Isabel Rodríguez: “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público” | Vivienda | Economía

En sus dos años y medio, más de media legislatura, al frente del Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Actual, 44 años) cube que su mayor espina clavada es la dificultad de traducir en acuerdos parlamentarios “lo que forma parte del consenso social, económico, académico y de las soluciones al problema de la vivienda”. La ministra pone énfasis durante toda la entrevista en palabras como “consenso”, “pacto” o “acuerdo”, aunque no rehúye alusiones a algunas comunidades autónomas con las que su departamento ha chocado. Atiende a EL PAÍS un día después de aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pone el foco en el blindaje a perpetuidad de las casas protegidas, y un día antes de visitar Andalucía en plena precampaña electoral.

Pregunta. ¿Por qué siguen subiendo los precios de la vivienda en España?

Respuesta. Estamos ante una disaster muy compleja. Todas las disaster de vivienda lo son. Esta, sin duda, está muy marcada por una alta demanda de vivienda y por una complejidad a la hora de facilitar y de ampliar la oferta. Y sin duda el nuevo plan estatal va a combatir estas circunstancias. Es un plan muy determinado con dos objetivos básicos: el de garantizar un parque público de vivienda que combata la voracidad del mercado libre y el de evitar la especulación en torno a un bien básico y un derecho como es la vivienda.

R. Pero los efectos del plan tardarán en verse. ¿Qué mensaje lanza a quienes tienen problemas de vivienda ahora?

R. No estamos actuando solo en un frente, que sin duda no solucionaría el problema. Igual que estamos trabajando en medidas estructurales que van a cambiar el marco de nuestro país, especialmente en la conformación de un parque público de vivienda, estamos actuando en la inmediatez y en la urgencia. Para esas personas a las que les preocupa su situación precise, este gobierno ha impulsado planes y cambios trascendentales, como la normativa que viene en la ley de vivienda para poder congelar el precio del alquiler en toda España. La anomalía es que, ante un problema de esta dimensión, los gobernantes del Partido Common, que podrían estar congelando los alquileres, están mirando para otro lado cuando no ahondando en el problema, llamando a los inversores y a los fondos buitres a seguir invirtiendo en el mercado inmobiliario.

P. Usted ha afirmado que ni un euro público del plan alimentará vivienda que pueda privatizarse. ¿Cómo se garantiza eso?

R. El compromiso de este Gobierno queda plasmado en este plan. No se puede invertir ni un solo euro del mismo, ni destinar ni un solo suelo público, para otro fin que no sea el de la construcción de vivienda pública para siempre. Y además, la actualidad nos ha llevado a tener que preservar con una cláusula antifraude algo que pensábamos que ya no podría producirse: todavía existen Administraciones públicas que juegan con la vivienda protegida y que con un sistema corrupto apuestan por el reparto de esta vivienda no entre la gente que la necesita, sino entre los de siempre.

P. ¿Que el plan requiera de acuerdos bilaterales con las comunidades es suficiente blindaje ante un eventual cambio en el Gobierno?

R. El blindaje de la vivienda pública protegida para siempre es inexcusable. No cabe salirse de ese acuerdo.

P. Pero el Constitucional avala que las comunidades puedan hacer con recursos propios VPO descalificable. ¿Qué cube a quienes defienden ese modelo?

R. Fíjense qué curioso que quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Les estamos ganando. Hay un consenso social en torno a que en este país no puede caber la especulación en torno a la vivienda. Es decir, ya hemos ganado. Con este plan, en la práctica vamos a impedir que se puedan producir esas descalificaciones. También los votantes del Partido Common creen que la vivienda no debe servir ni a la especulación ni al pelotazo.

P. ¿Está garantizada la financiación del plan aunque no haya presupuestos?

R. El mismo día en que lo aprobamos en el Consejo de Ministros, hemos aprobado una autorización de gasto para las próximas anualidades hasta 2030. Por tanto, la financiación de este plan está garantizada. Y les diré más: las comunidades autónomas van a poder desplegarlo completamente en el segundo semestre. Aquellas que de manera rápida firmen con el Ministerio de Vivienda van a poder estar gastando estos recursos en el segundo semestre de este año. No caben excusas. Si necesitan recursos, los tienen.

P. ¿Qué significa firmar de manera rápida?

R. Hemos articulado el mecanismo mediante el cual podremos hacer directamente la transferencia de crédito de la Administración Basic del Estado a las comunidades autónomas en julio.

P. En cualquier caso, debería ser después de una conferencia sectorial.

R. Sí, la conferencia sectorial será previsiblemente en mayo para evitar que el contexto electoral [en Andalucía] impida lo que es bueno para los españoles en todas las comunidades.

P. ¿Qué pasa si una comunidad rechaza participar en el plan?

R. Me cuesta entender que eso vaya a suceder. Es un plan que triplica los recursos que veníamos aplicando, que implica pasar en Madrid de apenas 300 millones de euros a más de 1.100. Si hay alguna comunidad que se plantea torpedear, primero tendrá que explicarlo.

P. Cita a Madrid, que ha calificado el plan como intervencionista y ha sacado una iniciativa propia para construir vivienda protegida.

R. Que Madrid haga su propio plan me parece bien. Forma parte de su autonomía política, de su autonomía fiscal y de su autonomía financiera. Ahora, espero que mejoren el Plan Vive [programa público de alquiler] de viviendas que se caen a trozos, que están llenas de goteras o con precios inasumibles para la mayoría. Ese no es mi modelo. Y sobre la excusa del intervencionismo, lo que queremos es evitar que lo que ya hemos visto en Madrid vuelva a ocurrir: evitar que el esfuerzo de todos termine en manos de fondos buitre forma parte del consenso también de los madrileños y las madrileñas, que todavía están sometidos a procesos de desahucios de aquellas ventas de [la exalcaldesa] Ana Botella a fondos buitre.

P. ¿Qué le parece el plan del Ayuntamiento de Madrid para densificar nuevos desarrollos urbanos? ¿Cabe la posibilidad de que afecte a la Operación Campamento?

R. El proyecto de Campamento ya está muy avanzado y en estos momentos no caben modificaciones sobre las fases 1 y 2. En futuras fases habrá que evaluar si densificar es suitable con mantener la calidad de vida de los vecinos y vecinas, que es algo que debemos tener presente todas las administraciones cuando hacemos estos planteamientos.

P. Se han cumplido tres años desde la aprobación de la Ley de Vivienda. Depende de a quién se escuche parece que funciona muy bien o todo lo contrario…

R. Incluso se da la paradoja de que hay quien no aplica la ley y critica que los efectos y los problemas que tiene en su territorio son consecuencia de la ley. Hay sistemas públicos que están analizando los efectos en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco… Claramente nos hablan de una contención de precios indiscutible. Hemos parado la sangría. ¿Han dejado de subir los alquileres? ¿Soluciona el problema? En absoluto, tenemos que seguir dando pasos. Ahí contamos con datos públicos. ¿Qué ocurre con el registro de fianzas en la Comunidad de Madrid?

P. ¿La nueva obligación para las comunidades de compartir más información sobre el mercado busca combatir los datos de los portales?

R. Cuando hablamos de vivienda, lamentablemente todavía seguimos hablando de mercado. Y eso implica que la gestión de los datos puede beneficiar o no a distintos intereses económicos. Yo a quien quiero que beneficien es a la ciudadanía, no al inversor, no al portal, no al especulador.

P. Los críticos con la ley hablan de una reducción de la oferta, con fugas hacia el alquiler turístico, de temporada y de habitaciones.

R. Y ese análisis está hecho. Efectivamente, cuando al libre mercado y a la voracidad de los especuladores se les pone coto, intentan buscar agujeros. Y hay que tapar todos. Nuestra ambición es seguir regulando y sacar adelante acuerdos importantes, como esa ponencia de la Ley de Alojamientos de Temporada que está en el Congreso de los Diputados e incluso en la agenda de la Comisión Europea.

P. ¿Se plantea el Ministerio una intervención más directa en el alquiler turístico y de temporada?

R. No vamos a parar hasta que logremos gobernar esto en beneficio de la ciudadanía. Vamos a llegar hasta donde nos permitan las mayorías parlamentarias, y me gustaría que el Congreso de los Diputados atendiera los consensos sociales. Que hay que limitar el precio del alquiler y hay que perseguir los alojamientos turísticos ilegales, incluso prohibirlos en las ciudades, forma parte del consenso del 80% o del 90% de la sociedad española.

P. El registro de pisos turísticos ha sido contestado por algunas comunidades y está pendiente de un pronunciamiento judicial. ¿Confía en que se seguirá aplicando?

R. Se está aplicando y ha sido muy positivo. El hecho de haber alumbrado una irregularidad de 100.000 pisos turísticos da cuenta de que ha sido un instrumento útil para intervenir y mejorar el acceso a la vivienda. Lo que es una anomalía es que allí donde se pone en evidencia, como en Andalucía, que se ha producido una ilegalidad de hasta 20.000 viviendas irregulares, en lugar de perseguir esa irregularidad, lo que se hace es ir contra la norma.

P. ¿Por qué su ministerio se ha quedado en un segundo plano en la negociación del decreto de prórroga de alquileres?

R. Creo que aquí lo relevante es seguir avanzando. Cada uno respondemos de nuestros actos, y yo respondo de los del Gobierno en su conjunto. Después, los grupos políticos y parlamentarios también tienen que jugar su rol, su papel.

P. ¿El grupo socialista está negociando para la convalidación del decreto con apoyo de su ministerio?

R. Siempre, todos los decretos. No queremos perder ni uno. Y más este que ya está en vigor.

P. Pero ustedes, a priori, no parecían muy convencidos con la prórroga e incluso expresaron dudas jurídicas.

R. Fue muy previo a esta circunstancia [de la guerra de Irán] y tenía que ver con la doctrina que se ha ido adoptando en torno a cuándo se adoptan decisiones extraordinarias. Hay que ajustar mucho el contexto en el que se da esta respuesta y es lo que se ha hecho con este decreto.

P. Si el decreto cae como es previsible, ¿quedarán desprotegidos los inquilinos?

R. Yo espero que no suceda. Espero que, incluso en caso de suceder, los tribunales se posicionen del lado del derecho a la vivienda y de la función social de la vivienda. Y, en cualquier caso, creo que la dimensión del problema exige que no bajemos los brazos. Yo no los voy a bajar como ministra.

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