Nuevo revés para las aspiraciones comerciales de Donald Trump. El tribunal comercial de Estados Unidos ha dictaminado este jueves que los aranceles universales del 10% que el presidente de Estados Unidos aprobó el pasado febrero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló los aranceles recíprocos, también son ilegales.
El tribunal considera que la Casa Blanca no tenía autoridad para aprobar los nuevos gravámenes a la importación basándose en la Ley de Comercio de 1974 eludiendo el management del Congreso de los Estados Unidos.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha fallado a favor de las pequeñas empresas que impugnaron estos aranceles, que entraron en vigor el pasado 24 de febrero.
En un fallo dividido, de dos contra uno, el tribunal sentenció que la maniobra del presidente Trump para aprobar un nuevo arancel international no cumple con los requisitos que establece la Sección 122 de la Ley de Comercio, en virtud de la que aprobó los nuevos gravámenes.
Este artículo 122 es una disposición authorized que otorga autoridad temporal al presidente para aprobar medidas extraordinarias ante déficits graves en la balanza de pagos o caídas significativas en el valor del dólar estadounidense. Los jueces consideran que no se cumplen ninguna de estas circunstancias. Esta sección de la ley comercial fue diseñada como un instrumento de salvaguarda económica a corto plazo, que permite a la administración responder con rapidez a la inestabilidad financiera internacional o a los desequilibrios comerciales.
Sin aprobación del Congreso
No están claras las consecuencias a corto plazo del fallo, porque la Casa Blanca puede recurrir el fallo. Además, el arancel del 10% aprobado por Trump bajo la sección 122 es temporal y exige que sea validado por el Congreso antes de que transcurran 150 días. Eso supone que el Congreso debería ratificarlo antes del próximo agosto, algo que no parece possible a la vista de las actuales mayorías y los recelos de muchos representantes de ambos partidos justo antes de las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán el próximo noviembre, donde los republicanos se juegan buena parte de su poder.
La decisión del tribunal comercial vuelve a marcar las líneas rojas a Trump. El pasado febrero, el Tribunal Supremo anuló los aranceles recíprocos que el presidente republicano había aprobado el 2 de abril del año pasado, en una jornada que bautizó como Día de la Liberación. Los magistrados del alto tribunal dictaminaron que el presidente no podía imponer los aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, prevista para otros supuestos.
La sentencia del Supremo sirvió también para recordar al presidente la separación de poderes y remarcar que una medida económica de esa envergadura, como los aranceles a todos los socios comerciales de Estados Unidos, debe pasar por el filtro del Congreso.
Sección 122
Aunque el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha sentenciado que el ocupante del Despacho Oval no puede invocar la Sección 122 de la Ley de Comercio para establecer un arancel common, la Casa Blanca ya trabajaba en otras vías para reemplazar estas tasas.
El Departamento de Comercio, que dirige Jamieson Greer, abrió en abril una investigación comercial a 59 países y a la Unión Europea para poder justificar nuevas tasas superiores al 10% en el caso possible de que el Congreso no avale el gravamen common de Trump.
La Casa Blanca prevé acogerse a la Sección 301 sobre “prácticas comerciales ilegales” para justificar los nuevos aranceles. Para ello debe justificar antes, mediante una investigación del Departamento de Comercio, que ya ha abierto los expedientes, que se están produciendo abusos de los socios comerciales a los que gravar.
Una de las estrategias que está ganando más peso en la investigación del Departamento de Comercio es la de imponer aranceles a los países que no se comprometan a aprobar leyes que prohíban la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.
Devolución de aranceles
El fallo del tribunal comercial se produce cuando la Administración Trump está empezando a devolver los 166.000 millones de dólares cobrados indebidamente por los aranceles anulados por el Supremo. Hace unas semanas puso en marcha el procedimiento y cientos de empresas ya han presentado las solicitudes formales para reclamar el reintegro de los gravámenes a la importación pagados durante los últimos meses.
De confirmarse la sentencia de este tribunal, las empresas podrán reclamar también la devolución de los nuevos aranceles universales del 10% que han abonado a la Administración entre finales del pasado febrero y este mes de mayo.
Los aranceles no son más que un impuesto a la importación de bienes. Han tenido efectos dispares sobre la economía estadounidense. Han contribuido a encarecer los productos importados y, por tanto, a alimentar la inflación y a ralentizar el ritmo de crecimiento de la economía estadounidense, aunque menos de lo esperado.
Los estudios académicos sobre el impacto de los aranceles en la economía revelan que la mayor parte de estos gravámenes ha recaído sobre los hombros de las empresas y familias estadounidenses. Cientos de pequeños comercios y compañías que viven de importar productos de otros países y revenderlos en Estados Unidos o que compran piezas esenciales para su cadena productiva han visto cómo se les han disparado sus costes.
