“Además del fondo, hay que cuidar las formas”. El aviso de la portavoz del PNV a Pedro Sánchez interpelaba esta semana a todo el hemiciclo. El presidente se transmutó, rebajó el tono, agradeció la oposición constructiva del nacionalismo vasco y pasó página al último enfrentamiento entre socios en Vitoria. Los nacionalistas vascos han firmado en tres meses doce acuerdos de transferencias con el Gobierno de Sánchez y en el Congreso se desmarcan de la mayoría de investidura cuando les conviene. Nadie protesta. Mientras tanto, los acuerdos con ERC y Junts agonizan entre performances y reproches de consumo interno.
El decreto de prórroga de alquileres decayó en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox y Junts. Si los de Carles Puigdemont hubieran seguido la estrategia del PNV –la abstención–, tampoco se hubiera aprobado y habría generado la misma animadversión. El portavoz de ERC se despachó con Junts: señalamiento de sus siete diputados y un billete de 50 “pavos” que izó como bandera de Junts y que ha acabado convirtiendo lo que podía ser una anécdota en categoría.
El billete de Gabriel Rufián no sirve para esconder la falacia de que el Gobierno se sustenta con una mayoría progresista y confirma que, en tiempos de polarización, más vale un titular y un reproche que una concesión pragmática a tiempo. Los ciudadanos se convierten en rehenes, y se instala la inseguridad jurídica como norma. ¿Esa estrategia a quién da votos?
El Gobierno aprobó el decreto de los alquileres a sabiendas de que no sería convalidado. El vacío de ministros del PSOE en el banco azul del hemiciclo confirmaba que la licencia de Sánchez a Sumar tras un plante en el Consejo de Ministros tenía fecha de caducidad. El no de Junts estaba en la agenda. Lleva meses del lado de los propietarios, donde el CEO sitúa el grueso de su electorado; sus simpatizantes inquilinos no pasan del 13%. En enero ya dijo no.
El decreto de Sumar obligaba a los caseros a prorrogar el alquiler sin subidas de precios más allá del 2% hasta el 2027. Y Junts solo acepta el parche para contener la emergencia si se incluyen bonificaciones a los propietarios, la desgravación del IRPF y la reducción del IVA a los autónomos. Las formas también preocupan en las filas de Junts. La agresividad de Miriam Nogueras tensa el argumentario posconvergente: si la vivienda se considera una política social, debe financiarse con recursos públicos y no a costa de los propietarios, más aún en un contexto de recaudación récord por parte del Estado.
En la dirección de Junts sostienen que antes de la votación no hubo ningún contacto con Sumar ni el PSOE; tampoco con ERC para evitar que el consorcio para la gestión de inversiones en Catalunya no colapsara en el Congreso. Las cúpulas intentan preservar una relación que denominan “fluida”, pero la desconfianza y las agendas propias se imponen. Rufián se ha autoerigido en ariete contra la derecha, sea española o catalana, y el pacto tácito entre Puigdemont y Oriol Junqueras de no boicotearse en iniciativas de soberanía catalana se ha ido al traste.
El billete de Rufián pone el foco en la emergencia, pero no da más votos al Gobierno
La dinámica de confrontación entre independentistas en Madrid contrasta con el consenso de la última década en el Parlament en materia de vivienda. En el 2015, bajo la presidencia de Artur Mas, se aprobó por unanimidad una ley de emergencia habitacional; en el 2020, con Quim Torra, el primer paso para la contención de rentas. Gobiernos del PP y el PSOE las recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
La prórroga de los alquileres podría favorecer en Catalunya entre 125.000 y 526.000 contratos, según datos de la Administración catalana. No obstante, el tope de alquileres vigente desde el 2024 desincentiva al propietario a cambiar de inquilinos si no puede tocar el precio. La ley de Vivienda ha situado los precios por debajo del incremento del IPC, y solo Barcelona registra alquileres inferiores a los del año pasado (-1,2%) entre las capitales de provincia. En Madrid, Palma o València –con gobiernos del PP contrarios a la ley de Vivienda–, el aumento va del 8% al 10%. El problema es estructural y requiere políticas eficientes. Los 50 “pavos” de Rufián ponen el foco en la emergencia, pero no pueden borrar la imagen de un Gobierno en minoría. Y las formas…
