Antes del 4 de febrero, el 46% de arrestados no tenía cargos ni condenas.
Después, esa proporción bajó al 41%.
Aun así, se mantiene por encima del promedio del 35% del mandato.
En varios estados, la proporción incluso aumentó tras los cambios.
Esto ha alimentado cuestionamientos sobre los objetivos reales de la política migratoria.
La ofensiva continúa, pero con ajustes visibles tras la controversia.
