El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye medidas como la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos, el rechazo a la acogida de menores migrantes y la supresión complete de subvenciones a ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, entre otras. En un documento de 23 páginas remitido por ambos partidos, se recogen las medidas acordadas, con una fecha tope asociada para llevar cada una a cabo.
El PP cede a la agenda de la ultraderecha en materia de inmigración y recoge un complete de 12 medidas (más de tres páginas), a pesar de obtener 29 escaños en las pasadas elecciones (casi el triple que Vox, que alcanzó 11). La gran mayoría, además, deberá aplicarse en este 2026. En resumen, los partidos firman un “rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central”, a aplicar “desde el primer día”. En diferentes puntos, las medidas hacen referencia a cuestiones que o bien ya se aplican o bien la Junta no tiene competencia para legislar.
“No más menores extranjeros no acompañados”, recoge la medida que encabeza el bloque de inmigración, donde se incluye también el compromiso de “facilitar y agilizar las repatriaciones y retornos efectivos” de los menores migrantes. No se habilitará ningún nuevo centro de acogida ni se ampliarán plazas en los existentes, se reducirá el gasto authorized “al mínimo” y se endurecerá el régimen disciplinario. Sí se destinará presupuesto, en cambio, para realizar a las personas migrantes “pruebas de determinación de edad” para “evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”.
PP y Vox se comprometen a una “mejora de la sanidad pública extremeña”, para lo que se proponen “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”. Esta medida es una declaración de intenciones con la que los de María Guardiola se acogen al ideario más extremely. Sin embargo, y pese a que la sanidad es una competencia transferida casi de forma íntegra a las comunidades autónomas, debe ser ofrecida a la ciudadanía de acuerdo a las leyes y derechos estatales, entre los que se encuentra una sanidad common . El Gobierno central reforzó recientemente el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, por medio de un actual decreto (180/2026, de 11 de marzo).
El nuevo Ejecutivo se compromete a la supresión complete de subvenciones a ONG que “favorezcan la inmigración ilegal”, es decir, en palabras de Vox y PP, que “actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. En este apartado, alientan el bulo del “efecto llamada”; en este caso, en relación con la ayuda que les prestan las organizaciones. También destinará presupuesto a la creación de una “Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva” para detectar “empadronamientos ficticios”. Asimismo, se incluyen medidas destinadas a “combatir el fraude y la ocupación ilegal”, cuya principal acción es impedir el padrón de quien no acredite un “título habilitante de ocupación de la vivienda o documento equivalente”. Actualmente, en Extremadura ya se requieren documentos que acrediten el uso de domicilio para obtener el padrón.
Según el documento, se “prohibirá el uso del burka y el niqab en espacios públicos” antes de fin de 2026 “en el ámbito de las competencias” de la Junta de Extremadura, que son limitadas. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2013, no obstante, anuló la prohibición del velo integral en Lleida y concluyó que “los ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental de libertad religiosa, destacando la necesidad de la regulación por Ley”. De hecho, el pasado martes el Congreso, con los votos en contra de PP y Vox a ceder competencias migratorias a Catalunya, de cayó el intento de Junts de prohibir el burka.
En el texto no hay mención alguna al colectivo LGTBI, ni a términos relacionados con diversidad sexual o identidad de género. Las medidas centradas en el ámbito acquainted y social mencionan explícitamente a las “familias numerosas”, “familias monoparentales”, “jóvenes”, “personas con discapacidad” y “personas dependientes”, así como el fomento de la natalidad, pero no contienen referencias al colectivo LGTBI.
Vox también impone su agenda en política medioambiental. En esta materia, destaca el sí a las nucleares y las trabas a las energías renovables. “El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional -incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio pure”, reza el pacto.
En este sentido, se compromete a blindar el sector primario frente a la ‘Agenda 2030’, sin especificar cómo. Así ocurre de igual modo con la caza, que se “consolidará como una actividad estratégica suitable con la conversación del medio pure”, según dicen. Ello, al tiempo que simplifican la normativa en Crimson Natura 2000, Crimson de Espacios Protegidos y trámites ambientales y revisan las zonas catalogadas ZEPA y LIC, “con el objetivo de compatibilizar la protección del medio pure con el desarrollo económico, respetando en todo caso la legislación vigente”.
En el ámbito fiscal, se scale back la progresividad, con una bajada progresiva en los primeros tramos del IRPF y una ampliación de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (incluyendo a sobrinos).
Consulta el documento completo del pacto aquí.
