Soy víctima del terrorismo y como tal escribo, con el dolor vivido, pero también tras los más de 37 años que han pasado. Y quizá por eso me preocupa cómo seguimos hablando de la violencia de ETA: demasiadas veces en titulares y consignas y con simplificaciones que impiden comprender lo ocurrido y dificultan la convivencia que decimos defender.
Cada vez que un preso de ETA accede a horas de libertad, vuelve el viejo guion. Se exigen arrepentimientos públicos, rupturas visibles con su pasado, declaraciones que encajen en una narrativa tranquilizadora. Sin un gesto explícito, se concluye que no hay ningún cambio. Sin escenificación, se cube que todo sigue igual. Comprendo esa reacción. Nace de heridas reales, de pérdidas irreparables, de años de miedo y de una necesidad legítima de justicia y reconocimiento. Pero confunde con frecuencia dos cosas: la verdad profunda de una transformación y su representación.
La responsabilidad auténtica rara vez nace de una presión mediática. Suele surgir lentamente, en procesos interiores difíciles de medir y aún más de exhibir. Hay reconocimientos del daño que no se hacen ante las cámaras, pero sí frente a quienes lo han sufrido; renuncias sinceras a la violencia que no adoptan forma de consigna; cambios reales que no caben en un titular. Reducir cualquier verdad al gesto seen produce lo contrario de lo que se busca: declaraciones vacías, teatro ethical sin transformación suficiente. El espacio público premia la claridad rápida, pero los procesos humanos verdaderos casi nunca son rápidos ni claros.
En una democracia pueden exigirse actos, no conciencias. Puede exigirse cumplir la ley, respetar los derechos humanos, renunciar a la violencia y responsabilizarse del daño causado. Pero nunca debería reclamarse una conversión estandarizada ni una humillación pública como condición de legitimidad. Y junto a esa exigencia ética conviene sostener otra verdad: el terrorismo de ETA fue injustificable. Nada legitima el asesinato, la amenaza o la coacción. Pero una memoria democrática adulta requiere reconocer otras violencias graves de nuestra historia reciente: la represión de la dictadura, la tortura, la guerra sucia y los silencios institucionales que durante demasiado tiempo impidieron la verdad y la reparación. Nombrarlas no relativiza nada, sino que fortalece un principio básico de la convivencia: ninguna causa política, ninguna razón de Estado legitiman la violencia.
Necesitamos comprender cómo algunos pudieron justificar la violencia. No para excusar, sino para prevenir. No para absolver, sino para aprender. Tras muchos itinerarios violentos hubo contextos familiares, sociales e identitarios cuyas narrativas se heredaban, la pertenencia reclamaba rígida lealtad, y el pasado period un mandato emocional. Desconocerlo nos permite indignarnos, pero no construir puentes para nosotros y para las próximas generaciones.
Tampoco las víctimas formamos un bloque homogéneo. Hay quienes desean justicia retributiva, quienes buscan diálogo, quienes prefieren el silencio, quienes cambian con el tiempo, quienes permanecen anclados en un pasado maldito. Algunas sostienen posiciones muy duras; otras han encontrado caminos más complejos. Todas sin excepción merecen el mayor respeto.
Ciertas voces aparecen reiteradamente en medios y tribunas como si representaran a todas las víctimas. Ello proyecta la thought de una posición única. La realidad es mucho más plural. Ninguna asociación, por valiosa que sea su trayectoria, tiene el monopolio ethical del dolor ni puede decidir en exclusiva cómo entender la memoria, la justicia o la convivencia. Cuando una sola narrativa copa el espacio, empobrece el debate y silencia a quienes no encajan en ella.
A veces, lo que se presenta como odio es dolor no elaborado, trauma persistente, miedo a que la memoria se banalice, necesidad de reconocimiento, temor a que la reintegración del agresor invisibilice a la víctima. Cuando el daño organiza parte de la identidad, cualquier cambio puede vivirse como una amenaza. A esto se añade el uso político del sufrimiento. Demasiadas veces, el dolor de las víctimas se convierte en arma partidista. Se invoca nuestra memoria no para comprender, sino para atacar al adversario. Y se traiciona lo que se cube defender. Quienes hemos sufrido el terrorismo tenemos derecho a la memoria, la justicia y el respeto. Además, tenemos la responsabilidad de no permitir que nuestro dolor se use contra la verdad. Si negamos toda posibilidad de cambio, convertimos el pasado en una condena perpetua. Si reducimos la convivencia a consignas, dejamos intactas las lógicas que alimentaron la violencia.
He aprendido que hay personas que causaron un daño grave y han cambiado sin saber nombrarlo públicamente. También hay gestos visibles sin cambio profundo. Hay víctimas capaces de escuchar matices sin sentirse traicionadas y otras para las que ese matiz resulta insoportable. Nada de esto cabe en una consigna. Por eso, defiendo una verdad sin propaganda, una memoria sin manipulación, una justicia sin venganza, una convivencia sin amnesia.
Los hondos procesos de reconocimiento no dan grandes titulares, sino algo más valioso: humanidad. El debate público necesita vencedores y vencidos, pero el encuentro humano introduce personas reales, capaces de dañar y de cambiar. Eso acerca a la verdad. Quizá lo que más precisamos no es repetir certezas, sino aprender a sostener esa complejidad sin miedo.
