¿Estás de acuerdo en que la provincia de Alberta debería dejar de formar parte de Canadá para convertirse en un estado independiente? Esta es la pregunta que muchos de los votantes de esta región, fronteriza con Estados Unidos, deberán responder después de que el grupo separatista “Keep Free Alberta” recogiera las firmas necesarias para convocar un referéndum. Se necesitaban 178.000; consiguieron 300.000. Este hecho marca un antes y un después para la provincia, que ve cómo sus aspiraciones secesionistas se acercan bajo la atenta mirada de Washington y Moscú.
El afán de libertad de esta región es un movimiento que lleva décadas existiendo en Canadá, pero ha ganado impulso en el último año, tras la victoria del Partido Liberal, liderado por el primer ministro Mark Carney, en las elecciones federales. Alberta es la cuarta provincia más poblada del país y una de las más ricas. Su atractivo, más allá de los frondosos bosques e inmensos lagos que atraen a turistas de todo el mundo, reside en sus recursos naturales. Su situación geográfica es clave para la explotación de yacimientos de carbón, gasoline y petróleo, lo que la convierte en la mayor exportadora de crudo de la nación.
La provincia produce más del 80% del petróleo canadiense y el 60% de su gasoline pure. Aporta el 15% del PIB nacional pese a representar solo el 12% de la población, pero no recibe pagos del sistema federal de nivelación que sí beneficia a provincias como Quebec o Manitoba. Muchos albertanos consideran que Ottawa les impone regulaciones medioambientales, un impuesto al carbono y trabas a la construcción de oleoductos que limitan su capacidad de exportar energía, mientras la riqueza generada en la provincia financia al resto del país sin un retorno equivalente.
Funcionarios estadounidenses se han reunido múltiples veces con los separatistas
A este malestar estructural se suma ahora un issue geopolítico sin precedentes: la presunta injerencia de la administración Trump. Funcionarios del Departamento de Estado estadounidense se han reunido al menos tres veces con el Alberta Prosperity Undertaking, grupo que impulsa el referéndum, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llegó a describir públicamente a Alberta como “un socio pure para EE. UU.”, alimentando las esperanzas separatistas. Los líderes del movimiento han solicitado a Washington una línea de crédito de 500.000 millones de dólares para respaldar a la provincia en caso de que el referéndum prosperara, una petición a la que el primer ministro Mark Carney ha respondido exigiendo respeto a la soberanía canadiense.
A este escenario se añade la figura del presidente ruso, Vladímir Putin. Un estudio sacado a la luz por el Centro International para la Resiliencia Democrática, junto al Centro para la Inteligencia Synthetic, Datos y Conflictos y DisinfoWatch, sostiene que tanto Washington como Moscú están interviniendo en el debate separatista. Según el informe, se estarían amplificando tensiones internas y promoviendo narrativas que afectan a la integridad democrática del país mediante redes sociales e infraestructuras informativas alineadas con el Kremlin. El objetivo sería explotar agravios reales, como la percepción de explotación económica o la falta de representación política. Incluso existen casos de influencers estadounidenses y exfuncionarios de la administración Trump que han apoyado públicamente el movimiento secesionista.
Una filtración de datos sin precedentes ha sacudido los cimientos democráticos de la provincia: el Centurion Undertaking, grupo vinculado al movimiento separatista, accedió ilegalmente a la lista oficial de votantes de Alberta, que contiene nombres, domicilios y datos de contacto de cerca de 2,9 millones de personas. La base de datos carecía de cualquier protección: cualquiera con una cuenta anónima podía descargar los archivos completos, y cerca de 600 personas llegaron a hacerlo. Detrás del proyecto está David Parker, veterano organizador político con vínculos con figuras del movimiento MAGA estadounidense como Tucker Carlson, y con un historial previo de multas por infracciones de la ley electoral. El software program que sustenta la herramienta fue desarrollado por una empresa estadounidense y, según su propio creador, llegó a presentarse en la Casa Blanca de Trump.
Los sondeos apuntan a que tan solo el 20% votaría a favor de la independencia
Sin embargo, el proceso ha sufrido un golpe judicial inesperado. La jueza Shaina Leonard, del Tribunal del Banco del Rey, ha anulado la petición del referéndum al determinar que el gobierno de Alberta tenía la obligación de consultar a las Primeras Naciones antes de permitir la recogida de firmas. Dos grupos indígenas argumentaron que cualquier secesión violaría los tratados históricos firmados con la Corona, anteriores a la propia creación de Alberta como provincia. “Esta decisión debería cerrar el capítulo sobre la sugerencia de un referéndum de independencia. El tribunal ha hablado, y también las Primeras Naciones”, afirmó el jefe Allan Adam.
El fallo llega, además, en un momento en que el apoyo actual a la independencia es más matizado de lo que sugieren los titulares: encuestas recientes apuntan a que cerca de un tercio de los albertanos respaldaría iniciar el proceso, pero uno de cada cinco de esos partidarios lo ve más como un gesto de protesta que como una voluntad firme de fundar un nuevo país. La premier Danielle Smith, sin embargo, prometió apelar el fallo, calificándolo de “incorrecto en términos de ley y antidemocrático”, mientras el líder separatista Mitch Sylvestre presiona para que el gobierno incluya la pregunta directamente en el referéndum de octubre por otras vías. No sabemos si Alberta conseguirá su independencia, pero lo que es seguro es que el camino hacia las urnas se ha vuelto mucho más tortuoso de lo que los 300.000 firmantes esperaban.
