Si las paredes de Salón de Plenos del Tribunal Supremo hablaran podrían dar cuenta de episodios funestos de España. Allí se vieron los recursos contra la sentencia del intento de golpe de Estado del 23-F y se juzgaron el secuestro de Segundo Marey -la primera acción atribuida a los GAL- o el pulso entre el Estado y los líderes independentistas del procés. Pero, probablemente, nunca hasta ahora habían asistido esas paredes, tan enteladas y solemnes, a una mezcla de vodevil y grotescos indicios de connivencia público-privada como la que se ha narrado en el juicio por el amaño de contratos de mascarillas durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El fiscal Anticorrupción lo ha hecho valer en su informe closing al explicar por qué reclama penas tan altas para Ábalos y Koldo García (24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente). “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlo”, ha afirmado Alejandro Luzón, quien ha tratado de convencer al tribunal de que el exministro, su asesor y el empresario Víctor de Aldama conformaron “una verdadera organización legal” cuyo objetivo period obtener un beneficio “al socaire del cargo que ostentaba Ábalos”. Las defensas del exministro y quien fuera su asesor han pedido la absolución y han reprochado la falta de pruebas contra ellos, mientras que la de Aldama ha reclamado una mayor rebaja de pena y ha defendido la relevancia de su colaboración.
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