Agarrados al burofax: el último “balón de oxígeno” para alargar las condiciones del alquiler | Vivienda | Economía

El pasado 21 de marzo marcó un punto de inflexión para miles de inquilinos. Ese día entró en vigor el real decreto que permite, durante al menos un mes, solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los contratos de alquiler de vivienda que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. La medida, incluida en el paquete del Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán, activó una carrera contra reloj entre arrendatarios que buscan blindar sus contratos. El texto, que también fija un tope del 2% a la actualización anual de las rentas, ha revuelto el mercado y ha disparado el interés por acogerse a la norma mientras siga vigente. Pese a que no hay cifras del impacto que ha tenido hasta ahora la entrada en vigor del decreto, los promotores de esta iniciativa de concienciación al inquilino (Sumar y organizaciones que defienden el derecho a la vivienda) hablan de miles de casos notificados a los caseros, sin precisar más.

“Se nos saturó la página”, asegura Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. “Desde entonces hemos recibido más de 200.000 visitas, y cerca de 5.000 usuarios se han descargado alguno de los modelos que ofrecemos para completar el fax y comunicarse con los caseros”, explica. El aluvión se repite en otras comunidades. “De las 4.044 solicitudes de información registradas a nivel nacional, 989 proceden de Cataluña”, detalla Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña. Desde Facua-Consumidores en Acción han contabilizado también envíos a más de 200.000 socios de un formulario a cumplimentar que han preparado específicamente para solicitar la prórroga.

En Sumar, la formación que trata de recabar apoyos in extremis para que la prórroga no decaiga cuando llegue al Congreso, también dan cuenta del interés generado: dicen haber recibido “cientos de consultas y peticiones de asesoramiento jurídico”. Sobre los resultados de las plataformas anteriores, recalcan que estos datos “ponen de manifiesto la expectación que existe alrededor de la prórroga”.

Este tipo de datos conforman el único perímetro estadístico disponible para medir las interacciones entre inquilinos y caseros que está provocando una norma que es posible que deje de estar en vigor a finales de este mes por el rechazo mayoritario que genera entre los partidos de la derecha, pese a la campaña de contactos que ha iniciado Sumar con todas las formaciones ―el PP ha rechazado el encuentro― para revertir su posicionamiento. Y es que no existe un registro que permita contabilizar cuántos burofaxes, cartas con comprobante o emails certificados ―las tres vías válidas para hacer la solicitud― se han enviado solicitando la moratoria. Aun así, fuentes del sector inmobiliario admiten que en las últimas semanas se ha intensificado el uso de estos canales para solicitar la prórroga, aunque no exista un registro oficial que permita cuantificarlo.

“De las 100 personas que estamos en un grupo de afectados, unas 20 hemos enviado ya el burofax”, sostiene César Sanjuán, vecino del barrio de Buenavista, en Madrid. Pocos días después de la publicación en el BOE de la prórroga, envió la solicitud al casero de su piso, el fondo Blackstone, del que no ha recibido respuesta. “Descargamos del modelo de la página del Sindicato de Inquilinas de Madrid”, cuenta al otro lado del teléfono.

Hace dos meses, en febrero, Sanjuán recibió un burofax procedente del que es uno de los mayores tenedores de vivienda de la capital ―y al que el Ayuntamiento vendió en 2013 una cartera de 1.800 viviendas públicas―, donde le informaban de que no iban a renovarle el contrato, y que el próximo 30 de junio debía abandonar el piso, en el que vive con su mujer y sus dos hijos, y entregar las llaves. “Llegamos aquí en 2006 y no nos vamos a ir. Empezamos pagando 550 euros y ahora estamos en 1.080″, explica. “Esta prórroga es un balón de oxígeno enorme”, añade. Sanjuán tiene claro que, pese a que decaiga el actual decreto, se puede pelear en los tribunales. “Es lo que nos están diciendo, y vamos a muerte con ello”, adelanta.

Joan Artieda, a sus 28 años, comparte piso con otros dos compañeros. Los tres trabajan en el sector social, y tienen “buenos sueldos para poder vivir con dignidad”, detalla. Sin embargo, su contrato está a punto de expirar, después de cuatro años en un piso en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona, por el que pagan 962 euros. “Hemos enviado el burofax porque tenemos miedo de quedarnos en la calle en un momento en el que los precios de las viviendas están disparados”, concede por teléfono.

Artieda cube que, pese a no haber recibido ninguna comunicación previa por parte de su casero advirtiéndole de la no renovación de su contrato, un vistazo al mercado le ha bastado para que se le dispare el “miedo” a tener que volverse a casa de sus padres. “Sería algo humillante, porque somos gente con estudios, con trabajo, que nos va relativamente bien, pero que con lo caro que está todo no nos llega para pagar lo que se pide por un piso ahora en esta zona”, lamenta.

Situaciones anteriores

La aprobación del actual decreto con la prórroga ha generado bastante revuelo en el entorno judicial. “Aunque he hablado con muchos compañeros, todavía no he encontrado ningún argumento jurídico que apuntale la thought de que, si la norma decae en el Congreso, esas prórrogas quedarían invalidadas”, concede Javier Rubio, abogado experto en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Para defender la vigencia del texto ahora en vigor, recuerda otras situaciones del pasado. “Los contratos de renta antigua dejaron de poder firmarse en 1985, y eso no ha impedido que haya algunos que todavía hoy sigan vigentes”, relata. “En la normativa de arrendamientos urbanos española, la regla es que los contratos se rigen por el marco authorized que estaba en vigor cuando se firmaron”, remacha Rubio.

Un detalle relevante que recuerda este abogado es que los inquilinos que envíen el burofax ―que tiene un coste de entre 20 y 30 euros―, o quienes estén pensando en hacerlo, si tienen algún intermediario en su contrato ―una agencia inmobiliaria o una empresa gestora del alquiler, por ejemplo―, deben reenviarles también una notificación (en este caso puede ser un correo electrónico) con una copia del burofax remitido al casero, junto con el acuse de recibo, para evitar posibles conflictos con terceros.

Pese al ingente volumen de consultas y de descargas de formularios que celebran los sindicatos de inquilinos en las últimas semanas, José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), afirma que, tras haber realizado un sondeo a nivel nacional entre sus asociados, “ni en un 1% de los alquileres se está produciendo esta solicitud de prórroga a través del burofax”. Las pocas que se han dado se localizan, principalmente, “en Cataluña y Asturias”, indica. En su opinión, este tipo de actuaciones, junto con otras que se han llevado a cabo en los últimos años ―como la intervención de los precios en las zonas declaradas tensionadas―, se han “cargado” el mercado del alquiler. “Hemos perdido el foco: el problema no lo tienen quienes ya están dentro, sino los de fuera, que no encuentran la forma de entrar en un piso en el que quedarse”, advierte.

Desde el Ministerio de Consumo califican la respuesta social a la prórroga de alquileres de “abrumadora”, y defienden que “ha habido una auténtica avalancha de peticiones”. Sobre la base de este movimiento, adelantan: “Si la gente se sigue organizando, si los inquilinos solicitan la prórroga, vamos a hacer que sea imposible votar en contra de este actual decreto ley”.

Estimaciones al alza

La falta de un registro que permita cuantificar los burofaxes enviados impide, sin embargo, medir el verdadero impacto de la prórroga. Pero a este agujero estadístico se le suma otra incógnita superior: cuántos inquilinos podrían acogerse realmente a ella. El Ministerio de Consumo estima que son algo más de un millón de contratos ―en los que viven 2,6 millones de personas―, los que vencerían dentro de los plazos que fija la norma. La cifra se calcula a partir de los arrendamientos firmados en 2021 y 2022, que, con una duración mínima authorized de cinco años, deberían expirar este año o el próximo.

No obstante, se trata de una estimación al alza. Para afinar el dato, habría que descontar los contratos que ya habían vencido antes de la entrada en vigor del decreto y aquellos que se hayan extinguido de forma anticipada, una posibilidad prevista por ley tanto para inquilinos como para propietarios, por ejemplo, por necesidad de uso propio o acquainted. Además, los contratos firmados con personas jurídicas tienen una duración mínima de siete años, por lo que quedarían fuera del cómputo, y la estimación no incluye datos del País Vasco ni de Navarra, al basarse en información fiscal de Hacienda, no de entidades forales.

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