Los grupos han llegado a un primer acuerdo para sacar adelante la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles por la tarde el dictamen de la norma que lleva al Código Penal este tipo de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género La ley tendrá que seguir ahora su tramitación en el pleno, donde podrá ser sometida aún a cambios.
Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.
La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad ethical. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.
Los grupos alcanzaron posturas el pasado 17 de mayo y casi hasta este miércoles han estado negociando para lograr el apoyo de Junts al texto, que junto al PNV mostró dudas sorbe algunos puntos de la redacción, según fuentes parlamentarias. Finalmente, la norma ha salido adelante con el voto en contra de PP y Vox y ha incorporado una enmienda transaccional que suma a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. También añade multa de ocho a 24 meses para quien lleve a cabo estos métodos.
“Criminalizar las terapias es la única manera de frenarlas”, ha justificado el diputado Víctor Gutiérrez, del PSOE, partido impulsor de la iniciativa. “Son una forma de violencia, de tortura psicolóica y a veces física, que han aprendido a adaptarse y se disfrazan de consultas, grupos de acompañamiento o de retiros espirituales”, ha proseguido. Gutiérrez ha señalado que “ninguna persona LGTBI tiene que ser reparada ni corregida” y ha cargado contra los recortes de las leyes LGTBI y Trans que PP y Vox han llevado a cabo en algunas comunidades como Madrid o Valencia. “Lo que han hecho con eso es abrir la puerta a las terapias de conversión a las personas trans”, les ha dicho.
“Un paso incompleto”
Por su parte, los socios del Gobierno han coincidido en reclamar al PSOE una mayor ambición de la norma y que no solo se limite al abordaje penal. “No basta. Cuando se envía a un retiro a un chico de 16 años para corregirle, determine denunciar y se queda solo sin familia y sin recursos, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué pasa después? La condena penal es imprescindible, pero no paga un alquiler y no garantiza la independencia económica”, ha afirmado la diputada de ERC Teresa Jordà.
A lo mismo se ha referido Tesh Sidi, de Sumar, que ha apuntado a la “victoria a medias” que supone la votación de este miércoles y ha afeado al grupo parlamentario socialista su oposición a la enmienda que propone ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. Una medida que, junto a ERC y Sumar, apoya Compromís y EH Bildu y que se mantendrá viva de cara al pleno.
En este sentido, Bel Pozueta, diputada de Bildu, ha recordado que Naciones Unidas califica estos métodos como “tortura” y ha lamentado que la ley sea “exclusivamente” una reforma penal. “Nuestro grupo no es punitivista, no creemos que la respuesta a todas las violencias pase por endurecer el Código Penal”, ha afirmado la parlamentaria, que ha definido la votación como “un paso incompleto”.
La oposición de PP y Vox
El Partido Common, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la ley, se ha opuesto al dictamen porque a pesar de afirmar que la formación “comparte el principio básico de que ninguna persona debe ser sometida a prácticas coercitivas que atenten contra su integridad física o ethical”, el grupo apela a la “seguridad jurídica” que a su juicio no garantiza la norma. “Apostamos por una regulación más garantista, precisa y respetuosa con los principios fundamentales del Estado de derecho”, ha afirmado Sofía Acedo.
Los populares mantendrán por eso vivas sus enmiendas en el pleno del Congreso, con las que buscan entre otras cosas sustituir el término “identidad de género” por el de “identidad sexual” en todo el texto o incorporar al artículo del Código Penal la coerción como elemento clave con el objetivo de “delimitar con rigor y proteger las actuaciones de acompañamiento y apoyo legítimas” a las personas LGTBI.
También Vox ha afirmado estar en contra de las terapias de conversión, pero “entendiéndolas como tratamientos forzados e impuestos”, ha afirmado María Ruiz Solás, que asegura que la ley pretende “limitar libertades” y el Gobierno busca “imponer su ideología a golpe de Código Penal”. La diputada ha defendido “la libertad y el derecho de los padres para velar por sus hijos” y ha acusado a los grupos que apoyan la norma de “acabar con la libertad de las personas homosexuales al acabar con el consentimiento”, ha dicho en referencia a la enmienda incorporada al texto.
