La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada con el acuerdo que desarmó a la guerrilla de las FARC en 2016, investiga estos casos de ejecuciones extrajudiciales como parte de su labor para esclarecer las violaciones más graves cometidas durante el enfrentamiento armado.
En 2021 el tribunal había establecido 6.402 ejecuciones de civiles, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, entre 2002 y 2008.
El martes el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, informó que el tribunal recibió información de nuevas fuentes y amplió el periodo de análisis entre 1990 y 2016, por lo que nuevo steadiness es de 7.837 víctimas.
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“Lo más possible es que incluso esta nueva cifra aumente en el futuro”, dijo Ramelli durante una audiencia.
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El presidente izquierdista Gustavo Petro afirmó en X que “este es el peor crimen de lesa humanidad cometido en las Américas en este siglo”.
Varios militares, incluidos altos mandos, han confesado estos crímenes ante el tribunal, que ofrece penas alternativas a la cárcel a cambio de que cuenten la verdad.
En audiencias ante los familiares de las víctimas, han relatado cómo engañaron a jóvenes para asesinarlos y hacerlos pasar como miembros de grupos insurgentes, en algunos casos por presión de sus superiores.
Los militares recibían a cambio beneficios económicos o días de descanso.
La mayoría de los casos ocurrieron durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), que impulsó una política de mano dura contra las guerrillas. El exmandatario niega que haya sido una directriz de su gobierno.
En septiembre, la JEP condenó por primera vez a la cúpula de las FARC a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros.
Luego sentenció con una medida comparable a un primer grupo de 12 militares en retiro por la desaparición y asesinato y de civiles.
Veinte exguerrilleros declarados responsables de reclutamiento de menores
La JEP también determinó este martes que 20 exguerrilleros de las FARC son “máximos responsables” del reclutamiento de niños para sus filas.
Los imputados hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central de las FARC. Según el tribunal, ellos “ejercieron mando o cumplieron roles determinantes en el reclutamiento de menores”.
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La investigación hace parte del Caso 07 de la JEP, titulado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, que incluye a 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales afectados y 2.025 son víctimas individuales.
“Esto evidencia que el reclutamiento afectó de manera desproporcionada a comunidades históricamente vulneradas. Los pueblos indígenas y afrocolombianos no solo perdieron a sus niños y niñas, sino también vieron afectadas sus estructuras sociales, su continuidad cultural y sus formas de vida”, afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en una rueda de prensa.
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Con EFE y AFP
