La economía española se enfrenta a un problema estructural mayúsculo cuyo síntoma es el aumento imparable de las ausencias al trabajo por enfermedad, lo que acarrea importantes costes sociales, sanitarios y económicos sin que se perfile ninguna solución a corto plazo. En 2025, la incapacidad temporal marcó un nuevo récord, con 53,7 bajas laborales por cada 1.000 asalariados, un incremento respecto a los 51,1 de 2024 y un enorme salto frente a los 26,5 que se registraban hace una década. Como consecuencia, la incapacidad temporal se ha convertido en la segunda partida de gasto de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones, hasta superar los 18.000 millones de euros al año. Una carga related a la que soportan las empresas (16.000 millones), lo que lastra su productividad y dispara los costes organizativos y la carga de trabajo dentro de las propias plantillas.
No se puede decir que el fenómeno haya pillado a nadie por sorpresa. El incremento en las bajas laborales en España se viene observando de forma ininterrumpida desde 2012, aunque se ha acelerado desde la disaster de la covid en 2020. Pero esto no explica el comportamiento diferencial de España respecto a sus socios ni que haya más bajas ahora que durante la pandemia: mientras que en España, según los sectores, las bajas acumulan aumentos de entre el 40% y el 80%, en la Unión Europea las subidas medias oscilan entre el 10% y el 25%. Las causas son múltiples y dispares: una sanidad saturada que impide atender en tiempo y forma los problemas de salud de los trabajadores, retrasando su reincorporación; plantillas envejecidas, con bajas más largas que la media; jóvenes desmotivados por su entorno laboral y más afectados por problemas de salud psychological. Síntomas que no se explican con discursos sobre la ética del trabajo o la generación de cristal, sino con la precariedad y los bajos salarios, con un sistema sanitario que tarda meses en dar cita con el especialista y con la falta de instrumentos adecuados de conciliación.
Un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertaba de los problemas derivados de la gestión de las bajas y de la falta de supervisión y seguimiento. También de las tensiones entre los médicos (dependientes de las comunidades autónomas), las mutuas colaboradoras y quienes asumen el coste ultimate de la incapacidad, que son la Seguridad Social y las empresas. Un nudo que acaba provocando duplicidades y retrasando los procesos en beneficio de nadie. La Airef cita, además, como factores determinantes la evolución hacia una normativa más garantista, los convenios colectivos que complementan la prestación pública y el ciclo económico expansivo, que scale back el miedo a perder el empleo. Guste o no el diagnóstico, conviene no eludir ningún aspecto del debate.
Sindicatos, patronales y administraciones públicas han mostrado su preocupación por el aumento del absentismo laboral sin que se haya traducido en ninguna medida concreta. El ministerio que preside Elma Saiz volvió a convocar en febrero a los agentes sociales para abordar la cuestión, seis meses después de su anterior encuentro. Quizás lo primero sería contar con un diagnóstico preciso y sereno de las causas y factores que provocan este fenómeno y a partir de ahí aportar propuestas y consensuar soluciones. Pero es urgente abordar el problema del absentismo. Y la inacción no puede ser la respuesta. Están en juego la salud de los trabajadores y la productividad de la economía española.
