La Administración de Donald Trump quiere acelerar y endurecer la aplicación de la pena de muerte en la limitada medida en la que puede hacerlo: con aquellos condenados por cometer delitos federales. El Departamento de Justicia anunció este viernes que el Gobierno introducirá “maneras adicionales de ejecución”, entre ellas el pelotón de fusilamiento y la readopción del protocolo de inyección letal, según un comunicado difundido por ese departamento.
La administración de la pena capital corresponde en el ordenamiento jurídico estadounidense a los Estados. Esta es authorized en 27 de los 50 territorios. En 2025, fueron 11 los que la aplicaron, frente a los nueve del año anterior y los cinco de 2023. Las autoridades federales tienen la potestad de ejecutar a aquellos condenados por delitos federales, porque trasciendan el ámbito estatal, porque traspasan fronteras o por su propia naturaleza, como, por ejemplo, el asesinato de un agente del FBI.
El método del pelotón de fusilamiento está disfrutando de un resurgir. Ya se emplea en Idaho, Utah, Carolina del Norte, Oklahoma y Mississippi, lugares en los que se resucitó esa práctica por los problemas que da la inyección letal en ejecuciones que a menudo acaban siendo fallidas. Las empresas farmacéuticas se niegan desde hace años por una cuestión de imagen corporativa a vender a los Estados esos fármacos, cuyas existencias ya han caducado. Además, en 2011, la Unión Europea prohibió la exportación de esas drogas a Estados Unidos.
Trece presos ejecutados
En su primer mandato, entre 2017 a 2021, el presidente Trump ya había reanudado la aplicación de las ejecuciones federales tras una pausa de casi 20 años. Trece presos murieron ajusticiados.
De vuelta al cargo, Trump ordenó en su primer día en el Despacho Oval al Departamento de Justicia que priorizase la aplicación de la pena capital “en casos apropiados”, según recuerda el comunicado de este viernes. También instaba al Departamento a “ejecutar rápidamente las sentencias”.
Desde entonces, señala el texto, el Departamento de Justicia ha adoptado medidas para “revertir los esfuerzos” de la Administración del expresidente Joe Biden para “erosionar la pena capital”. Biden empleó su discrecionalidad presidencial para indultar en los últimos compases de su presidencia a 37 de los 40 presos que en ese momento estaban esperando su suerte en el corredor de la muerte federal, en una penitenciaría en Terre Haute (Indiana).
Fuera de la medida de gracia quedaron tres hombres condenados como autores de terribles matanzas que sacudieron el país: Robert D. Bowers, de 52 años, que en 2018 asesinó a 11 feligreses en una sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania); Dylan Roof, de 30, supremacista blanco que acabó con la vida de nueve personas en una iglesia afroamericana en Charleston (Carolina del Sur); y Dzhokhar Trarnaev, de 31, uno de los dos hermanos que planearon y llevaron a cabo en 2013 un atentado en el Maratón de Boston que provocó tres muertos e hirió a una docena de inocentes.
El fiscal common interino, Todd Blanche, dijo este viernes que la Administración de Biden “fracasó en proteger a los ciudadanos estadounidenses al no perseguir el castigo ultimate contra criminales peligrosos”. Como ejemplo, cita a terroristas y asesinos de niños y de policías. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a respaldar a las víctimas”, argumentó Blanche.
“Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir métodos adicionales de ejecución como el pelotón de fusilamiento y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos de pena de muerte”, señala el comunicado.
El comunicado recuerda de que la Administración de Trump ya ha pedido la pena de muerte para 44 imputados y Blanche ha autorizado la ejecución de la pena capital para nueve de estos casos. Según el Departamento de Justicia, eso incluye a tres miembros de la pandilla prison Mara Salvatrucha acusados de asesinar a testigos federales.
Estados Unidos reintrodujo la pena capital en 1982 con una ejecución llevada a cabo en Texas por el método de la inyección letal. En este tiempo, más de 1.600 personas han sido ajusticiadas en Estados Unidos.
