El martes hizo ocho años de una escena hasta entonces inédita. El 2 de junio de 2018, un presidente del Gobierno tomaba posesión del cargo sobre una mesa en la que por primera vez no había ni un solo símbolo religioso. Ni crucifijo, ni Biblia. Los obispos tenían motivos para la inquietud. Y no solo por aquel gesto de modernidad aconfesional. Nadie había llegado a La Moncloa con un catálogo tan grueso de objetivos laicistas. En los dos años anteriores, Pedro Sánchez se había comprometido a trabajar para hacer a la Iglesia pagar el IBI y autofinanciarse, sacar la Religión del horario escolar, suprimir la referencia a la institución católica de la Constitución y denunciar los acuerdos con el Vaticano.
Es decir, a atacar la posición de fuerza de la Iglesia en la sociedad española.
Transcurridos dos cuatrienios, en la semana en que León XIV ha iniciado su visita a España, el stability de medidas que afectan a la Iglesia de los sucesivos gobiernos de Sánchez muestra que se han quedado lejos no solo del listón inicial, imposible de alcanzar sin una mayoría parlamentaria laicista que no ha existido, sino también de compromisos adquiridos ya desde el poder. Pero ese incumplimiento de propósitos no agota el stability, que incluye cesiones parciales de la jerarquía católica, fruto de años de tiras y aflojas, en materias sensibles como su fiscalidad y su patrimonio, el antiguo Valle de los Caídos o la pederastia.
“En el toma y daca con el poder político, la Iglesia siempre tiene a su favor una posición sólidamente anclada y un temor de los partidos, también del PSOE, a enfrentarse a sus votantes y militantes católicos”, señala Amelia Sanchis, profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Córdoba. Pero además, añade, desde 2018 se ha dado “una novedad geopolítica que ha marcado la relación” con la Iglesia, y es que la izquierda ha tenido en el Vaticano dos papas, Francisco y León XIV, con los que ha “remado en la misma dirección de oposición a la ultraderecha y las guerras”. “Los dos han facilitado al Gobierno su relación con la jerarquía española, ayudando en negociaciones domésticas, caso de los abusos y Cuelgamuros. Al mismo tiempo, eso ha provocado que el Gobierno contemporice en algunas negociaciones con los obispos”, sintetiza.
Aquí un repaso en siete áreas de la relación Gobierno-Iglesia en la period Sánchez, marcada por unos avances en laicidad que no alcanzan los propósitos iniciales del Ejecutivo.
Liturgia laica. Viniendo del último Ejecutivo de Mariano Rajoy, con cuatro ministros en el canto del himno de la Legión ante el Cristo de la Buena Muerte de la Semana Santa de Málaga de 2018, period fácil destacar en separación simbólica entre lo civil y lo religioso. Y Sánchez lo hizo, yendo más allá de las tomas de posesión sin aderezos religiosos, suyas y de sus ministros. “Este Gobierno es el que ha dado pasos más contundentes” en este terreno, señala un portavoz del Ministerio de Presidencia, responsable de la relación con la Iglesia. ¿Ejemplos? Rompiendo con los usos tradicionales, el Gobierno organizó un homenaje laico a las víctimas del covid-19, al margen del funeral religioso. El funeral de Estado por la dana también fue laico.
Desde Europa Laica, su presidente, José Antonio Naz, reconoce avances en este campo, pero denuncia que ahora Sánchez incurra con motivo de la visita de León XIV en la “pleitesía”, con gestos como la visita a la nunciatura papal prevista este lunes. No es el único aspecto del viaje que critican los laicistas. También el discurso papal en el Congreso y las deducciones fiscales a los patrocinadores.
Leyes y tensiones. La relación entre el Gobierno y la Iglesia no ha sido un camino de rosas. Los obispos han cargado contra la reforma del aborto y las leyes de eutanasia o derechos trans, esta última tildada de “perversión” por la Conferencia Episcopal (CEE), que ante la llegada de León XIV evita polémicas y no responde a las preguntas de EL PAÍS sobre su relación con el Ejecutivo. También hubo críticas a la amnistía del procés por parte del sector episcopal duro e incluso un polémico respaldo de la CEE a un adelanto electoral por la corrupción del PSOE el año pasado.
No obstante, la cúpula eclesial no ha llevado el rechazo al Gobierno del PSOE al punto que lo llevó con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), en un ciclo marcado por la hostilidad que tuvo como expresión más memorable una manifestación en 2005 contra el matrimonio igualitario a la que acudieron más de una decena de obispos, al frente de ellos el arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela, con sus gafas ahumadas, su sotana y su alzacuellos. El sociólogo Rafael Díaz-Salazar, especializado en religión, atribuye esta menor beligerancia a la “tutela” de Francisco y León XIV, contrarios a la “intromisión política permanente” del episcopado español.
Sintonía en trabajo e inmigración. Aunque los choques son más noticiosos, también ha habido consonancias. Y en dos temas clave: trabajo e inmigración. Tras el acuerdo del Gobierno con la patronal y los sindicatos para la reforma laboral en 2021, la CEE emitió una nota calificándolo de “muy positivo” y reivindicando el “trabajo digno”. Eso suponía situarse en una posición distante del PP y de Vox, contrarios a la reforma.
Más notoria aún ha sido la discrepancia entre el episcopado y la derecha política sobre inmigración. Expresada en múltiples muestras de oposición de la CEE a acuerdos de ambos partidos —por las restricciones al rezo musulmán en Jumilla o por la “prioridad nacional”, entre otros—, el posicionamiento más significativo de los obispos ha sido su rotundo respaldo a la regularización emprendida este año por el Gobierno.
Dos negociaciones de alto voltaje. El sociólogo Díaz-Salazar vincula estas posiciones eclesiales afines al Gobierno al influjo ejercido por Francisco primero y por León XIV después. Pero cree que este influjo ha ido más allá, ayudando a culminar dos negociaciones de alto voltaje que han marcado las relaciones del Gobierno con la Iglesia en la etapa de Sánchez: Cuelgamuros, el antes llamado Valle de los Caídos, y los abusos sexuales. En ambos casos, se han alcanzado acuerdos históricos que, al mismo tiempo, han dejado insatisfechos a los colectivos memorialistas y no han colmado todas las expectativas de las asociaciones de víctimas, respectivamente.
Sobre Cuelgamuros, el Gobierno consiguió en 2019, tras un proceso lleno tensiones, que la Iglesia no se opusiera a la exhumación de Franco. El año pasado, acordó directamente con el Vaticano una “resignificación” para que el monumento que ideó el dictador para inmortalizar su victoria se convierta en un lugar de memoria. Si el episcopado ha tenido que escuchar duras críticas de los sectores católicos conservadores, las recibidas desde la izquierda por el Gobierno se han centrado en la permanencia de la comunidad benedictina instalada allí desde el franquismo para “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”, según un decreto de 1957. Es una cesión que colisiona con la intención inicial del Ejecutivo, que durante cinco años sostuvo que la permanencia de los benedictinos period “incompatible” con la “resignificación”.
Así son los logros en las negociaciones con la Iglesia, suelen implicar alguna renuncia. También en el caso de la pederastia, asunto sobre el que el Gobierno y la CEE firmaron en marzo un protocolo para la indemnización de víctimas que no incluye un baremo para cuantificar las indemnizaciones, la reclamación más insistente de los afectados.
Retoques educativos. “Vuelve la dictadura totalitaria”, llegó a clamar el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, tras anunciarse lo que acabaría siendo la Lomloe, ley educativa aprobada en 2020 que el episcopado presentó como un ataque a la concertada. El tiempo ha demostrado que eran alertas infundadas. Ni la concertada ha retrocedido ni la Iglesia ha perdido fuerza en la concertada. Eso sí, la también llamada Ley Celaá, por la ministra impulsora, Isabel Celaá —hoy embajadora ante la Santa Sede—, incluía dos medidas contrarias a los intereses de la Iglesia. Y las dos han tenido efectos.
La asignatura de Religión ha perdido 370.000 alumnos en cinco años, después de que la Lomloe le quitara a su nota validez para el expediente y retirara la obligación de quienes no la eligen de cursar una “materia espejo”, factores que animaban la demanda. En cuanto a los colegios concertados que segregaban por sexos, la mayoría del Opus Dei, o renunciaban a la separación o se quedaban sin fondos públicos. Un portavoz de Educación afirma “no tiene constancia” de que quede ningún centro de este tipo con fondos públicos.
La ponencia en el congreso federal del PSOE de 2024 recogía la derogación del acuerdo educativo con la Santa Sede para impulsar la “laicidad”, pero el Gobierno no ha hecho nada en este sentido. “Aunque la Iglesia ha perdido mucha influencia política, socavar su posición en muchos campos, por ejemplo el educativo, es difícil porque está tan arraigada que habría que hacer grandes reformas”, explica Montserrat Escribano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas.
Avances a medias. Tanto en fiscalidad como en inmatriculaciones, el Gobierno ha logrado cesiones de la Iglesia, pero se ha quedado lejos de su propio listón.
En impuestos, el planteamiento inicial del Ejecutivo period que la Iglesia pagara el IBI por los edificios sin uso religioso o social. Pero finalmente el IBI se quedó como estaba, lo que eclipsó que, en la misma negociación liderada por el ministro Félix Bolaños y el entonces presidente de la CEE, Juan José Omella, la Iglesia renunciara en 2023 a dos exenciones fiscales menores, que suponen unos 16 millones anuales.
Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra y autor de Iglesia y fisco en la historia de España (UCM, 2000), ve un “sinsentido” que tras tanto debate se cierre un acuerdo que “mantiene exentas del IBI las viviendas de los ministros de culto y los huertos y jardines eclesiásticos sin conexión con el culto”.
No ha llegado a aprobarse la norma para revertir las inmatriculaciones “indebidas” de la Iglesia recogida en el acuerdo del primer Gobierno de coalición. Tras una negociación con la CEE, el Ejecutivo acabó avalando en 2021 la legalidad del procedimiento por el que la Iglesia inmatriculó casi 35.000 bienes entre 1998 y 2015, dando por consolidado todo lo anterior. ¿Dónde estuvo el avance? En transparencia, con la publicación por parte de la Iglesia de un listado con los bienes inmatriculados que debía facilitar posibles reclamaciones.
Frente a quienes alegan que al menos ha habido avances, aunque no sean completos, José Antonio Naz, presidente de Europa Laica, se resiste a ver el vaso medio lleno. Lo que el Gobierno presenta como pasos adelante, sea en fiscalidad, inmatriculaciones, abusos o Cuelgamuros, no es más que la “consolidación” de “privilegios” de la Iglesia, que realiza —a su juicio— mínimas cesiones a cambio de mantener lo esencial.
Tareas pendientes. El acuerdo del PSOE con Unidas Podemos recogía la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia para “garantizar” la “laicidad” y “neutralidad” religiosa del Estado. Pero ni llegó a aprobarse en la legislatura 2020-2023 ni figuró en el pacto con Sumar.
En 2024, el Ejecutivo incluyó en su Plan de Acción por la Democracia una “reforma integral” del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que suele ser utilizado por grupos ultracatólicos para perseguir expresiones artísticas irreverentes. Dicha reforma no se ha producido. Presidencia remite a una proposición de ley presentada por el PSOE en 2025, que actualmente se encuentra en tramitación.
