La confesión del exgobernador Álvaro Pacheco ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) retrata con crudeza la forma en que los grupos paramilitares penetraron las instituciones locales en Caquetá, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia. En sus tres declaraciones reservadas, conocidas por Caracol Radio, el político del Partido Liberal admitió ante la justicia transicional que pactó con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), recibió financiación de ellas para sus campañas electorales y permitió que actuaran con libertad mientras él ascendía en su carrera.
Pacheco, alcalde de la ciudad de Florencia entre 2001 y 2003, representante a la Cámara del 2008 al 2014 y gobernador del departamento amazónico entre 2016 y 2019, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años y cinco meses de prisión por parapolítica. Tras someterse a la JEP, fue excarcelado en 2024. No purgó toda su pena en la justicia ordinaria; su proceso sigue abierto porque no ha concluido la fase de reparación de las víctimas y, pese a ello, ha aprovechado la libertad condicional para intentar mantener su poder político a través de su esposa, la congresista liberal Gilma Díaz.
En su comparecencia dentro del marco del macrocaso 8 —centrado en los crímenes cometidos por agentes del Estado en alianza con paramilitares o terceros civiles—, el exmandatario reconoció que sostuvo acuerdos políticos y económicos con estructuras paramilitares ligadas primero a Carlos Castaño y luego a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Según su relato, las AUC también respaldaron electoralmente a sus candidatos en distintos municipios del departamento.
“Pedíamos financiación para campañas futuras, que apoyaran a los candidatos nuestros”, declaró Pacheco ante los magistrados. También explicó que pedía permiso para hacer campaña en territorios bajo management de las autodefensas, y que estas no solo hablaban con los líderes comunales para que lo apoyaran, sino que impedían el ingreso de movimientos rivales.
Las declaraciones describen una relación sistemática entre el poder native y los paramilitares. El político admitió que permitió el accionar felony de estos en Florencia, que conocía los lugares desde los cuales operaban y que sabía que allí se coordinaban extorsiones contra comerciantes de la ciudad.
El exmandatario reconoció que entregó ayudas logísticas y económicas a las AUC, incluidos medicamentos, uniformes deportivos y vehículos. También aceptó que compartía información con los paramilitares y que, en lugar de combatirlos, les pedía moderar algunas prácticas violentas, especialmente dentro del casco urbano. “Les exigíamos que pararan los homicidios dentro del perímetro urbano y que no exageraran con la extorsión”, afirmó.
Según su relato, el vínculo con las autodefensas también involucró a funcionarios suyos, como quien fuera su secretario de Gobierno, Néstor Oswaldo Martínez (fallecido), que habría actuado como enlace con los armados, mientras otros funcionarios suministraban información sobre contratistas y empleados públicos que luego eran extorsionados.
El exgobernador sostuvo además que distintos sectores de la institucionalidad regional terminaron permeados por las AUC, y que él mismo intercedió ante oficiales de la fuerza pública para que redujeran la presión sobre los paramilitares.
Del banquillo a la plaza pública
A pesar de no tener resuelta su situación jurídica y de la gravedad de los delitos que ha confesado, el exmandatario aprovecha su libertad condicional para seguir participando activamente en política.
A comienzos de este año, en las mismas semanas en las que preparaba su última comparecencia ante la JEP (el 24 de febrero), apareció en fotos y movies para invitar a votar por su esposa. La pareja incluso atendió de manera conjunta varias entrevistas, en las que Pacheco se presentó como asesor.
Díaz, quien no fue reelegida en los últimos comicios legislativos, respalda hoy la aspiración presidencial de Paloma Valencia. Consultado sobre el proselitismo con el parapolítico confeso, el veedor nacional del Partido Liberal, Rodrigo Llano, dijo que las responsabilidades penales son personales y no familiares, y que Pacheco ya le pagó a la sociedad con cárcel.
La Comisión Authorized de Ética de la Cámara de Representantes tampoco planea tomar acciones. En opinión de su presidente, Juan Fernando Espinal (Centro Democrático), en este caso no hay mérito para indagar.
