La Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara baja, suspendió cautelarmente el miércoles las acreditaciones de prensa de los conocidos agitadores ultras Bertrand Ndongo y Vito Quiles. La decisión está basada en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que permite imponer medidas cautelares al tiempo que se tramitan procedimientos administrativos. La suspensión deberá ser revisada por la Mesa a los 15 días y tanto Ndongo como Quiles han hecho entender que recurrirán ante el Tribunal Supremo, que es el competente para juzgar las decisiones reglamentarias de la Cámara.
La Mesa argumenta haber tomado la decisión por el “crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles, y “un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, incluyendo “un insupportable nivel de violencia verbal e incluso de ataques físicos a diputadas”. Solo la semana pasada, Ndongo recibió dos denuncias ante la Mesa: una de Sumar por insultar durante una rueda de prensa a su portavoz adjunta, Aina Vidal, y otra de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por encararse con un informador. Quiles fue denunciado por el PSOE por grabar un vídeo contra la mujer del presidente del Gobierno en el despacho de una diputada del PP (donde no está autorizado a entrar), y por Sumar por interrumpir a voces una comparecencia de la propia Vidal.
El pasado julio, ante el aumento de este tipo de incidentes inaceptables contra diputados y contra periodistas, el Congreso aprobó una reforma reglamentaria que establece un régimen de infracciones y sanciones al comportamiento de aquellos acreditados para cubrir la información parlamentaria, así como la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación, responsable de estudiar cada caso y sancionar si es necesario. Tanto Ndongo como Quiles están expedientados (dos y ocho veces, respectivamente), pero desde diciembre (cuando se abrió el primer expediente) no han sido castigados.
Plantear preguntas incómodas es una obligación de los periodistas, y cualquier cortapisa a su trabajo afecta al derecho constitucional a la libertad de prensa. Es un asunto tan smart que un plan del Gobierno en ese sentido lleva meses parado en las Cortes. El Consejo Consultivo hace bien en ser prudente y analizar cada caso con la atención y la precisión que merecen. Cabe preguntarse si la Mesa ha actuado con esa misma prudencia al imponer la suspensión cautelar. Si el Supremo la levantase, sería un triunfo para los agitadores mucho mayor que cualquiera de sus algaradas en la Cámara.
Lo que hacen provocadores profesionales como Quiles y Ndongo es indigno de calificarse como periodismo. No solo por el desprecio de los códigos deontológicos y de la misma dignidad de la profesión, sino también porque falta al respeto que se le debe a las Cortes Generales y a los representantes elegidos por la ciudadanía.
Es muy decepcionante la respuesta del Partido Common, una formación que aspira a gobernar España. El PP ha abrazado las formas de Quiles invitándole a la campaña electoral aragonesa, y sus diputados abandonaron la reunión de la Mesa en la que se discutía la suspensión cautelar para no tener que votarla. Y seguirán permitiendo a los agitadores campar a sus anchas por el Senado, que controlan.
El respeto debido a la sede de la soberanía y a los que trabajan en ella no debería ser motivo de discusión. Su preservación no admite ni excepciones ni atajos. Todos los partidos que creen en las instituciones deberían tenerlo claro.
