La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el próximo Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley con el que pretende reformar la norma de prevención de riesgos laborales. El texto, fruto del acuerdo con CC OO y UGT y rechazado por CEOE, recibirá un primer aval del gabinete el próximo martes —coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo—, antes de enfrentarse a los informes preceptivos y a una segunda lectura en el Consejo de Ministros. Entonces será enviado al Congreso, donde tiene muy pocas opciones de prosperar por la oposición patronal al proyecto y el más que previsible voto en contra de la mayoría de grupos de derechas.
El texto acordado por Trabajo y los sindicatos plantea cambiar una ley “vetusta, del año 1995″, según ha dicho Díaz. “Las relaciones laborales y los modelos productivos han cambiado de manera radical desde entonces y desde esa ley vamos a abordar una prevención de riesgos que se acomode a los nuevos tiempos”, ha agregado la vicepresidenta segunda en un acto en el Ministerio de Trabajo.
El proyecto pactado propone crear la figura del “agente territorial de prevención”, una persona designada por centrales y patronales que vigilaría los riesgos laborales en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores. En esas compañías minúsculas, denuncian las centrales, es donde más accidentes laborales se concentran. El ministerio también propone poner más ojos en las empresas que encargan este servicio a otras compañías, en los conocidos como servicios de prevención ajenos.
Por otro lado, el texto establece que el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa cuente con más de 300 trabajadores (frente a los 500 actuales) e incluye a la construcción en el grupo con una exigencia aún mayor a este respecto, al que se reclama a partir de 150 (antes 250). También se refuerza el seguimiento de las actuaciones preventivas entre los empleados autónomos. Otras modificaciones planteadas por Trabajo se centran en la atención a la disaster climática, los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y la de edad. También subraya el derecho a la desconexión digital y que el empresario solo podrá asumir la prevención en primera persona con plantillas de diez empleados o menos, en vez de los 25 actuales.
Con este proyecto, Trabajo pretende mejorar los datos de siniestralidad que sufre España. En 2025 murieron 584 personas por accidentes de trabajo en jornada, 62 menos que el año anterior pero con un preocupante incremento en el sector con más siniestralidad, la construcción: pasó de 135 decesos a 164.
En sendas ruedas de prensa celebradas estos día, los sindicatos han reclamado a Trabajo que llevase esta normativa cuanto antes al Consejo de Ministros. El jefe de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz, recordó el miércoles pasado al ministerio su compromiso de aprobar por decreto algunos cambios que no exigen convalidación parlamentaria, dada la minoría parlamentaria del Ejecutivo: “El acuerdo lo firmamos el 10 de febrero y hace unos días mandamos una carta a la Dirección Common de Trabajo y al secretario de Estado reclamándole que se vayan incorporando reales decreto. Algunos los necesitamos ya, como el de fenómenos climatológicos extremos porque este verano sospechamos que va a ser complicado”.
Trabajo y los sindicatos también pactaron aprobar por decreto un texto específico sobre riesgos psicosociales, que obligaría a que en todas las empresas haya una evaluación al respecto; reforzar la vigilancia a la que ya obliga el actual decreto de coordinación de actividades empresariales (que aplica cuando varias empresas actúan en un mismo centro de trabajo); cambiar el reglamento de lugares de trabajo; y añadir varios pluses de exigencia en el reglamento de los servicios de prevención.
Este miércoles, el secretario normal de UGT, Pepe Álvarez, dijo: “No sé por qué no ha pasado ya [el anteproyecto de ley] por el Consejo de Ministros”. A la vez, indicó que tras la primera aprobación del Consejo de Ministros hay que esperar al dictamen del Consejo de Estado, “que últimamente está muy interesado en meter la pata”, en clara referencia a la opinión desfavorable del órgano consultivo respecto al refuerzo del registro horario.
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