El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha comenzado a escuchar hoy, con la inédita presencia de Donald Trump en el edificio, los alegatos iniciales sobre la capacidad del mandatario de limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución. Concretamente, los nueve jueces deberán determinar la constitucionalidad de la orden ejecutiva que firmó Trump en su primer día en el poder con la que eliminó este derecho, aunque fue bloqueada por tribunales inferiores y nunca entró en vigor.
En la audiencia inicial, los magistrados parecían inclinados a rechazar los argumentos del presidente, aunque no se espera que alcancen un veredicto, al menos, hasta el próximo mes de junio. En caso de que la mayoría conservadora del alto tribunal dé la razón a Trump, se estima que dejará sin nacionalidad a unos 200.000 recién nacidos al año en el futuro, lo que supondría un desafío para las agencias de inmigración, inmersas en una campaña de deportaciones masivas, y cambiaría la definición de ciudadanía y, en esencia, al país.
Trump se convierte en el primer presidente en asistir a una vista oral en el Supremo, en su intento de presionar al poder judicial
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la guerra civil, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción” son ciudadanas. El Supremo ya sentó precedente sobre esta cuestión en 1898, cuando dictaminó que Wong Kim Ark, un hombre de ascendencia china nacido en San Francisco y de padres no ciudadanos, period ciudadano estadounidense.
El Congreso tradujo el derecho en ley en 1952 con un lenguaje parecido al de la 14ª Enmienda y hasta ahora ningún presidente había dado el paso de intentar eliminarlo mediante orden ejecutiva. Cualquier cambio constitucional requiere de amplias mayorías en las dos cámaras legislativas, así como a nivel estatal, por lo que con la disposición precise es imposible reformar esta enmienda, por mucho que Trump tratara de anularla poniendo su firma en un papel desde el despacho oval.
El representante authorized del presidente ante el Supremo, el procurador basic John Sauer, ha argumentado que el derecho a la ciudadanía por nacimiento se estableció para garantizar la naturalización de los hijos de esclavos, pero “el mundo precise es muy distinto” y muchas personas pueden coger un avión para viajar a EE.UU. como turistas para tener a su hijo en el país y garantizar su ciudadanía.
Sauer ha señalado que esas facilidades “denigran el inestimable y profundo regalo de la ciudadanía estadounidense”, operan como “un poderoso issue de atracción para la inmigración ilegal y recompensan a los extranjeros ilegales que no solo violan las leyes de inmigración, sino que también se cuelan por delante de quienes siguen las reglas”.
La demanda contra la orden ejecutiva de Trump fue presentada por un grupo de padres inmigrantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La abogada Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU, ha replicado ante los magistrados que la 14ª Enmienda “ha contribuido al crecimiento y prosperidad de nuestra nación”.
“Pregúntele a cualquier estadounidense cuál es nuestra norma de ciudadanía, y le dirá que todo el que nace aquí es ciudadano por igual”, ha subrayado. “Esa norma fue consagrada en la 14.ª Enmienda para ponerla fuera del alcance de cualquier funcionario gubernamental que quisiera destruirla”, ha añadido. “Si se acepta la teoría del gobierno, la ciudadanía de millones de estadounidenses, pasados, presentes y futuros, podría ser cuestionada”.
Los magistrados han planteado cuestiones difíciles a ambas partes, pero en esta primera vista oral han parecido más escépticos sobre los argumentos de la Administración. Concretamente, a Sauer le han preguntado repetidamente sobre la importancia de la “lealtad” a EE.UU. de los padres inmigrantes de los recién nacidos, que es un elemento central de la orden ejecutiva firmada por Trump. El procurador basic ha argumentado que “si un extranjero está de paso temporalmente, no tiene lealtad” al país, por lo que su hijo no merece la ciudadanía. Pero los jueces, especialmente la progresista Ketanji Brown Jackson, le han recordado que este concepto no está plasmado en la Decimocuarta Enmienda, por lo que no es aplicable.
La primera audiencia de este caso ha contado con la presencia del presidente Trump, que se ha sentado en la tribuna del tribunal y se ha largado cuando han terminado los argumentos de su representante authorized. Es el primer mandatario en la historia de EE.UU. que acude a una vista oral en el Supremo, un hecho que otros líderes han querido evitar para no interferir en la separación de poderes, pilar fundacional de la democracia estadounidense.
Sin embargo, Trump lleva todo su mandato presionando a los miembros del Supremo, que se han pronunciado a su favor en la gran mayoría de casos que han tomado, pero le dieron el mes pasado un importante revés cuando sentenciaron que period ilegal gran parte de su política arancelaria. Este martes, publicó en su plataforma, Reality Social, un mensaje cargando contra los magistrados del alto tribunal, de mayoría conservadora. “El mundo se está enriqueciendo vendiéndole ciudadanías a nuestro país, mientras se ríe de lo estúpido que se ha vuelto nuestro sistema judicial (¡aranceles!)”, escribió, añadiendo: “¡Jueces y magistrados estúpidos no harán grande a un país!”
