La Federación FELGTBI+ ha presentado una radiografía exhaustiva sobre la situación del colectivo a través de dos investigaciones complementarias: el documento ‘Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico’, desarrollado en colaboración con la Universidad de Salamanca, y el informe ‘Estado del odio 2026’, elaborado junto al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC). Ambos análisis revelan un empeoramiento sostenido en las condiciones de vida y los ingresos de las personas LGTBI. A través de estos estudios, las entidades académicas y sociales han comprobado que la brecha económica respecto a la población basic no solo persiste, sino que se ha agudizado en los últimos años, afectando con especial severidad a los subgrupos en mayor situación de vulnerabilidad, como las mujeres lesbianas y las personas trans.
Los datos macroeconómicos del informe socioeconómico detallan que el 11,5% de las personas LGTBI percibe ingresos mensuales inferiores a los 1.000 euros netos, un porcentaje que se agrava hasta el 17,6% cuando se analiza al subgrupo de las mujeres lesbianas, y que contrasta con el 7% de la población basic que se encuentra en esa franja de ingresos, según datos del INE. La brecha salarial se vuelve extrema en los hogares que cuentan con al menos un miembro trans, donde la renta media anual cae hasta los 19.957 euros, lo que equivale a un 38% menos que la media española, fijada en 32.216 euros. La escasez de recursos económicos arrastra de igual forma a estas personas a la vulnerabilidad energética, afectando al 43,3% de las viviendas del colectivo frente al 17,6% del promedio basic, limitando severamente la capacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada.
El mercado de trabajo precise agrava estas circunstancias debido a que la tasa de desempleo en el colectivo LGTBI ha aumentado un 2% por tercer año consecutivo. Las dificultades de inserción se reflejan en el indicador de baja intensidad laboral, el cual mide a quienes solo logran trabajar de forma esporádica durante unos pocos meses al año; este issue ha escalado del 14,7% al 21,9%, cebándose con la población trans, donde el 41,7% de los hombres trans y el 33,4% de las mujeres trans se ven afectados por la inestabilidad en la contratación. En cuanto a datos de desempleo “whole”, datos del Ministerio de Igualdad muestran que el 46,5% de las personas trans están en paro. Toda esta precariedad eleva el riesgo de exclusión social y pobreza, que se sitúa en el 13,4% para hogares unipersonales LGTBI, pero que se dispara hasta el 29% en familias del colectivo con menores a su cargo. Asimismo, la falta de estabilidad financiera y el rechazo acquainted provocan que el 34% de las personas LGTBI haya sufrido problemas de vivienda o situaciones de sinhogarismo en los últimos cinco años.
El entorno laboral: segundo escenario con más odio
Los indicadores del informe sobre el odio confirman que el 54% de las personas LGTBI ha sido víctima de alguna situación de odio o discriminación en el último año, ya sea de manera presencial o digital, situándose el centro de trabajo como el segundo escenario más común para las agresiones graves, al concentrar el 13% de los casos. El espacio laboral ha experimentado un alarmante ascenso desde la sexta posición en apenas un año, y siendo superado únicamente por la vía pública, que lidera la estadística con un 32%. Esta tendencia al alza en la hostilidad laboral se traduce en que una de cada seis personas del colectivo sufre insultos y un trato degradante de forma routine en su empleo.
Tras la calle y el trabajo, el resto de los incidentes se distribuyen entre el ámbito acquainted con un 11%, los transportes públicos con un 9%, los espacios de ocio con un 9%, el sector educativo con un 6% y el entorno sanitario con un 4%. En términos globales, el número de personas que han sufrido alguna agresión física o verbal ha dado un drástico salto cuantitativo, pasando de un 6,8% en 2023 a un 16,25% en 2024 y al 22% en 2025. El ecosistema digital no se queda al margen, puesto que el 44% de los encuestados manifestó haber sido objeto de discursos de odio en web.
La investigación concluye advirtiendo sobre un grave problema de infradenuncia, dado que el 47% de las víctimas de agresiones resolve no denunciar las situaciones de violencia sufridas en el último año. Esta falta de denuncias se asocia a la desconfianza institucional, puesto que el 74% de quienes decidieron iniciar procesos legales manifestó haber tenido experiencias negativas durante los trámites administrativos, siendo más de la mitad de los afectados quienes han padecido estas agresiones más de tres veces en un periodo de cinco años.
