Cualquier persona que supiera algo del sector eléctrico, a las pocas horas del apagón, citaba entre las causas la inestabilidad de las fotovoltaicas y la escasez de energía nuclear. Había habido problemas antes: un informe de Redeia alertaba del riesgo de “desconexiones de generación por elevada penetración de las renovables”. Unos audios de mediados de abril de 2025 muestran que la empresa reconocía problemas en la fotovoltaica. Para ganar tiempo, los primeros días se ofrecieron vaguedades, incluso se jugueteó con la hipótesis claramente falsa del sabotaje. Expertos europeos de Entso-e han emitido un informe. Nosotros no, y mira que tenemos expertos. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política.
Tras la catástrofe de Adamuz hubo falta de claridad (y cambios de versiones) en las explicaciones del ministro de Transportes y de Adif. Aparecen cuestiones poco tranquilizadoras: el juzgado ha encontrado 42 metros de vía retirada de los que la empresa no había informado.
En la pandemia, de la que se cumplen seis años, vimos algo parecido. Junto a éxitos de gestión (la vacunación y la apertura de los colegios) hubo casos de opacidad estadística, tergiversación y mentiras, y ejemplos de arbitrariedad: el abuso de autoridad y las multas ilegales, el brutal encierro a los niños, las desescaladas según comités de expertos que no existían, mascarillas en exteriores que no eran necesarias.
Hemos visto el mecanismo más veces: alguien señala algo (a menudo de manera exagerada), se niega en tromba (desde el Gobierno y sus correveidiles) y luego descubrimos que la crítica inicial apuntaba a un problema cierto. En vez de ofrecer explicaciones y rendición de cuentas, el Gobierno se dedica a hacer luz de fuel a los ciudadanos. Damos por hecho que los políticos mienten, pero el cinismo corroe también las instituciones. Todas deben participar en la propaganda: el CIS sobrerrepresenta a la izquierda por sistema y hace preguntas trampa, mientras se nombra a un alto cargo de Hacienda para dirigir la Airef y se reprocha a Cristina Herrero, la presidenta saliente, que se tomara en serio su independencia: Hacienda intentó vetar su comparecencia y un diputado socialista dijo que debería haber tenido más “discreción”. Las apelaciones a la ciencia y las alertas por los bulos y la desinformación solo son camuflaje de las necesidades del poder; el léxico del buen gobierno es un paripé. Por suerte, no todo está perdido: la ministra de Igualdad celebra un documental de RTVE a mayor gloria de una vidente, que podrá echarnos las cartas para sugerir cómo lo público puede recuperar su credibilidad.
