La economía española avanza con el piloto automático puesto. Su rendimiento, por encima de sus grandes aliados europeos, ya ha dejado de ser una agradable sorpresa para convertirse en un admirable ejemplo. Las previsiones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) no hacen más que constatar el progreso de una economía que hace una década estaba entre los últimos de la clase de la UE y ahora aparece como alumno aventajado. Pero no todo son buenas notas. La economía española aún tiene una larga lista de tareas que afrontar, según se desprende de las proyecciones realizadas por el FMI.
El Fondo proyecta que España crecerá un 2,1% este año, lo que supone una ralentización respecto al 2,8% del año pasado, que se explica por el fin de los fondos europeos y las medidas de apoyo fiscal que el Gobierno desplegó para afrontar la guerra de Ucrania, la disaster inflacionaria y las consecuencias de la guerra de Irán. Aunque hacer predicciones a corto plazo ya es arriesgado, y a más de un año casi un juego de azar, los economistas del FMI creen que la actividad se irá enfriando paulatinamente hasta reducir su desempeño en un magro 1,7% a partir del próximo año.
Y eso que el organismo multilateral calcula un impacto limitado de la guerra de Irán en España, siempre, eso sí, que las cosas no empeoren sustancialmente. Espera que la incipiente disaster energética no afecte excesivamente a los precios e inicie una espiral inflacionaria. Para ello, espera que el IPC repunte hasta el 3% este año para bajar al 2,1% el próximo.
Las mejoras del crecimiento potencial (output hole) parecen diluirse también a partir del próximo año conforme se agotan los efectos de las últimas reformas del Gobierno. En los dos últimos años apenas ha logrado sacar adelante algunas leyes importantes para seguir modernizando una economía, que aún vive de las rentas de la legislatura pasada, cuando se aprobó la reforma laboral, la energética, las pensiones, and many others…
Sanear las cuentas públicas
Aunque el Ejecutivo ha hecho un extraordinario ejercicio de saneamiento de las cuentas públicas, ha conseguido reducir el déficit desde un 10% el año de la pandemia a un 2,4% del PIB en 2025, la cifra más baja en casi 20 años. Es el mayor ejercicio de consolidación fiscal en un menor periodo de tiempo en democracia, pero a tenor de las previsiones del Fondo el esfuerzo se ha acabado porque las previsiones apuntan a que el déficit público apenas variará en los próximos años ante la ausencia de nuevas reformas.
Y eso que la deuda pública sigue asomada a niveles excesivamente elevados. El organismo con sede en Washington constata que el endeudamiento público cerró el año pasado en el 100,4% del PIB, pero a partir de ahora, calcula, la reducción de la tasa de deuda será más escasa. De tal forma que en 2031 no logrará bajar del 90% y eso si no irrumpe otra disaster que obligue al Gobierno de turno a tirar otra vez de recursos públicos para aliviar el golpe.
Los organismos supervisores nacionales e internacionales afean al Ejecutivo que no haya aprovechado estos últimos años de sólido crecimiento para haber hecho un colchón para cuando vengan mal dadas. Aunque ha hecho los deberes en materia fiscal, le ha quedado terreno para haber sacado mejor nota.
La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para abordar la consolidación fiscal necesaria tras la pandemia queda clara con un vistazo a los datos macroeconómicos recopilados por el Fondo. Ha aprovechado los rendimientos extraordinarios del crecimiento económico para sanear las cuentas al tiempo que cambiaba la estructura del gasto público tras años de recortes del anterior Gobierno del PP para afrontar la disaster financiera.
Más gastos y mayor recaudación
El Ejecutivo de Sánchez ha elevado el nivel del gasto público para construir el llamado escudo social. Ha pasado de un gasto del conjunto de las administraciones públicas del entorno del 41% del PIB en 2018, cuando alcanzó el poder por primera vez, hasta una media del 45% del PIB. Los cálculos del Fondo son que se mantendrán en niveles parecidos hasta el last de la década.
Por el contrario, los ingresos han aumentado desde el 37% hace ocho años hasta el entorno del 42%. El organismo presidido por la búlgara Kristalina Georgieva prevé que se eleve hasta el 43% a finales de una década.
El Fondo también hace cálculos en materia de empleo. Calcula que a finales de 2027 habrá casi 23 millones de personas trabajando en España. La reforma de trabajo de 2022 ha cambiado la dinámica del empleo en España. Desde su aprobación se han creado más de tres millones de puestos de trabajo.
Más empleo, pero el mismo paro
Sin embargo, se enfrenta a uno de los obstáculos estructurales. Durante la campaña electoral de hace tres años, el presidente del Gobierno se comprometió a reducir la tasa de paro por debajo del 8% a finales de la legislatura. A tenor de los datos del FMI, no parece que vaya a lograrlo porque la institución financiera proyecta que el desempleo apenas bajará del 10% en los próximos años. Y eso que a finales de la década estima que España contará con una población de más de 52 millones de personas.
Otro de los handicaps detectados por el Fondo es el bajo nivel de inversión. Considera que apenas superará el 21% del PIB a lo largo de la década, un nivel insuficiente dados los desafíos en transición energética y tecnológica que debe afrontar el país.
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