El endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea ha dado un paso más con la aprobación en el Parlamento de Bruselas de un reglamento de retorno que abre la puerta a la deportación a terceros países ajenos a la Unión de extranjeros que hayan visto rechazada su solicitud de ingreso. 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones pusieron a la ultraderecha en pie para aplaudir su éxito, a saber, la consolidación de una tendencia que les viene reportando beneficios electorales y a la que han arrastrado a los conservadores tradicionales. En la otra esquina, las izquierdas, liberales y verdes recordaron que lo aprobado puede violar derechos fundamentales y que, en cualquier caso, contradice los valores de la propia Unión.
Los centros de deportación —hubs de retorno, según el cínico eufemismo oficial— tienen su inspiración en los abiertos por Italia en Albania pese a la oposición sistemática de la propia justicia italiana. El reglamento recién aprobado en la Eurocámara se suma al ya duro Pacto Europeo de Migración y Asilo —que entra en vigor a mediados de junio— y contempla la expulsión a países con los que los inmigrantes pueden no tener vínculo alguno incluso de familias con menores de edad. Además, la necesidad de recibir tratamiento médico o la existencia de vínculos familiares en la UE se han eliminado como motivos para aplazar una deportación forzosa. Solo quedan exentos los menores no acompañados.
En un momento de convulsión en el que Europa está llamada a defender sus principios humanistas, es la extrema derecha la que está llevando el timón. No en vano, el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, celebró la votación como “un exitoso primer paso para la reemigración tan reclamada”, utilizando sin pudor el término acuñado por el partido extremely alemán AfD, al que los conservadores germanos someten al famoso cordón sanitario en Berlín pero no en Bruselas, donde siguieron la disciplina dictada al Partido Common Europeo por su líder, el bávaro Manfred Weber. Con votaciones y celebraciones como la del jueves, Europa no solo torpedea sus principios sino también el futuro de su economía. Cada estudio económico y demográfico que se publica sobre la materia insiste en la necesidad del viejo continente de recibir población extranjera para mantener su sistema productivo y su bienestar social.
La reciente proyección a 50 años publicada por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, dependiente del Gobierno español, dibuja un escenario de colegios cerrados por falta de niños, abandono de los campos de cultivo por falta de mano de obra, el efecto sobre la hostelería y una reducción de 63.000 especialistas médicos para atender a un número creciente de ciudadanos en la tercera edad. A este escenario se podría llegar en 2075 sin necesidad de cerrar las fronteras a los extranjeros, tan solo con la reducción de los flujos migratorios en un 30%. Mientras, se suceden los discursos que contradicen no solo la realidad económica sino la migratoria: en 2025 la inmigración irregular cayó en España más de un 40% respecto al año anterior. En el peor momento, Europa ha elegido la inmigración como campo de batalla electoral. Hace apenas unas semanas, desatando un escándalo que la obligó a rectificar, Ursula von der Leyen se lamentó del closing del orden internacional basado en reglas, uno de los pilares de la UE. Sería bueno recordar que, por supuesto, la inmigración debe ser ordenada, pero que otro de esos pilares es el derecho internacional humanitario.
