Corría el año 2021 cuando Dinamarca saltó a la palestra informativa al aprobar una ley que permitiría enviar a terceros países fuera de la UE a las personas que hubieran pedido asilo en su territorio. La norma, que contemplaba incluso abrir centros de detención, no fructificó, pero supuso poco menos que un escándalo político porque muchos juristas y organizaciones consideraron que traspasaba líneas rojas jurídicas y políticas y podía poner en riesgo derechos reconocidos internacionalmente. Después llegó el Reino Unido con un plan de deportaciones a Ruanda impulsado por Rishi Sunak e Italia dio un paso más al abrir un centro de detención en Albania al que incluso llegó a enviar a un grupo de solicitantes de asilo.
