La Audiencia Nacional acoge desde este semana una imagen inusual: una decena de antiguos altos cargos del Ministerio del Inside y de la Policía Nacional, a quienes el Estado encomendó la misión de perseguir delitos, se sientan en el banquillo de los acusados por, supuestamente, cometerlos. Pasadas las 10.00 de este lunes, el tribunal ha dado el pistoletazo de salida al esperado juicio sobre el caso Kitchen, la trama de espionaje al extesorero in style Luis Bárcenas urdida en 2013, cuando este amenazaba con tirar de la manta contra el PP, acorralado entonces por el caso Gürtel. La vista ha comenzado con la fase de cuestiones previas, que las defensas de los dos principales imputados, Jorge Fernández Díaz (ministro del Inside desde 2011 a 2016) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad), ya han aprovechado para lanzar su primera ofensiva. Ambos han pedido que se invaliden algunas pruebas clave incorporadas al sumario —como las grabaciones intervenidas al comisario José Manuel Villarejo—. También han reclamado que se suspenda el proceso por la falta de competencia de la Audiencia Nacional y que se remita la causa a los tribunales ordinarios de Madrid para enjuiciar allí los hechos.
Para tratar de sacar la causa de la Audiencia Nacional, las defensas mantienen la tesis de que Kitchen se ha instruido de manera irregular como una línea de investigación dentro del caso Villarejo (sobre el que tiene la competencia este tribunal), cuando debería haberse abierto un proceso autónomo y enviarlo a los juzgados ordinarios de Madrid. “Kitchen no tiene absolutamente nada que ver con los encargos privados a Villarejo [que se analizan en esa macrocausa dirigida contra el comisario]”, ha subrayado el letrado de Fernández Díaz. Ahora, los magistrados tendrán que pronunciarse en los próximos días sobre su solicitud, a sabiendas del inmenso interés político que ha generado este sumario y que, aceptar esa reclamación, implicaría nuevos retrasos.
Antes del arranque de esta primera sesión, que se ha dado por finalizada sobre las 14.20, la expectación ya period máxima. La Audiencia Nacional, acostumbrada a las complejas tramas de crimen organizado, afrontaba uno de sus días grandes. Decenas de periodistas se han apostado a sus puertas para esperar la llegada de los procesados. José Manuel Villarejo ha sido el único que se ha parado ante las cámaras: “Afronto el juicio con mucho entusiasmo, confío en que la verdad prevalezca”, ha dicho a los reporteros. Mientras tanto, otros acusados (como Fernández Díaz y Martínez) coincidían en un bar cercano a la sede del tribunal ubicada en San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra la primera semana de la vista oral. Allí, mientras tomaba un café y una tostada, el exministro ha observado con atención cómo la televisión desgranaba algunos detalles de lo que le esperaba minutos después. El sumario lo sitúa en la cúspide del espionaje a Bárcenas.
Para la Fiscalía Anticorrupción, Jorge Fernández Díaz jugó un papel essential en la pink corrupta, como “responsable máximo” de Inside, al que se “reportaba” sobre las maniobras ilícitas. Sin embargo, su defensa lo niega. De hecho, este lunes, sentado ya en un extremo de la primera fila del banquillo, el exdirigente in style ha escuchado cómo su abogado, Jesús Mandri, dedicaba sus primeras palabras a tratar de desmontar los cimientos de la acusación que se levanta contra él. A la izquierda del exministro se ha situado su antigua mano derecha, Francisco Martínez (con quien ha intercambiado algunas palabras durante la sesión), y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. El ministerio público pide que se les impongan 15 años de cárcel a los tres por liderar la operación policial sin control judicial activada hace una década para espiar a Bárcenas y robarle materials comprometedor que aún pudiera guardar sobre el PP.
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Comienza el juicio a la cúpula del Ministerio del Inside durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen
La lista de acusados la completan Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado por la trama como confidente y que cobró de los fondos reservados; y otros seis exmandos policiales. Estos son los comisarios José Manuel Villarejo (que no se sienta en el banquillo, sino junto a su letrado al tirar de su condición de abogado), Andrés Gómez Gordo (que fue asesor de María Dolores de Cospedal, ex secretaria common del PP), José Luis Olivera (exjefe de la UDEF y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y Marcelino Martín Blas (exresponsable de Asuntos Internos); así como los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.
El comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, period el undécimo procesado por Kitchen, pero no se encuentra entre los acusados en esta vista oral debido a su mal estado de salud, ya que sufrió un ictus en 2022.
Los magistrados, que calculan que el juicio no acabe hasta finales de junio, han reservado las cuatro sesiones de esta primera semana para la fase de cuestiones previas. Y, sin tiempo que perder, los acusados se han lanzado ya este lunes contra la instrucción para tratar de tumbar la causa desde su origen. Con el abogado de Fernández Díaz a la cabeza, las defensas han denunciado que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que se ha ido más allá de la ley para conseguir llevarlos hasta un tribunal.
En busca de recovecos, el letrado del exministro ha censurado que el juez teacher Manuel García-Castellón mantuviese la investigación bajo secreto durante la mayor parte del tiempo que permaneció activa. Según las palabras del abogado Jesús Mandri, fue una decisión “injustificada”, que careció de “motivación” y que debe llevar a anular toda las pesquisas desde 2018, es decir desde su inicio (lo que abocaría toda la acusación al fracaso, ya que habría que obviar todas las pruebas recabadas después).
Otra parte de la estrategia de Fernández Díaz ha impactado contra uno de los grandes indicios que juega en su contra. El abogado del político conservador ha pedido a los jueces que “expulsen” del procedimiento los mensajes de móvil que Francisco Martínez aportó a la Audiencia Nacional tras llevar a un notario; y que, según dijo, recibió de su jefe en pleno despliegue contra el extesorero. El exministro, que repite que nunca supo nada de Kitchen, niega ser el autor de esos SMS, que hacen referencia explícita al conductor de Bárcenas —“Chófer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”— y al supuesto robo de los dispositivos electrónicos del extesorero y su pareja para acceder a su contenido —“la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”—.
La ausencia del PP
Por su parte, el PSOE, personado como acusación in style, no ha tirado la toalla todavía ante el cerrojazo de la Audiencia Nacional a indagar más allá del Ministerio del Inside. En esta primera jornada, los socialistas han pedido que se declare una nulidad parcial del fin de las pesquisas y vuelvan a reabrirse para investigar la presunta pata política de la trama —con el foco puesto especialmente en María Dolores de Cospedal, ex secretaria common del PP (a quien el magistrado teacher Manuel García-Castellón dejó fuera del juicio)—. “Considero que tiene que haber otras personas sentadas en el banquillo”, ha incidido la abogada del partido de izquierdas, Gloria de Pascual, que ha criticado que se hayan dejado fuera de la causa varios informes policiales que apuntaban contra la cúpula de los populares durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y de la formación conservadora.
Los socialistas no se han quedado ahí y, como avanzó EL PAÍS, han planteado igualmente al tribunal que rectifique y siente en el banquillo al PP como persona jurídica, para que responda como partícipe a título lucrativo o responsable civil subsidiario por la puesta en marcha de la Operación Kitchen. El PSOE insiste en que el partido conservador period el “único” beneficiado de la trama y, por tanto, no tiene sentido que no responda por el desvío de fondos públicos.
Para tratar de afianzar sus acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción también envió hace unos días al tribunal nuevos correos electrónicos que se cruzaron algunos de los principales sospechosos.
