Segundo revés en menos de una semana contra Santa Bárbara en su contencioso abierto contra decisiones adoptadas por el Gobierno que favorecen a Indra y Escribano. Si la semana pasada el Ministerio de Defensa rechazaba el recurso contra los contratos por más de 7.000 millones adjudicados directamente a estas empresas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la filial en España del gigante estadounidense Basic Dynamics para suspender dos préstamos concedidos a ambas compañías por 3.000 millones. El Ejecutivo aprobó esta financiación a traves de un actual decreto.
La Sala el rechazo a las cautelares en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Actual Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aun que éstos sean de difícil o imposible reparación”. La misma Sala señala que la compañía debería razonar y “probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”.
El auto recoge que no queda acreditado que los créditos puedan afectar a la posición en el mercado de Santa Bárbara o ponga en peligro los actuales puestos de trabajo de la compañía, más de 1.200 en toda España.
El Supremo explica que es “difícil” poner en riesgo la continuidad como empresa de Santa Bárbara o sus puestos de trabajo debido a que se trata de una filial de Basic Dynamics desde abril del 2000 y, además, ha sido adjudicataria de otros prestamos para, por ejemplo, actualizar los Pizarro por 176 millones.
En su auto, el tribunal explica que existe un relevante interés público en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos, de ahí la concesión de los préstamos a Indra y Escribano.
La suspensión de los préstamos pondría en riesgo la planificación militar de las Fuerzas Armadas, apunta el auto.
“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la Unión Europea que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la Unión Europea”, subrayan los magistrados.
Asimismo, el Supremo considera que si se suspendieran cautelarmente los 3.000 millones en financiación habría una “alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles” para las Fuerzas Armadas. “La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, añade.
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