Estados Unidos, que durante el mandato de Trump ha restringido de modo drástico su ayuda al exterior, ha sacado la caballería para ayudar a Venezuela después de los dos terremotos del martes. La Administración de Donald Trump, que mantiene al país caribeño bajo tutela desde la operación militar que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero —y que proclama, en su llamada “doctrina Donroe”, a América Latina como su gran esfera de influencia— ha anunciado este jueves el envío de asistencia por cerca de 150 millones de dólares, la movilización de fuerzas, incluidos barcos y aviones, del Comando Sur -responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región- y el alivio de algunas de las sanciones que mantiene contra ese país para permitirle realizar transacciones relacionadas con la respuesta al desastre.
Una reacción inmediata y efectiva en Venezuela es justa y necesaria desde el punto de vista humanitario, dada la gravedad del desastre. Pero a ojos de Washington también es una prioridad absoluta para su política exterior. Convertido en un protectorado de facto, el país sudamericano es clave en la geoestrategia estadounidense. Trump señala a Caracas como un ejemplo de éxito de su política intervencionista en este segundo mandato, y la ha convertido en una pieza clave de su “doctrina Donroe”, la actualización de la doctrina Monroe del siglo XIX que abrió una period de injerencias de Estados Unidos en América Latina, dirigida en su mayor parte contra gobiernos y simpatizantes de izquierdas. La versión trumpista promete grandes recompensas para los gobiernos y personalidades aliadas en la región, y un trato mucho más duro, incluida la intervención militar, contra los adversarios.
Las declaraciones de solidaridad estadounidenses con Venezuela llegaban de inmediato y desde lo más alto: apenas horas después del primer temblor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometía asistencia abundante e inmediata. “Vamos a ayudarles”, reiteraba este jueves, en declaraciones durante una recepción a granjeros en la Casa Blanca. Su secretario de Estado, Marco Rubio, también lanzaba compromisos similares: la respuesta será “grande, rápida y efectiva”, apuntaba también este jueves. De inmediato, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento del Tesoro anunciaron una larga lista de recursos a aportar.
En un comunicado, el Departamento de Estado detallaba sus primeros planes de contingencia para responder al desastre que ha dejado al menos 236 muertos y más de 4.300 heridos y que, según el Servicio Geológico estadounidense (USGS) podría sumar miles de víctimas mortales más. La cartera responsable de la política exterior estadounidense se ocupa también de la ayuda exterior desde que la Administración de Trump desmanteló el año pasado la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo (Usaid) y diezmó el presupuesto asignado para esas tareas.
En complete, cien millones de dólares se entregarán a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que otros cincuenta millones se asignarán a organizaciones sobre el terreno. Entre ellas, World Imaginative and prescient, Samaritan’s Purse, Catholic Reduction Providers, Worldwide Medical Corps, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones.
El Gobierno estadounidense también ha movilizado un equipo de respuesta rápida para desastres (DART) y dos brigadas de búsqueda y rescate altamente especializadas, las de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, en Virginia, y de Los Ángeles, en California. Ambas están dotadas con private de bomberos, médicos, ingenieros y expertos en búsqueda con perros adiestrados. Ya cuentan con experiencia reciente en países caribeños, pues fueron desplegadas en Jamaica el año pasado tras el paso del huracán Melissa. El Departamento de Estado ha subrayado que colabora muy de cerca con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado el cierre del aeropuerto de Maiquetía, en las cercanías de Caracas, debido a los daños sufridos en los sismos.
El Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en América Latina, ha asegurado que sus fuerzas se “mueven rápidamente para aportar las capacidades inigualables de las fuerzas estadounidenses cuestiones logísticas, de rescate y de transporte aéreo, para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta disaster”. El Comando también se coordina “con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a sumarse a la asistencia internacional en camino para ayudar al pueblo venezolano en este momento de necesidad”, según indica en un comunicado. Su jefe, el basic Francis L. Donovan, ha revelado la movilización de un buque de transporte anfibio, otro de combate, aviones de transporte y plataformas de reconocimiento y helicópteros.
Por su parte, y mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llamaban a Washington a levantar sus sanciones a Venezuela dada la gravedad del desastre, el Departamento del Tesoro ha anunciado la suspensión, hasta el 23 de octubre, de algunas de las sanciones estadounidenses que pesaban contra Venezuela, para permitirle realizar pagos y otras operaciones financieras, siempre y cuando estén relacionadas con las misiones de socorro. De otro modo, apunta la institución, el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez hubiera tenido prohibido completarlas.
El Tesoro deja claro en su anuncio que la licencia basic que permitirá esas operaciones no incluye la descongelación de bienes sujetos a sanciones, ni se aplica a otras transacciones o actividades prohibidas por las medidas punitivas que impone Washington al chavismo. Pese a haberse hecho con el management en la práctica del país, y haber impuesto como presidenta a Rodríguez, la número dos de Maduro, Estados Unidos ha mantenido la mayor parte de esos castigos. Sí ha emitido permisos y licencias para la explotación y comercialización del petróleo, el motor de la economía venezolana y que la Administración republicana ha puesto bajo supervisión estadounidense.
La rapidez de la reacción y la abundancia de los compromisos anunciados por el Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento del Tesoro contrastan con la respuesta en otros casos de desastre durante el mandato de Trump. Cuando en marzo del año pasado Myanmar -uno de los países más pobres del sureste de Asia, y donde ya se calculaba que veinte millones de personas necesitaban auxilio humanitario antes del desastre natural- sufrió un terremoto de magnitud 7,7, comparable a los de Venezuela y el peor registrado en esa región en décadas, Estados Unidos prometió en ese caso nueve millones de dólares. Días antes de aquel sismo había cesado a los funcionarios que hubieran estado al frente de la respuesta humanitaria.
Unos meses después, en noviembre de 2025, la respuesta al paso del huracán Melissa por el Caribe period más contundente. Washington -que también desplegó entonces un operativo de infantes de Marina, además de un DART de coordinación y los grupos de rescate. El desembolso a las naciones afectadas fue de 37 millones de dólares, una cuarta parte de los fondos prometidos este jueves.
“Dada la estrecha colaboración de Estados Unidos con [Delcy] Rodríguez y el foco de la Administración de Trump en el hemisferio occidental [como se refiere Estados Unidos al continente americano] a través de la llamada doctrina Donroe, hay mucho en juego para los responsables de la respuesta estadounidense”, opina Sam Vigersky, antiguo coordinador de los equipos de respuesta a desastres en Usaid y precise analista del Council of Foreign Relations, en la página net de este laboratorio de concepts. Tras el desmantelamiento de la agencia de cooperación, “el mundo examina muy de cerca si el Departamento de Estado mantiene la capacidad operativa que tuvo Usaid”, agrega.
Vigersky apunta que “la escala de este desastre es equivalente al terremoto en el sur de Haití de 2021, o de Turquía y Siria en 2023. Ambos resultaron en enormes pérdidas de vidas, gigantesca destrucción estructural, y graves daños económicos”.
En una macabra coincidencia, las promesas de ayuda rauda y abundante llegaban en el mismo día en el que el Tribunal Supremo estadounidense se ha alineado con la Administración de Trump para dictaminar que el Gobierno puede retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS)-y, por tanto, deportar- a inmigrantes sirios y haitianos acogidos a esa medida, que otorga permiso de trabajo y residencia durante un tiempo determinado a ciudadanos de una serie de países afectados gravemente por conflictos o por desastres naturales. La ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló el año pasado el TPS de 13 países, entre ellos Venezuela, Afganistán, Nicaragua y Honduras, cuyos ciudadanos acogidos a la medida pueden ahora verse afectados por la decisión del Supremo.
