El proyecto de ley que tramita el Gobierno para reducir las ratios de estudiantes por aula y bajar las horas lectivas del profesorado le va a costar al Estado unos 2.818 millones de euros netos al año, según ha calculado EsadeEcPol en su informe La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico, durante una década.
Esta cifra media supone el 4% del gasto educativo complete que realizó el Estado el año 2024, último con datos oficiales, pero alcanzará picos de hasta el 7,2% (5.169 millones de euros) el curso de máximo impacto debido al calendario de implantación progresiva. En complete, según EsadeEcPol, Gobierno y, sobre todo, comunidades autónomas, invertirán 28.180 millones de euros en este programa en la próxima década.
Para los cálculos se parte del coste de crear nuevas aulas en las escuelas y contratar más profesorado para ajustarse a las ratios máximas de 22 estudiantes en Primaria y 25 en la ESO que fijará la nueva ley, siempre que sea aprobada por el Congreso (4.293 millones de euros anuales). A esa cantidad hay que restarle el ahorro que va a suponer la caída de la natalidad que va a llegar a la escuela en los próximos cursos porque liberará a docentes que se podrán utilizar para esta rebaja (1.475 millones de euros). Se ha obviado el efecto de reducir la semana lectiva del profesorado porque es una medida que tendrá menos impacto, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ya la aplica.
Tres comunidades acaparan el gasto
El programa implicará, sostiene Esade, una inversión desigual. Dos de cada tres euros se destinarán a Andalucía, Catalunya y Madrid. Son las tres regiones con más alumnado, pero no acumulan tanto como el 63% del gasto que acapararán: suman aproximadamente el 50% de todos los estudiantes de Primaria y Secundaria.
Este desfase tiene que ver con el reparto del alumnado por los centros y la necesidad de ajustarse a las nuevas ratios o no de los diferentes colegios e institutos. Los tres factores que más inciden en el coste son “un volumen de alumnado elevado, ratios medias por encima del umbral de la reforma y una prevalencia relativamente alta del alumnado con necesidades educativas especiales” (cuentan doble a la hora de establecer las ratios), sostiene el informe, características que se dan en estas tres autonomías con más frecuencia que en el resto.
“Es mucho dinero”, reflexiona Lucas Gortázar, coautor del informe. “No estamos en contra de invertir ese dinero, todo lo contrario, pero pensamos que hay mejores maneras de hacerlo que bajando las ratios de todo el mundo por igual”, sostiene apoyado en un estudio previo, también de EsadeEcPol, que argumentaba que quitar dos estudiantes en una clase de 25 personas no tiene excesivo efecto (académico, principalmente).
Gortázar admite que puede resultar impopular esa afirmación en un contexto de fuertes huelgas docentes por medio país, pero cree que ese presupuesto tendría más sentido en acciones más dirigidas, como mejorar las condiciones salariales específicamente del profesorado que trabaje en centros de alta complejidad (una medida que en países como EEUU ha aprobado con éxito), por ejemplo, reforzar el exitoso programa de refuerzo extraescolar PROA+ o tutorías intensivas a gran escala, además de, también, bajar las ratios a los centros que más lo necesiten.
31% vs 22%
Porque, si no, se va a destinar más dinero (un 31% del complete de la inversión) a centros con alumnado del primer cuartil socioeconómico (el 25% de los más acomodados) mientras que colegios e institutos que atienden a hogares del último cuartil recibirán un 22% de los fondos. Esto se debe básicamente, sostiene Esade, a que los estudiantes más ricos tienen ratios más altas y, por tanto, más aulas que desdoblar. La pregunta es si lo necesitan tanto.
EsadeEcPol sostiene que no, y cita el propio anteproyecto de ley, que en su exposición de motivos (la parte de una norma que la justifica) reconoce que “los mayores beneficios educativos de las reducciones de ratios se observan cuando estas intervenciones se realizan en determinados centros docentes. Centros en los que existe una elevada diversidad académica o un elevado número de estudiantes con necesidades complejas, como dificultades lingüísticas o necesidades especiales de apoyo educativo o ubicados en zonas de especial complejidad social”.
Una acción selectiva que el proyecto del Gobierno no hace y que va en línea con el anterior estudio de Esade, que sostenía que el efecto de bajar las ratios (cuando ya son relativamente bajas, en torno a 25 estudiantes por aula) es pequeño. “No se identifican efectos significativos sobre el rendimiento, el bienestar subjetivo del alumnado ni en la repetición”, sostiene aquel informe. Tampoco “se generan subgrupos con beneficios sustanciales (…) ni por nivel socioeconómico ni por curso o materia ni por características de centros docentes ni por la frecuencia de prácticas individualizadas”. Esto es, no hay beneficio significativo ni para el conjunto del estudiantado ni para algún pequeño grupo de alumnos, normalmente los más desfavorecidos, en básicamente ningún tipo de centro.
Este estudio levantó una cierta polémica entre la comunidad educativa, con voces a favor y en contra. Entre quienes lo rechazan se argumenta que “la educación no puede ser un cálculo financiero” y que “reducir la ratio del aula no es una varita mágica, pero tampoco es una variable neutra. Actúa como amplificador o amortiguador de otras dinámicas: la diversidad del grupo, la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, el nivel de disrupción, el clima emocional, la calidad de la interacción docente-estudiante. En un grupo de quince alumnos/as, esos factores operan de una manera; en uno de treinta, de otra muy distinta”, según escribía Teresa Esperabé, secretaria de Enseñanza de CCOO, en este artículo.
Gortázar admite que “es un momento complejo para la profesión, hay huelgas y las ratios son unas de las banderas de las movilizaciones”, en alusión a las protestas docentes que tienen paralizada la educación valenciana, catalana y la infantil en medio país, pero añade que “no necesariamente es una medida que vaya a ayudar al profesorado y al alumnado que más lo necesita”.
De fondo sobrevuela otra cuestión. Las dos ministras de Educación que ha habido desde las últimas elecciones, Pilar Alegría y Milagros Tolón, han calificado esta como “la legislatura del profesorado”, una vez aprobadas la ya no tan nueva ley educativa (Lomloe) y la de Formación Profesional (FP). Pero la “legislatura del profesorado” avanza sin avances, el Estatuto Docente del que habla la Lomloe no está ni se le espera en el corto plazo y la medida que debe mejorar la situación del profesorado depende ahora de que el Congreso apruebe una propuesta que carga la mayor parte del gasto en las comunidades autónomas, lo que puede poner en cuestión el apoyo necesario del PNV (descontado siempre el PP).
“Y de una supuesta reforma de la profesión docente acabamos en una medida que puede tener mucha demanda, pero creemos que ni siquiera ayuda a la profesión docente. Vas a hacer menos informes, sí, pero eso no es un cambio estructural”, cierra Gortázar.
