El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, ya de forma definitiva, la ley contra la multirreincidencia en una votación que ha vuelto a dibujar en el marcador del hemiciclo una mayoría parlamentaria poco routine. PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN han vuelto a unir sus fuerzas, como ya hicieran hace un mes, para sacar adelante una reforma del Código Penal orientada a endurecer las penas contra quienes reinciden en delitos de hurto leve o estafa. La norma ha salido adelante con 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones.
La norma ha superado sin sorpresas su último trámite en la Cámara Baja. Aunque lo ha hecho con polémica después de que el Gobierno vetara el martes, a su regreso del Senado, dos enmiendas introducidas por las derechas. Un ajuste que el Ejecutivo ha justificado en la potestad constitucional de frenar iniciativas que impliquen un aumento del gasto público. En concreto, una de las propuestas contemplaba la ampliación de efectivos en extranjería, con la creación de 400 plazas y un coste estimado de 17 millones de euros, mientras que la otra planteaba la incorporación de 491 fiscales adicionales, con un impacto presupuestario cercano a los 54 millones.
Más allá del argumento económico, una de las enmiendas también pretendía frenar la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno, lo que ha contribuido a elevar la tensión política en torno a la tramitación de la ley. En paralelo, PP y Vox habían tratado de aprovechar su paso por el Senado para vincular la lucha contra la multirreincidencia con un endurecimiento de los requisitos en materia de extranjería, especialmente en lo relativo a la concesión de permisos de residencia a personas con antecedentes penales. El veto ha sido acordado en la Mesa del Congreso, lo que ha provocado la reacción inmediata del PP, que ha anunciado la interposición de un recurso al considerar la decisión “muy grave” y denunciando un supuesto “vaciamiento de competencias” de las Cortes Generales. El episodio anticipa un nuevo choque institucional entre ambas cámaras.
Superado ese pulso, el pleno ha procedido a votar el resto de enmiendas incorporadas durante el paso de la norma por el Senado. Entre ellas, ha salido adelante una propuesta del PSOE que introduce un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, con penas de prisión de seis a dieciocho meses o multas de doce a veinticuatro meses, especialmente orientado a los cultivos ‘indoor’ de marihuana, donde es routine el fraude en el suministro.
La ley aprobada modifica tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Legal e introduce un endurecimiento generalizado de las penas. Entre otras medidas, establece condenas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles, que pasan a considerarse un supuesto agravado, tipifica como delito el denominado ‘petaqueo’ -el suministro de flamable en alta mar a narcolanchas- y refuerza la persecución de los robos de materials agrícola. Asimismo, impone penas de seis a dieciocho meses de prisión a quienes acumulen tres condenas por hurto leve aunque el montante complete no supere los 400 euros, y castiga con penas de entre uno y seis años las estafas leves cometidas por multirreincidentes.
Entre otras medidas, establece condenas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles, que pasan a considerarse un supuesto agravado
En el plano procesal, la norma también habilita a los jueces para retirar de forma cautelar contenidos ilícitos en web, bloquear servicios digitales -incluso cuando operen desde el extranjero- y reforzar la adopción de medidas cautelares de carácter private, como la prohibición de acudir a determinados lugares. Además, reconoce a las entidades locales legitimación para ejercer la acción penal en casos de hurtos, ampliando su papel en la respuesta institucional frente a este tipo de delitos.
La iniciativa, impulsada inicialmente por Junts y bloqueada durante más de un año en el Congreso, ha acabado prosperando en un contexto de geometría variable que el Gobierno ha asumido como parte de su estrategia parlamentaria. La reactivación de la norma se produjo en el último tramo de 2025, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y la formación de Carles Puigdemont, que había dado por encallada la legislatura. La aprobación se ha interpretado en clave política como un gesto del Ejecutivo y del PSOE hacia la formación de Carles Puigdemont.
Frente a esta mayoría transversal, los socios habituales del Gobierno -Sumar, Podemos y EH Bildu- han reiterado su rechazo a una norma que consideran ineficaz para combatir los hurtos y alineada, a su juicio, con postulados punitivistas. Por su parte, ERC ha optado por la abstención en las distintas votaciones, manteniendo una posición equidistante en un debate que ha vuelto a fracturar el bloque de la investidura.
