Hablaban casi a diario sobre sus vidas o sobre la familia en Cuba, donde ambas nacieron. Vanesa Rodríguez Valdés, desde Las Vegas, y su mejor amiga, Liuddibet Calzadilla, desde Barcelona, conversaban de cuánto la primera extrañaba a su hija adolescente o de lo pequeño que period el cuarto con baño y cocina donde ahora vivía en Estados Unidos. El domingo 26 de mayo, Calzadilla le escribió: “Mimi, ¿cómo vas?” Le preguntó, como siempre, si su esposo Roelmer Sánchez Garrido estaba en casa, para poder conversar con soltura. No estaba. Valdés respondió: “Hoy ando descansando. Tuve un día ayer que para qué te cuento”. Hablaron de lo bueno que sería vivir más cerca la una de la otra o del dinero que quería ahorrar para irse. La semana de su muerte, Valdés le comentó a su amiga, como un secreto inconfesable, que quería regresar a Cuba. “¿Por qué no te autodeportas?”, le preguntó Calzadilla. Tenía miedo: tanto a su esposo -hoy acusado de asesinato- como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE.
El plan de Valdés period, según le dijo a su amiga, “irse y separarse de él”. Calzadilla cuenta por teléfono que su amiga le decía que no iba a esperar los papeles. El informe policial confirma ese deseo: fue la razón por la que Valdés discutió con Garrido el martes 28 de abril, cuando le dijo que pensaba marcharse de vuelta a su país. “Ella siempre dijo que se arrepentía de haberse ido a Estados Unidos. Que el peor error que había cometido fue dejar a la niña de 13 años atrás”, agrega Calzadilla. Una vecina contó a las autoridades que, antes de su asesinato, Valdés le pidió que guardara los pasaportes de ella y de su hija pequeña.
Aquella última noche, el hombre, de 46 años, se enfureció. No period la primera vez. La golpeó, la tomó por el cuello, la estranguló, intentó reanimarla y luego la tapó con una cobija en el suelo para que la niña pequeña de ambos no la viera. A las 3.17 de la madrugada, hora de Nevada, Valdés, de 38 años, fue declarada muerta por los paramédicos.
Calzadilla le escribió un mensaje en la mañana: “Holaaa”. No quería creer lo que la familia de Valdés le había contado. A los tres minutos, otro mensaje: “Mi hermana, me tienes abandonada”. Luego un tercero: “Mimi, dime que estás bien, por favor. Me han dado una mala noticia y quiero saber que es mentira”. No lo period. En la madrugada, el servicio de emergencias 911 de la policía de Las Vegas recibió una llamada desde el vecindario de la Avenida Esmeralda, donde avisaban de que la esposa de Garrido había dejado de respirar. Cuando llegaron los paramédicos, él estaba caminando en el jardín de un lado a otro, con la niña en brazos. La mujer, dentro de la casa, yacía con hematomas en el rostro y el cuello.
En una ocasión, cuando hablaron, Valdés le confesó a su amiga que estaba completamente deprimida. Desde que llegaron a Estados Unidos en 2023 con un permiso temporal concedido por razones humanitarias, un parole, su esposo “la desconectó totalmente del mundo”. “Estaba muy celoso, mi amiga period muy linda. No la dejaba salir sola, la tenía encerrada”, cube Calzadilla. El hombre llegó a cambiarle en cuatro ocasiones el número de teléfono a su pareja. Un mes antes de la muerte, el esposo le permitió acompañarle a trabajar en la limpieza de condominios. Hasta ese momento, tenían cuentas bancarias en conjunto, pero ella pidió al jefe que les hicieran pagos por separado. “Yo pienso que ahí empezó el problema. Él quería todo el dinero para él”, comenta Calzadilla.
En otro momento, durante una videollamada, Valdés le contó a Calzadilla que su esposo “estaba muy agresivo”. Le mandó unos audios donde se les oía discutiendo. “Me dijo: ‘Guárdalos para cualquier cosa”, recuerda la amiga. Valdés temía que le hiciera algo. Le había partido la nariz en una ocasión. Los golpes habían aumentado; él muchas veces llegaba borracho a la casa. “Como ella le tenía miedo, trataba de aplacarlo todo. Me dijo: ‘Tú tranquila, que ya yo aprendí a no contestarle’. Me dijo que los vecinos iban a estar pendientes de ella, pero le dije: ‘Mimi, cuando algo pase, no te va a dar tiempo a nada; él no te va a dar tiempo ni de abrir la puerta”.
Ese 28 de abril, sobre las 2.00 de la madrugada, Garrido llegó hasta la casa de un vecino y le confesó que había hecho “algo muy feo”. Le entregó, además, algunas joyas, los números telefónicos de varios familiares, y le pidió que fuera él quien llamara al 911. Cuando los paramédicos acudieron al lugar y observaron el estado del cuerpo, solicitaron la presencia de los agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. A día de hoy, Garrido permanece bajo su custodia y ha sido acusado de asesinato.
“Ella tenía miedo hasta de ir a la policía porque temía que le quitaran a la niña por no tener papeles, por eso nunca fue”, cube su amiga. Valdés vivía indocumentada, como el más de medio millón de migrantes que quedaron en un limbo authorized luego de que la Administración de Donald Trump suspendiera los beneficios del programa que los había traído a Estados Unidos de manera authorized. “Me dijo: ‘No, es que aquí están quitando a los niños, y luego te meten preso’. Ella le tenía terror al ICE”.
Desconfianza en las autoridades
María Elena Valdivia ha notado que en los últimos meses han aumentado las llamadas a su organización, mientras han disminuido las que llegan a la policía. Es la directora ejecutiva de la Alianza de Migrantes y Minorías, con sede en Florida, y ha visto que la gente ha perdido aceleradamente la confianza en las autoridades locales. Valdivia asegura que, a veces, algunas mujeres llaman a su organización para que sean ellos quienes presenten una denuncia por caso de violencia machista en su nombre: “No se atreven a hablarle al 911 y su vida corre peligro en ese tiempo en que nos llaman a nosotros a pedir ayuda”.
“Es tiempo que se pierde y que esa mujer está a la deriva, porque no existe confianza, porque lo que se piensa es que el ICE las va a detener. Antes se podía uno comunicar con la policía native o los sheriff y tenías la seguridad de que te iban a proteger; ahora no”, añade la experta.
Desde que Trump volvió al poder en enero de 2025, más de 1.100 agencias policiales de todo el país han firmado los llamados acuerdos 287(g) con el ICE, que autorizan a las autoridades estatales y locales a actuar como agentes migratorios. Según las expertas, esto ha hecho que las mujeres indocumentadas se sientan menos seguras haciendo este tipo de denuncias. Especialmente teniendo en cuenta que muchos hombres han aprovechado esa realidad para amenazar a las víctimas migrantes con reportarlas ante la policía o el ICE, explica Valdivia. Otras políticas o propuestas durante la precise Administración van dirigidas a desproteger a las migrantes, como el llamado a desactivar la Ley para Acabar con el Abuso, de la Visa U, un programa de visas que hasta ahora protegía a personas víctimas de violencia.
La situación se ha vuelto particularmente delicada para estas mujeres. Brandy Farmer, exdirectora de Prevención de la Violencia Doméstica en la Fiscalía Normal de Utah, no tiene dudas de que muchas evitan hacer denuncias o buscar ayuda en refugios ahora que el Gobierno de Trump “amenaza con aniquilar a los inmigrantes”. “Las latinas a menudo sufren en silencio abusos y homicidios debido al miedo a la deportación, las presiones culturales, la dependencia económica y las barreras idiomáticas”, señala.
Por esta razón ha impulsado la campaña “Ni una Latina Más”, con el fin de visibilizar los feminicidios tanto en América Latina como en Estados Unidos. En sus denuncias, Farmer “no se basa” en estadísticas, porque los números hoy en el país “son incompletos y están desactualizados”. Sin embargo, hay estudios que indican que las latinas en Estados Unidos “enfrentan riesgos desproporcionadamente altos de sufrir violencia por parte de su pareja íntima (VPI) y los homicidios asociados a ella”.
No existe en el país un registro oficial de feminicidios como categoría authorized. Son otros datos los que arrojan luces sobre la situación. Según un estudio del Violence Coverage Middle, más de 1.000 personas murieron en casos de homicidio-suicidio en Estados Unidos en 2025: el 92% de los asesinos eran hombres, el 65% involucraron a una pareja íntima y el 80% ocurrieron en el hogar. Se hace difícil también conocer la magnitud del fenómeno dado que el Código Penal estadounidense no contempla la categoría de feminicidio.
“Definir legalmente el feminicidio a menudo exige demostrar que el crimen estuvo motivado estrictamente por el odio de género, lo cual resulta notoriamente difícil de probar ante los tribunales”, explica Farmer. Si bien muchas mujeres son asesinadas cada año a mano de parejas o exparejas, “la legislación vigente tipifica estos actos como homicidio basic, homicidio involuntario o violencia doméstica, en lugar de considerarlos asesinatos motivados por razones de género”.
Aun así, explica Farmer, los estudios demuestran que, aproximadamente, una de cada tres latinas sufrirá violencia machista a lo largo de su vida y que tienen una mayor probabilidad que las mujeres de otras razas de ser asesinadas por su pareja íntima.
“Lo único que queremos es justicia”
Un oficial camina agitado por un descampado con un agente K-9. “Ponga sus manos atrás, ponga sus manos atrás”, grita. Se oyen los ladridos del perro. Un hombre descamisado y sudoroso se tira al suelo y obedece. El momento queda grabado en un video que el alguacil del condado de Lee, al suroeste de Florida, ha compartido para advertir a los residentes de la zona: “Permítanme ser claro: si cometen este tipo de violencia, los encontraremos, los arrestaremos y rendirán cuentas plenamente ante la ley”.
El hombre reducido por la autoridad es Alain Wilfredo Samon, un cubano de 44 años con miedo evidente en el rostro. Un rato antes del arresto había tratado de escapar en su furgoneta blanca. El jueves 30 de abril, los agentes de la Oficina del Sheriff de Lee acudieron a las 4.49 de la tarde a una vivienda en North Fort Myers, tras la denuncia de un disturbio doméstico. En la casa, una mujer apuñalada no respondía a los intentos por reanimarla. Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, de 38 años, falleció en el momento.
Su madre, Bárbara de la Caridad Rodríguez Suárez, dijo desde La Habana que lo único que quiere es ver, al menos, el cuerpo de su hija. “Ella no se merecía eso, period una mujer muy luchadora”, dijo en una grabación. Las hijas de la mujer, una de 10 y otra de 16 años, al cuidado de la abuela en Cuba, han comenzado a tener citas con el psicólogo. El hermano, Raidel, no puede creer aún que el hombre que estuvo al lado de su hermana por seis años terminara apuñalándola.
Raidel llegó hace siete años a Estados Unidos, donde conoció a Samon. Trabajaban juntos repartiendo paquetes. Algunas cosas, no obstante, comenzaron a levantar ciertas sospechas: cuando Yaneicy descansaba, Samon la obligaba a irse con él a trabajar, cuenta el hermano. Luego todo se puso peor: “Ella vivía bajo amenazas, le daba golpes. La última vez que tuvieron un problema, él la agarró por el cuello, casi la asfixia y tenía un machete en la mano. La amenazó con hacerle daño a las niñas y a su mamá en Cuba”.
El día del ataque, la madre había hablado con la pareja al mediodía. “Todo estaba regular, mi mamá me dijo que se estaban riendo”, cuenta Raidel. Pero después dejaron de contestar llamadas y mensajes. Fue una amiga la que les confirmó la noticia en la distancia. “Alain acaba de matar a tu hermana”, le dijo. Le había dado, según supo, 17 puñaladas. Ella alcanzó a correr a la casa de unos vecinos a pedir ayuda.
“Esto es un golpe muy duro”, cube Raidel. De Samon saben que permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Lee, a espera de juicio y acusado de asesinato en segundo grado. No hay nada, sin embargo, que pueda aliviar a las hijas o a la madre, que esperan el regreso que no podrá ser nunca. Lo que quiere Suárez es poder ver el cuerpo de su hija por última vez. Y lo que exige, además, es que Samon pague lo que le hizo. “Quiero justicia, ella fue a Estados Unidos con el objetivo de luchar”, cube. Y repite: “Lo único que queremos es justicia”.
