Las elecciones en Perú han pasado de la anécdota al escándalo. Han transcurrido ocho días desde que el país acudió a las urnas y lo único claro es que nada lo está. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa contabilizando actas a un ritmo cansino, en medio del silencio institucional y las acusaciones de fraude. El conteo se ha estancado en el 93,57% debido a las demoras en procesar el voto rural y del extranjero, pero sobre todo en resolver miles de actas impugnadas.
Hace una década, en 2016, la ciudadanía esperó diez días en conocer los resultados del 100 % de las actas de la primera vuelta, mientras que en el 2021 la demora se redujo a la mitad. No obstante, sin la implementación del voto digital, en Perú los avances tecnológicos son inversamente proporcionales a los procesos electorales. Yessica Clavijo, secretaria common del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha estimado que los resultados oficiales se obtendrán en la primera quincena de mayo, un mes después de la primera vuelta y tres semanas antes de la segunda, prevista para el 7 de junio.
Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 2.689.000 votos, es la única con el pase asegurado al desempate, en su cuarto intento consecutivo por ser la presidenta de Perú. El izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Common) pelean voto a voto por el derecho a enfrentar a Fujimori. Por ahora, la distancia que los separa es de solo 14.000 votos, pero no existen certezas de que Sánchez se afirme en una remontada que lo llevó del sexto al segundo lugar o que López Aliaga recupere posiciones.
El periodista y escritor Hugo Coya subraya la incapacidad del sistema político peruano para producir desenlaces nítidos. “Cada resultado se ha vuelto discutible y cada proceso, cuestionable. La consecuencia es un deterioro progresivo de la legitimidad democrática: las reglas siguen en pie, pero la convicción de que valen la pena se debilita elección tras elección”, anota quien ha cubierto seis procesos electorales.
Bajo su punto de vista, los peruanos están atascados en una escena que se ha vuelto demasiado acquainted en cada contienda: resultados ajustados, conteos que avanzan con lentitud y candidatos que hablan de fraude, incluso antes de conocerse los números finales. “Sin mayorías claras, cualquier diferencia mínima adquiere un peso desproporcionado y abre la puerta a interpretaciones interesadas. La incertidumbre surge tanto de irregularidades comprobadas como de aquellas que no lo son”, cube Coya sobre una carrera presidencial donde compitieron 35 aspirantes.
El último domingo, Rafael López Aliaga convocó a una marcha para “defender la democracia” en un parque emblemático de Lima. En su discurso llamó “trafera” a Keiko Fujimori, señalando que es cómplice del supuesto fraude que todavía no ha podido demostrar —y para el que está dispuesto a pagar casi 6.000 dólares por pruebas a cada informante—; y amenazó por segunda vez al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigiendo elecciones complementarias antes del 3 de mayo. “Si no lo hace, no le garantizo nada”, lo coaccionó. Días atrás, el miembro del Opus Dei dijo que lo violaría con una tortuga.
“Perú, no a la dictadura comunista y terrorista” fue uno de los carteles de una movilización que, si bien fue masiva, no tuvo alcance nacional. A pesar de su ímpetu, el exalcalde de Lima solo ha resultado vencedor en la capital, que concentra al 30% de la población. “El Perú está siendo violado”, gritó, con la bandera blanquirroja sobre sus hombros. López Aliaga ha sido denunciado penalmente por incitar a la insurgencia. Otro de sus blancos ha sido Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a quien un gran sector de la población responsabiliza del caos electoral.
Camila Costa, directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, considera que, más allá del debate de si se consumó un fraude o no, la acumulación de ineficiencias ha dañado seriamente la legitimidad del proceso. “La responsabilidad política y técnica no puede diluirse. Piero Corvetto no solo debe asumir responsabilidades: debe dar un paso al costado y debe ser juzgado por la ley. La magnitud de los errores hace insostenible su continuidad si se quiere empezar a recuperar credibilidad institucional”, sostiene. La Procuraduría ha solicitado al Ministerio Público la inclusión de Corvetto en la investigación preliminar por presunta colusión agravada por irregularidades detectadas en las elecciones del 12 de abril.
Ana Lucía Mosquera Rosado, especialista en comunicación estratégica y derechos humanos, pone énfasis en la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades. “Estamos viviendo el inicio de una nueva disaster social que fragmenta a la sociedad al tener estos altos niveles de polarización, a los que se suma un proceso electoral que no ha funcionado como es debido”, cube. Además, muestra su preocupación por una disaster que “ha desencadenado violencia, discursos polarizantes racistas y clasistas, que han sido reproducidos no solamente por votantes, sino también por líderes políticos”.
Roberto Sánchez, el heredero político de Pedro Castillo, ha cuestionado el comportamiento de su rival, López Aliaga, y lo ha instado a bajar el tono de sus declaraciones. “Todo el Perú escucha lo obsceno de sus insultos, los cuales condenamos enérgicamente. La insurgencia y todos esos lloriqueos. Aprenda a ser demócrata, señor”. En tanto, Jorge Nieto, el candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, que se ubica en el cuarto lugar hasta el momento, no rechaza la posibilidad de celebrar elecciones complementarias. “Lo que hay que hacer es limpiar la elección”, ha afirmado.
En medio del letargo, los Jurados Electorales Especiales han resuelto 2.761 actas presidenciales de las 5.763 que fueron observadas. En breve serán devueltos a la ONPE para ser incluidos en el conteo common de los resultados.
