis a 18 meses o multas de 12 a 24 meses.
La dirigente del PP Cuca Gamarra aseguró ayer, antes de trascender el voto de los de Carles Puigdemont, que confiaba en su apoyo para tratar de limitar la regulación masiva de migrantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Con todo, Gamarra desveló que temen que el PSOE busque recurrir al “filibusterismo” parlamentario o a “alguna artimaña” para impedirlo. “Ya sabemos que el Gobierno y el PSOE no están de acuerdo y que lo que plantean son procesos de regularización de migrantes sin ningún tipo de management desde el punto de vista de la seguridad. Pero si hay una mayoría parlamentaria que está en otra posición, debe respetarla e incorporarse a la ley”, opinó Gamarra en declaraciones a Europa Press.
La ley para traspasar las competencias de inmigración a la Generalitat
Con el decreto que anunció el Gobierno para la regularización de medio millón de migrantes parecía que se abría una oportunidad de retomar la ley que pactaron PSOE y Junts para traspasar a la Generalitat las competencias de inmigración, una norma que tumbó Podemos el pasado mes de septiembre. En los días posteriores al anuncio del Ejecutivo central, la formación morada abrió la puerta y puso como requisito modificar aquella ley, pero desde JxCat han señalado que solo están dispuestos a retocar, si fuere preciso, el preámbulo, esto es, la parte de la norma que carece de efectos jurídicos.
El secretario normal de Junts, Jordi Turull, remarcó justo la semana pasada que en ningún caso están dispuestos a modificar el articulado después de que lo volviera a solicitar la eurodiputada Irene Montero hace unos días.
Los posconvergentes argumentan que se trata de un redactado meramente técnico que delega las competencias de inmigración en la administración catalana. Sin más.
