El fondo del amianto solo ha reconocido una de cada cuatro indemnizaciones presentadas por los afectados | Economía

El fondo de compensación para víctimas del amianto va a cumplir ocho meses desde que arrancó su actividad en septiembre de 2025. En este tiempo se han presentado 323 solicitudes, de las que se han reconocido 82 indemnizaciones, lo que supone que solo se ha concedido una de cada cuatro peticiones (el 25%). Así lo indica el steadiness facilitado por la dirección del fondo a la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), que también indica que se han destinado poco más de cinco millones de euros al pago de estas indemnizaciones, de un complete de 25 millones de euros anuales con los que está dotado el fondo. El dato apunta, por tanto, a una escasa ejecución de las compensaciones, lo que ha motivado quejas reiteradas de los afectados y los sindicatos.

Según las cifras del organismo público, cuya gestión depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la comunidad autónoma que más solicitudes ha recibido es la valenciana, con 100 reclamaciones. Sin embargo, de esas solo se han concedido 19 (el 19% de las solicitadas). Mientras que el País Vasco está siendo la comunidad más diligente en esta materia, ya que ha recibido 85 peticiones y ha concedido 37, el 43%, lo que doblando la tasa de reconocimiento de la media nacional. Tres comunidades —Cataluña, Asturias o Cantabria— han recibido peticiones pero no han concedido aún ninguna indemnización.

El portavoz de Fedavica, Jon García, ha calificado el ritmo de ejecución del fondo como “un escándalo” por su lentitud y, sobre todo, por el escaso nivel de reconocimiento que están teniendo las solicitudes de los afectados. Además, existen dos comunidades autónomas (Baleares y La Rioja) que todavía no han constituido la Comisión de Valoración, establecida en el actual decreto que desarrolla el funcionamiento del fondo, que debe emitir un informe preceptivo sobre el nexo causal entre las enfermedades y su origen en exposiciones al amianto.

La formación de estas comisiones fue precisamente una de las causas que más retrasaron la puesta en marcha del fondo. Este se demoró casi cuatro años desde que, en 2022, se aprobó la ley que determinó su creación. Desde entonces, se ha dotado un presupuesto anual de 25 millones de euros para indemnizar a los miles de afectados por el amianto —la mayoría de ellos ya fallecidos—, pero no fue hasta diciembre de 2025 cuando se otorgó la primera compensación económica. Y el complete de las concedidas hasta ahora apenas suma cinco millones.

Teniendo en cuenta que lo que no se gasta no se acumula para el año siguiente, los afectados se han quejado reiteradamente de que se han perdido ya unos 100 millones de euros, que no han llegado a los bolsillos de los enfermos ni a las familias de los fallecidos. Es más, estas últimas no pueden siquiera solicitar las indemnizaciones, según el reglamento del fondo, a pesar de que la ley que lo creó sí preveía que las compensaciones pudieran recibirse póstumamente.

Tanto Fedavica como los sindicatos CC OO y UGT, que respaldan las quejas de esta asociación, han denunciado en varias ocasiones lo restrictivo de los requisitos para solicitar las indemnizaciones. Dichas exigencias, concretadas el el desarrollo reglamentario de la ley, dejan fuera a muchos afectados. Además de a las familias de quienes ya han muerto por una enfermedad contraída por su exposición al amianto, también excluye a aquellos que no han conseguido que se les reconociera una incapacidad temporal por una enfermedad profesional derivada del amianto, o a familiares y allegados que hayan enfermado por convivir con afectados.

Por ello, las tres organizaciones se entrevistaron a finales de abril con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, a quien reclaman una reforma del reglamento. Con ello buscan ampliar los casos que puedan indemnizarse, así como elevar las cuantías que se están concediendo y que son muy inferiores a las reconocidas por los tribunales, que habitualmente triplican las del fondo. Asimismo, denuncian que se deje fuera de las ayudas a los casos de enfermedad profesional por asbestosis sin restricción respiratoria y los de afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardíaca.

Tanto las asociación de afectados como los sindicatos mayoritarios exigen al Gobierno, además, que apruebe una exención de tributación del IRPF para estas indemnizaciones, como sucede con otros colectivos como las víctimas del VIH, de la talidomida o del accidente ferroviario de Adamuz. En este punto recuerdan que las Haciendas Forales de País Vasco y Navarra sí han aprobado dicha excepción, por lo que actualmente se produce una discriminación entre las víctimas del amianto de estas dos comunidades y las del resto de España.

Tras la reunión con el máximo responsable de la Seguridad Social, los representantes de Fedevica y los sindicatos han indicado que Suárez les transmitió “que el Fondo se está poniendo en marcha de forma progresiva y de una manera razonablemente buena”. Si bien, han lamentado que “aunque tomó nota de sus exigencias”, no consiguieron ningún compromiso firme de solución de ninguna de las cuestiones planteadas, más allá de que trasladaría sus planteamientos a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz. Dicho esto, fuentes gubernamentales consultadas apuntan a que, a pesar de que el actual decreto que regula este fondo depende de la Seguridad Social y, por lo tanto también su reforma, la pelota estaría en el tejado del Ministerio de Hacienda, que es el que determina, en la práctica, la gestión económica de estas indemnizaciones.