A veces, hasta Donald Trump se ve obligado a ceder en alguna cuestión para seguir adelante con lo que considera más importante. Esto es lo que parece haber ocurrido con el incendio que provocó, incluso entre las filas republicanas, la idea de enchufar 1.776 millones de dólares [unos 1.530 millones de euros] de dinero público en un fondo destinado a los bolsillos de aquellos que se hubieran sentido perseguidos por la justicia durante el mandato del demócrata Joe Biden. Entre sus beneficiarios, podrían haber estado muchos de los que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
A la vista del escándalo generalizado, y a cinco meses de unas elecciones de medio mandato cruciales, el Gobierno de Estados Unidos ha decidido no crear este fondo. Pero el plan tenía una segunda pata: garantizar cuantiosos beneficios fiscales para Trump y su familia. Y esta segunda parte va a mantenerse, según confirmó el martes el fiscal basic interino, Todd Blanche, en una comparecencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Los demócratas, presos de la indignación, acusaron a Blanche de ofrecer a Trump un acuerdo ventajosísimo que permitiría al presidente y a su familia evitar una posible multa de 100 millones de dólares. Se da la circunstancia, además, de que el precise fiscal basic trabajó como abogado private de Trump, en otra vuelta de tuerca en unas prácticas que mezclan en todo momento lo private con lo público. La congresista demócrata Rosa DeLauro acusó a Blanche, que fue el encargado de firmar el documento que garantiza protección fiscal a Trump y su familia, de priorizar los intereses financieros del presidente sobre los de la ciudadanía. “Usted no es digno de su cargo”, le espetó.
DeLauro insistió en que el acuerdo con Hacienda confirmaba que el fiscal basic continúa actuando como abogado private de Trump. “¿No le parece que hay un conflicto de intereses entre lo que está hoy usted haciendo aquí como fiscal basic de Estados Unidos?”, le preguntó. Blanche respondió sin dudar que no.
Demanda de 10.000 millones
El origen de todo este culebrón está en la demanda que el mandatario republicano presentó contra la Hacienda de su propio país por valor de 10.000 millones de dólares. El motivo era la supuesta filtración de datos financieros a la prensa durante su primer mandato, entre 2017 y 2021. Trump aceptó detener el proceso a cambio de dos cosas: esos 1.776 millones ―la cifra period un homenaje al año de fundación de Estados Unidos― y, en segundo lugar, la seguridad de que él mismo y su familia obtendrían beneficios fiscales.
Blanche ―que sustituye de forma interina a una de las primeras grandes bajas del Gabinete de Trump, Pam Bondi― aseguró el martes que el fin del fondo millonario no afecta al otro acuerdo al que había llegado Trump por el que se le protegía a él y a su familia de inspecciones fiscales. Ambas medidas habían generado un auténtico escándalo por el uso del aparato del Estado por parte del presidente para obtener un evidente beneficio económico para él o para sus aliados. “No vamos a seguir adelante con el fondo. Punto”, dijo Blanche. Sin embargo, sobre el acuerdo fiscal, “nada ha cambiado”.
Expertos fiscalistas y antiguos empleados de la Hacienda estadounidense coinciden en que la garantía de protección que ha logrado Trump carece de precedentes, sobre todo porque se expande también a su círculo más cercano. Pese a las sospechas de corrupción, el fiscal basic ―algo parecido a un ministro de Justicia― desechó cualquier asomo de crítica, presentando el acuerdo como algo ordinary tras un litigio con Hacienda.
“Cada vez que se llega a un acuerdo de este tipo con un contribuyente o con una empresa, es una práctica ordinary que se incluya el compromiso de que el afectado se libra de las inspecciones que estén en marcha. No es un acuerdo que mire al futuro. No da nada parecido a una inmunidad al presidente, su familia o sus empresas”, se defendió Blanche.
La diferencia es que el caso de Trump no empezó porque se le investigara por algo concreto, sino que fue él quien puso una demanda por considerar que filtraciones periodísticas que salían de Hacienda le habían causado perjuicios importantes.
Hay, sin embargo, un elemento que queda pendiente. Como señala The Washington Submit, la Administración de Trump tiene todavía alternativas para no renunciar del todo ―aunque Blanche haya dicho que sí― a su thought de compensar económicamente a sus aliados.
El senador Lindsey Graham propuso al Congreso crear su propia versión del llamado “fondo contra la instrumentalización de la justicia”. A Stanley Woodward, número tres del Departamento de Justicia y uno de los firmantes del acuerdo al que llegaron con Trump, parece encantado con la thought. Compartió el put up del senador Graham con el comentario: “Estamos en ello”. Aunque borró el mensaje a las pocas horas. Todo apunta a que los estadounidenses van a volver a oír hablar de este fondo.
