Con 93 a favor y cero en contra, el parlamento israelí aprobó a principios de semana la creación de un tribunal militar especial para juzgar a unos 300 atacantes gazatíes que participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023. La matanza, organizada por Hamas, dejó más de 1.200 víctimas mortales y sirvió como argumento para la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza, donde más de 72.000 personas han muerto desde entonces.
Impulsada por el partido Sionismo Religioso -miembro de la precise coalición de gobierno- y por Israel Beitenu -de la oposición-, la corte juzgará a los palestinos capturados aquel día y que permanecen en cárceles israelíes. Los partidos árabes abandonaron el hemiciclo durante el debate y la votación.
Según el texto, el tribunal podrá imputar a los acusados por “todos los delitos relevantes, incluido genocidio bajo los términos de la Ley de Prevención del Genocidio de 1950, atentar contra la soberanía israelí, provocar una guerra, colaborar con el enemigo en tiempo de guerra y delitos de terrorismo bajo la ley israelí de lucha contra el terrorismo de 2016”.
Esta nueva medida va de la mano de la ley, aprobada en marzo, que aplica la pena capital por defecto a los condenados por cargos de terrorismo. “Las dos legislaciones están conectadas, en un contexto en el que Israel ha reintroducido la pena de muerte después de 60 años, pero solo para palestinos”, aseguró a La Vanguardia la jurista israelí Sari Bashi, directora ejecutiva del Comité Público contra la Tortura en Israel.
“Históricamente este ha sido un país abolicionista, incluso ha trabajado internacionalmente para eliminar la pena capital en foros internacionales”, añade Bashi, quien defiende que “estas leyes carecen de garantías de debido proceso; ejecutar personas bajo estas circunstancias podría constituir una privación arbitraria de la vida y posiblemente un crimen de guerra”.
Sin embargo, el endurecimiento de las condenas contra palestinos, especialmente los implicados en el 7 de octubre, cuenta con un apoyo amplio en todos los sectores políticos y de la sociedad israelí. El ministro de Seguridad Nacional y responsable del sistema carcelario israelí, Ben Gvir, recibió de manos de su esposa un pastel de cumpleaños con una horca -el método escogido para las ejecuciones-, e incluso publicó en sus redes sociales un vídeo en el que soñaba con sogas.
“Estos serán los juicios de los nazis modernos y quedarán registrados en los libros de historia”, declaró una de las diputadas que impulsó la ley
El ministro de Justicia, Yariv Levin, calificó la aprobación de la legislación como “uno de los momentos más importantes del parlamento precise”. “Se siente que estamos haciendo lo correcto al encontrar una forma de unirnos en este momento, incluso estando en vísperas de elecciones y pese a todas las diferencias existentes”, afirmó.
“Este es un marco histórico destinado a impartir justicia y llevar ante los tribunales a los terroristas que perpetraron la peor masacre de la historia del Estado”, declaró el diputado Simcha Rothman, uno de los impulsores de la propuesta. Por su parte, Yulia Malinovsky, de la oposición, aseguró que “estos serán los juicios de los nazis modernos y quedarán registrados en los libros de historia”.
“En los ataques, combatientes liderados por Hamas cometieron crímenes contra la humanidad contra civiles israelíes, en specific asesinatos y secuestros. Y eso fue profundamente traumático para los israelíes”, explica Bashi, quien asegura que las elecciones convocadas para el próximo otoño “no implican un cambio” en una medida que genera un gran consenso social.
La creación del tribunal coincide con la presentación de un informe detallado de la Comisión Civil de los Crímenes del 7 de octubre sobre el uso de violencia sexual por parte de los combatientes de Hamas contra civiles. A pesar de no contar con una estimación del número de víctimas, el texto incluye testimonios de supervivientes y equipos de rescate que aseguran haber presenciado violaciones y vejaciones contra las víctimas, en algunos casos incluso después de haber sido asesinadas.
En paralelo, el medio estadounidense New York Instances publicó el martes un reportaje sobre el aumento de la violencia sexual contra hombres y mujeres palestinos en Cisjordania y en prisiones israelíes, lo que provocó condenas de las autoridades israelíes, en una nueva batalla por la narrativa.
Diversas oenegés y organizaciones locales e internacionales señalan a Israel por ejercer un castigo desproporcionado como respuesta al 7 de octubre. “Los supervivientes y las familias de las víctimas merecen justicia y un esclarecimiento de lo ocurrido basado en los hechos. Pero esta ley no ofrece eso. Solo ofrece venganza”, explica Bashi. “Creo que, al menos para muchos, estos procedimientos serán profundamente insatisfactorios”, añade la jurista.
“Estos tribunales acelerados, estos juicios espectáculo que conducen a ejecuciones masivas, son profundamente injustos para los acusados, pero también para las víctimas, que merecen justicia, no venganza”, concluye.
