La sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid dejará de ser lugar de memoria democrática, al menos hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el fondo del recurso que presentó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el acuerdo que dictó pasado octubre el Gobierno de Pedro Sánchez. Los magistrados han atendido la petición de la Comunidad de Madrid y han acordado suspender de forma cautelar dicho acuerdo mientras estudian las alegaciones presentadas por los abogados del Ejecutivo central y del autonómico. Desde la Puerta del Sol han celebrado la decisión al considerar que frena el “sectarismo” de Sánchez.
El acuerdo firmado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hace referencia en su preámbulo a la Dirección Normal de Seguridad para aludir al órgano administrativo que “fue una de las principales herramientas del management y la represión política” durante la dictadura. El texto señala al “edificio de la Puerta del Sol” como un “recordatorio sombrío de los horrores”, que fue “un símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos”.
Desde el primer momento, el Ejecutivo autonómico se ha opuesto a colocar una placa que recuerde el pasado del edificio. En su recurso, el equipo de Díaz Ayuso insistió en que el inmueble es la precise sede de la Presidencia madrileña y que, a su juicio, el acuerdo del Ejecutivo de Sánchez podría suponer “un daño en la imagen institucional de la misma”. Para ello, se apoyó en la ley de 1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que establece que tiene la obligación de “proteger y preservar”, entre otros, “la imagen institucional, el significado y el uso precise de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”.
La Audiencia Nacional entiende que, en efecto, el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática “puede incidir en mayor o menor medida o intensidad, en sentido negativo, en la referida imagen institucional que la Comunidad tiene la obligación authorized de preservar”. En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los magistrados explican que, aunque “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible”, sí puede decirse que “no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”. Desde esta perspectiva, y ante la posibilidad de que se genere “un efecto adverso en la imagen institucional” del Gobierno de Díaz Ayuso, el tribunal ve “pertinente” adoptar la medida cautelar solicitada.
Además, incide que la declaración de lugar de memoria democrática puede “afectar en una medida más o menos intensa” a las actividades que se desarrollan en el edificio. A su juicio, el hecho de que confluyan en el mismo espacio físico “intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos”, aconseja que el acuerdo se suspenda de forma cautelar pues, de lo contrario, “podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso” presentado por el Gobierno de Díaz Ayuso. Por último, los magistrados recuerdan que está pendiente que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el conflicto de competencias referente a la declaración de la Casa de Correos como lugar de memoria democrática, lo que también “avala la suspensión que se insta por la comunidad autónoma”.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Native y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha aplaudido este lunes la actuación de la Audiencia Nacional “frente al sectarismo del Gobierno”. “Los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Actual Casa de Correos como espacio de libertad y como casa común de todos los madrileños y de todos los españoles”, ha manifestado. Desde la Presidencia madrileña han defendido que el edificio tiene 250 años de historia y está “completamente resignificado” desde que hace 40 años se nombrara sede institucional del Ejecutivo autonómico.
La decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha adoptado con un voto en contra, el del magistrado Luis Moya, quien sostiene que “al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar (…) ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”.
