“Enfrentarnos a las ambiciones de un vecino más grande y poderoso sobre nuestro territorio no solo ha amenazado nuestra paz y seguridad, sino que también ha frenado nuestro desarrollo”, manifestó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, a los jueces en el Gran Salón de la Justicia de La Haya, durante la audiencia por la propiedad de la región de Esequibo, disputada con su vecino Venezuela desde el siglo XIX.
El conflicto gira en torno a un territorio fronterizo de 160.000 kilómetros cuadrados alrededor del selvático río Esequibo, donde se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y fuel.
Guyana, con una superficie de poco más de 210.000 kilómetros cuadrados, mostró su preocupación porque el 70% de su territorio está en juego en la disputa con Venezuela. “Este caso tiene una importancia existencial para Guyana”, señaló el ministro Todd.
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Las audiencias, que durarán una semana, continuarán el miércoles con las declaraciones iniciales de Venezuela, que el sábado confirmó su participación para “mostrar ante el mundo la verdad”, tras dejar claro que no acataría ningún fallo.
El canciller venezolano y líder del equipo, Yván Gil, adelantó este lunes en redes sociales que la delegación se centrará en “reafirmar la ilegalidad” del proceso en el tribunal.
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Disputa fronteriza histórica
Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio rico en minerales y yacimientos, comenzaron al remaining del siglo XIX.
Venezuela considera la región como parte de su territorio desde la época colonial española, cuando esta se encontraba dentro de sus fronteras. La situación cambió en 1899 con un fallo arbitral de Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, quienes trazaron la frontera a lo largo del río Esequibo, favoreciendo en gran medida a Guyana, entonces colonia británica.
Estados Unidos representó a Venezuela, en parte porque Caracas había roto relaciones diplomáticas con Londres.
Pero Venezuela declaró nulo el fallo en 1962 y, cuatro años más tarde, firmó el Acuerdo de Ginebra con el Reino Unido, a través del cual Venezuela y Guyana se comprometían a buscar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.
El gobierno venezolano ha invocado en la actualidad ese pacto como la “única solución posible”. “Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe, con el objeto de poner fin a la controversia territorial”, señaló en un comunicado el canciller, Yván Gil, antes de manifestar que su Gobierno “jamás” renunciará al Esequibo.
Las tensiones entre los dos países suramericanos se agravaron cuando ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana, de 800.000 habitantes, una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.
Guyana solicitó en 2018 el pronunciamiento de los jueces de la CIJ, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, a quienes pidió que ratificaran la decisión fronteriza de 1899.
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Venezuela desconoce la CIJ
Las dos naciones han recurrido a la Corte en múltiples ocasiones, aunque Venezuela impugnó la jurisdicción de la CIJ al considerar que no podía juzgar el caso sin la presencia del Reino Unido, que period la potencia colonial de Guyana en el momento de la decisión authentic sobre la frontera.
En 2020, la Corte dictaminó que tenía potestad para llevar el caso, un pronunciamiento que ha hecho posibles las audiencias de esta semana.
Pero, en un referendo celebrado en 2023, los votantes venezolanos rechazaron la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana y respaldaron la creación de un nuevo estado en la región de Esequibo, que Venezuela estableció un año después.
En medio del litigio, el tribunal ordenó a Venezuela que se abstuviera de celebrar elecciones en 2025 para elegir a los funcionarios que supuestamente supervisarían la región. Caracas llevó adelante los comicios en un par de parroquias fronterizas, sin la participación de ningún esequibano ni instalación de centros de votación en territorio guyanés.
En el preámbulo de las audiencias, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lució un pin con la forma de la región de Esequibo durante sus recientes visitas de Estado a las islas caribeñas de Granada y Barbados.
El accesorio se popularizó entre funcionarios del gobierno venezolano, presentadores de la televisión estatal, legisladores y simpatizantes del chavismo.
El fallo definitivo del caso tardará varios meses en conocerse. Las sentencias de la CIJ son vinculantes e inapelables en teoría, pero el tribunal no tiene forma de hacerlas cumplir directamente, sino que depende del Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano con grandes dificultades para llegar a un consenso debido al peso del veto de sus cinco miembros permanentes.
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Con EFE, Reuters y AP
