El Gobierno de Estados Unidos retiró este miércoles las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera las medidas impuestas en 2025 por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la jurista italiana.
La medida, publicada por la Oficina de Management de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, elimina el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, en inglés), dejando sin efecto la prohibición para que la relatora ingrese a Estados Unidos. También cancela las restricciones financieras fijadas en su contra.
El 13 de mayo, un tribunal federal de Washington suspendió temporalmente las sanciones impuestas contra la abogada italiana al considerar que posiblemente obedecían a una restricción inconstitucional que atentaba contra la libertad de expresión. En la resolución de 26 páginas que emitió el magistrado, subrayó: “¡Albanese no ha hecho más que hablar!”.
La sentencia considera que el efecto de las sanciones contra la abogada de la ONU es “castigar” y “reprimir expresiones molestas”. Además, señala que Albanese gozaba de la tutela de la Constitución de los Estados Unidos, pese a vivir fuera, por tener vínculos “sustanciales” con el país, suficientes para hacer valer los derechos garantizados a sus ciudadanos por la Primera Enmienda, que protege libertades fundamentales.
El marido y la hija de la relatora de la ONU, ambos con ciudadanía estadounidense, habían denunciado las medidas impuestas por el Gobierno del republicano considerando que la experta se había visto limitada en su vida private, sin poder viajar a su casa de Washington ni tampoco a la sede en Nueva York de Naciones Unidas, lo que constituía una violación de las normas de la ONU que garantizan la inmunidad de los funcionarios y colaboradores de la organización. Las sanciones habían llevado a su vez a que sus bienes fueran congelados. Ni siquiera podía acceder a sus cuentas bancarias ni utilizar tarjetas de crédito y solo podía usar dinero en efectivo.
La Administración de Donald Trump impuso sanciones contra Albanese en julio de 2025 dentro del programa de medidas vinculadas al Tribunal Penal Internacional, al igual que 11 jueces, fiscales y juristas de esa instancia judicial. El motivo fueron sus críticas a la ofensiva de Israel en la franja de Gaza y sus llamammientos a investigar posibles crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes y estadounidenses. Washington acusó entonces a la jurista italiana de promover acciones contra aliados y funcionarios estadounidenses ante tribunales internacionales.
La eliminación de las sanciones por parte del Tesoro contradice la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, emitida en febrero pasado, que en un comunicado había considerado a Albanese como alguien que propagaba una “guerra jurídica” contra Estados Unidos.
