Es el tercer caso que salta a la palestra en los últimos meses en la Comunidad de Madrid: la residencia privada Casablanca Vallecas, ubicada en la calle Democracia, 9-B, pretende expulsar a un hombre de 66 años con grado de dependencia III el próximo sábado 9 de mayo. Los otros dos casos, en la residencia pública de Colmenar Viejo y en la Bouco de Carabanchel se han frenado por el momento.
Según denuncia el portavoz de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, (Pladigmare), Miguel Vázquez, “se trata de una residencia privada, pero acreditada por la Comunidad de Madrid que, por lo tanto, forma parte del sistema de Servicios Sociales, para acoger a personas que no tienen plaza en las públicas y cuyos residentes reciben el cheque servicio, de unos 700 euros, para afrontar los gastos”.
El motivo que alega la dirección del centro, que cuenta con una pink de nueve centros repartidos por la Comunidad de Madrid, es que ha habido maltrato que se vierten contra el residente y un acquainted.
Sin rentabilidad empresarial
Desde Pladigmare denuncian que este nuevo intento de expulsión “se encubre la negación de cuidados por no ser económicamente rentable para la empresa”. Y continúa esta asociación en una nota de prensa: “De manera unilateral, la dirección de la residencia resolve no prestar sus cuidados y atenciones a una persona con dependencia III debido a las dificultades que conlleva y les resulta molesto”.
Los otros dos intentos
Los otros dos intentos de expulsar a personas mayores en las residencias de ancianos es el caso de Marcelo, un residente en el centro público de Colmenar Viejo que quieren cambiarlo a la residencia de Villaviciosa de Odón por quejarse de la mala calidad de la comida. Y el segundo es una mujer de 84 años con Alzheimer que se le quiso expulsar del centro Bouco Carabanchel tras las quejas de su hijo por el trato dado a su madre y las numerosas caídas en dicha residencia.
Por ello, desde Pladigmare van a solicitar a la Consejería de Familia, Juventud yAsuntos Sociales, que dirige Ana Dávila, “la paralización y anulación de la expulsión del residente por parte de esa consejería, así como el ofrecimiento de una alternativa”.
Madrid abre una inspección
Esta entidad que trabaja a favor del buen trato a las personas mayores en los geriátricos de Madrid considera que “si esa residencia no puede atender a la persona residente dadas sus patologías, la Comunidad de Madrid debe facilitar una alternativa”. Y recuerda Pladigmare que la ley 12/2022 de servicios sociales de la Comunidad de Madrid garantiza la permanencia de los residentes en los centros mientras persistan las condiciones que originaron su concesión. Este residente entró hace unos meses con las mismas patologías que presenta actualmente. Además, pone sobre la mesa que “se considera falta grave tomar represalias contra usuarios y familias como consecuencia del ejercicio de sus derechos”.
La plataforma ha convocado una manifestación en las puertas del centro para protestar por la medida el próximo sábado de 11 a 13 horas.
El director del centro no ha respondido a La Vanguardia, tras preguntar por este nuevo intento de expulsión de un centro geriátrico privado en la Comunidad de Madrid. Mientras que la Consejería de Asuntos Sociales explica que “se han iniciado las actuaciones inspectoras para revisar la actuación”. En cualquier caso, aclaran desde la Comunidad de Madrid que “el residente, con plaza privada, continúa en la residencia y no se ha procedido a su expulsión”. El desalojo está previsto para el próximo sábado.
