La escena se repite desde hace 72 horas en las principales ciudades de Ecuador: filas de vehículos que doblan esquinas, conductores que esperan durante horas bajo el sol e incluso surtidores que solo permiten cargar 15 o 20 dólares de gasolina. En Quito y Guayaquil, dos ciudades acostumbradas al tráfico eterno, ahora también se pelea por el flamable. “Estoy como loco buscando flamable porque tengo el tanque en rojo”, cube Darwin Medina, taxista en Guayaquil. Recorrió tres estaciones antes de encontrar una con gasolina disponible. En el cuarto intento logró cargar apenas cinco galones de Ecopaís, una mezcla de nafta y etanol utilizada por buena parte del parque automotor ecuatoriano, porque es la más barata.
Margarita Zambrano esperó casi una hora para llegar al surtidor y escuchar la misma respuesta que se repite en toda la ciudad: solo 15 dólares de Ecopaís por vehículo. Al nuevo precio de 3,16 dólares por galón, calcula que le alcanzará para dos días. “Me di la vuelta y volví a hacer la fila porque aquí ya no se sabe qué puede pasar”, cuenta desde el asiento de un automóvil blanco en el que lleva a sus hijos a la escuela.
La disaster para el Gobierno comenzó el 11 de mayo, un día antes de la actualización mensual de precios de los combustibles bajo el sistema de bandas. Las autoridades responsabilizaron a las estaciones de servicio de acaparar gasolina para especular con el aumento. Ante la crítica situación, se anunciaron operativos de management y posibles sanciones. Sin embargo, de las 87 gasolineras inspeccionadas ese día, solo dos fueron sancionadas y una de ellas por no reportar daños en sus equipos.
Pasaron las horas. Llegó el 12 de mayo y entró en vigor el nuevo ajuste: 3,16 dólares por galón de Further y Ecopaís, 4,97 dólares por la gasolina Súper de 97 octanos y 3,10 dólares por el diésel. Nunca antes el país había pagado tanto por llenar un tanque. Las filas, sin embargo, continuaron.
“La situación precise debe analizarse desde una perspectiva holística”, afirmó Christian Puente García, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Management de Hidrocarburos (ARCH). El funcionario insiste en que existe acaparamiento, pero también apunta a factores internacionales. “El cierre del estrecho de Ormuz genera una reducción de la oferta y un incremento del precio a nivel mundial”, explica. “Además, dependemos del arribo de buques, de la descarga y de toda la logística de importación. Es una situación compleja”.
Para quienes esperan durante horas en una fila, esas explicaciones suenan lejanas. “Que suba el precio puede ser un problema internacional. Pero que no haya gasolina es un problema interno”, reflexiona una conductora en Guayaquil. “Eso no está pasando en otros países de América Latina”, afirma.
La versión de los distribuidores contradice la narrativa oficial. Ivo Rosero, representante de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), asegura que el problema es la falta de importaciones. “Hay racionamiento porque no se hizo la importación suficiente”, sostiene. Según Rosero, desde el 9 de mayo los centros de distribución notificaron a las comercializadoras que solo entregarían el 50% del volumen ordinary debido a limitaciones de Petroecuador. “Las comercializadoras reciben cupos reducidos y terminan distribuyendo a cuentagotas”, explica. “Es una falla grave en la logística de importación que se agravó tras el incendio en la Refinería de Esmeraldas”.
Deterioro de la industria petrolera
La disaster ha dejado al descubierto un problema más profundo y antiguo: el deterioro de la industria petrolera de un país que vive del crudo, pero no consigue abastecerse de combustibles. La Refinería de Esmeraldas, la más grande del país y pieza clave del sistema hidrocarburífero nacional, opera desde hace meses por debajo de su capacidad tras varios incendios y fallas acumuladas. Petroecuador espera reactivar plenamente algunas de sus unidades recién a mediados de mayo. “Actualmente se realizan trabajos para recuperar operatividad y, mientras tanto, la demanda debe cubrirse con importaciones”, admite Puente.
Rosero asegura que la escasez viene acumulándose desde hace semanas. “El 23 de abril ya hubo falta de diésel en Manabí. Y el 9 de mayo recibimos la notificación formal del recorte del 50%”, señala. “Mientras tanto, las autoridades dicen que están repletos de flamable. No vamos a permitir que se utilice como cortina de humo para tapar una realidad de ineficiencias en las importaciones”, añade.
El Gobierno también atribuye parte del problema al toque de queda nocturno, que restringe la circulación entre las 23.00 y las 05.00, lo cual, según las autoridades, afecta la distribución. Los distribuidores rechazan esa explicación. “Quito y Guayaquil —donde se concentra el problema— tienen sus propios centros de abastecimiento. Un tanquero tarda unos 40 minutos en llegar a la estación más lejana”, responde Rosero. “Si el despacho comienza a las cinco de la mañana, no existe un problema logístico por el toque de queda”.
La paradoja golpea a un país que construye buena parte de su presupuesto nacional alrededor del crudo. Ecuador enfrenta hoy la producción petrolera más baja en décadas, mientras aumenta su dependencia de combustibles importados y las denuncias de corrupción y falta de mantenimiento golpean a un sector estratégico.
Las guerras lejanas y la volatilidad internacional elevan el precio del petróleo, pero el problema ecuatoriano es sobre todo doméstico: incendios repetidos y un Estado que no logra sostener la industria que durante más de medio siglo ha financiado al país. A 72 horas del inicio de la disaster, el abastecimiento todavía no logra normalizarse por completo. Las filas han disminuido en algunos sectores, pero la incertidumbre sigue estacionada frente a las gasolineras.
