En el marco de un estado de excepción que, en al menos una localidad de Ecuador, ha regido durante más del 70% del tiempo de su gestión, el Gobierno de Daniel Noboa formalizó la implementación de un toque de queda nocturno en nueve provincias y cuatro municipios del país.
La medida, que había sido anunciada el pasado 20 de abril, quedó oficializada en el decreto 370, que establece que la circulación será restringida entre el 3 y el 18 de mayo, en la franja horaria de 23:00 a 05:00.
La prohibición incluye a la capital y abarca las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas situadas en la frontera con Colombia.
Adicionalmente, se aplicará en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar), Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Como resultado, en el segmento horario mencionado, la libertad de tránsito se suma a otros dos derechos fundamentales que están suspendidos bajo el estado de excepción decretado a inicios de abril: la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.
Los únicos exentos de la restricción son los servicios de salud, la fuerza pública y los cuerpos de gestión de riesgos, emergencias y desastres. Asimismo, el decreto dispone la coordinación de acciones que garanticen la continuidad de los servicios públicos, la administración de justicia y el funcionamiento de sectores estratégicos.
Los motivos del toque de queda
Cuando anunció la medida el pasado 20 de abril, el presidente Daniel Noboa afirmó que el objetivo es “profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas”.
En el decreto, el Gobierno sostiene que, según los informes de inteligencia, “se evidencia la configuración de un patrón concentrado de violencia” entre las 23:00 y las 05:00 “en las jurisdicciones en las que actualmente rige el estado de excepción”.
En cifras brindadas por la Policía, que también recoge el texto, entre el 1 y el 20 de abril, en esa franja horaria, “se registraron un complete de 76 homicidios intencionales”, siendo la provincia de Guayas la más afectada, con 40.
Aunque destaca que esto representa un 15% menos que el mismo período de 2025, las nueve provincias alcanzadas por la medida “concentran el 90% de la violencia a nivel nacional y el 86,70% de delincuencia”.
De acuerdo con la inteligencia citada en el decreto, existe además un “efecto ‘post-toque de queda'” ligado a la restricción que rigió entre el 15 y el 30 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
En ese caso, según justifica el texto, cuando venció el cerco, “los actores criminales redireccionaron sus actividades a provincias que no estaban cubiertas con esta medida”, por lo que “no existió una neutralización estructural sino un desplazamiento geográfico de las actividades criminales”.
Teniendo en cuenta estos motivos, el Ejecutivo ve necesario el toque de queda nocturno para reducir el riesgo de la población civil y fortalecer “el patrullaje focalizado, inteligencia preventiva y management de espacios críticos, con el objetivo de anticipar y mitigar la ocurrencia de hechos violentos”.
Una estrategia controvertida y de resultados inciertos
Ecuador se ha acostumbrado a vivir bajo el estado de excepción, sostenido de manera alternada en gran parte de su territorio, desde 2024, cuando Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno”, para desplegar militares en las calles e intensificar la lucha contra bandas criminales, a las que pasó a denominar “terroristas”.
En ese contexto, y en menor medida, el toque de queda fue una opción recurrente. Entre abril y junio de 2025, 22 cantones (localidades) estuvieron regidos por esta restricción, mientras que en septiembre de ese año la prohibición se impuso a cinco provincias de la Sierra, en medio de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
Este año, como se mencionó anteriormente, la medida fue aplicada a Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, entre el 15 y el 30 de marzo.
En ese lapso, según la información oficial, se registraron más de 1.800 detenidos, en gran parte por incumplir la restricción; fueron incautadas cientos de armas y miles de municiones, dinero en efectivo y flamable; fueron destruidas al menos cinco pistas clandestinas y 56 bocaminas donde se extraían minerales de manera ilegal, entre otras acciones.
Pese a la estrategia agresiva adoptada por el Gobierno de Noboa –que este año ha sumado casos puntuales de colaboración con Estados Unidos para bombardear supuestas posiciones del crimen organizado–, Ecuador terminó 2025 con un récord de homicidios, en torno a los 9.300, según cifras del Ministerio del Inside.
Asimismo, organizaciones han denunciado excesos de la fuerza pública y otras violaciones de Derechos Humanos, incluidos en los centros penitenciarios, cuyas condiciones han sido endurecidas por el gobierno.
En una entrevista con AFP, el ministro de Inside, John Reimberg, desestimó las críticas y prometió: “No vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar”.
“¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad”, sentenció.
Con EFE, AFP y medios locales
